AAVV - La transición de la prensa

El nuevo equipo ministerial de Martín-Gamero anunció una única medida liberalizadora cual fue la desaparición de la censura cinematográfica (30-1-1976), 1a la vez que el propósito de regulación expresa por el Consejo de Ministros de las publicaciones de carácter erótico (1-2-1976).

LA VIGENCIA DE LA LEY DE PRENSA

El cambio más apreciable en la aplicación de la Ley de Prensa durante los primeros gobiernos de la Monarquía fue el final de la arbitrariedad con que los gobiernos de Franco la habían interpretado. Así, no había habido respuesta administrativa a las solicitudes sucesivas de Avui como semanario en 1967, ni como diario en junio y noviembre de 1975, hasta la llegada como director general de Carlos Sentís en enero de 1976. A partir de este año, se daría trámite ordinario a las solicitudes de inscripción y autorización de diarios y revistas, sin las demoras arbitrarias del período anterior, de las que los citados ejemplos no son los únicos casos.

La primera solicitud de inscripción de El País en el Registro Oficial de Empresas Periodísticas, en junio de 1972, no recibió trámite hasta marzo de 1975. Los informes político-sociales sobre los accionistas de las nuevas publicaciones que acompañan los respectivos expedientes conservados 2hablan de las «ideas monárquicojuanistas» de Darío Valcárcel, del «peligro» que representa el catedrático de Química de la Universidad de Málaga, Vicente Iranzo, de la «simpatía con el régimen» de Joaquín Muñoz Peirats o de la desafección en «una línea liberal-izquierdista» de Julián Marías, entre los accionistas de El País. De manera similar, ideas separatistas, socialistas y comunistas fueron atribuidas en los expedientes administrativos a los principales promotores de Avui – Jaume Vilalta, Josep Lluís Virós, Jordi Maluquer, Josep Espar, Ramón Fuster y Josep Maria Cadena.

Dentro de la normalidad en la aplicación de la Ley de Prensa, se continuó practicando la instrucción de expedientes sancionadores relativos al artículo 2. Al día siguiente de la muerte de Franco, 21 de noviembre de 1975, se había abierto expediente administrativo por presunta infracción del artículo 2 al semanario Doblón. Unos días más tarde se procedía al secuestro del primer número de diciembre de Cambio 16 por un editorial que la revista consideraba de «claro apoyo al mensaje de la Corona», según lo explicado en la segunda edición. El indulto general otorgado el día 25, tras la jura del rey Juan Carlos I como sucesor de Franco, fue la primera muestra del continuismo que caracterizó el gobierno de Arias, no sólo por la negativa a la concesión de una amnistía general, sino porque contuvo excepciones, como la ya citada en el capítulo introductorio de este libro, relativo al semanario Triunfo , suspendido durante cuatro meses por un artículo titulado «No estamos preparados para el cambio».

El indulto benefició, en cambio, a los directores de los Diario de Barcelona , Ya de Madrid y La Región de Orense, como responsables administrativos de infracciones del artículo 2, así como permitió el levantamiento de una suspensión de cuatro meses al semanario Mundo . El periodista Josep María Huertas Clavería fue indultado de la condena a dos años de prisión impuesta el 26 de agosto de 1975 por la jurisdicción militar a causa del reportaje costumbrista «Vida erótica subterránea», publicado el 7 de junio en Tele/eXprés , que contenía una breve alusión a viudas de militares que habrían regentado casas de citas. No lo fue, en cambio, de la acusación de colaboración con ETA de que fue objeto a principios del mismo mes (Semir y otros, 1978). El caso fue traspasado de la jurisdicción militar al Tribunal de Orden Público, en marzo de 1976, lo que permitió su puesta en libertad el 14 de abril. Se benefició de la amnistía de 30 de julio de 1976, propuesta al rey por el gobierno Suárez.

Las sanciones gubernamentales por infracciones del artículo 2 no se interrumpieron tras la jura del rey ni tras la formación del gobierno. Así, se impusieron multas a los directores de los diarios El Correo de Andalucía de Sevilla (28-11-1975), Heraldo de Aragón de Zaragoza (31-11-1975), La Tarde de Santa Cruz de Tenerife y Diario de Barcelona (22-4-1976) y del semanario Esfuerzo Común de Zaragoza (31-11-1975), además de sendas suspensiones de cuatro meses, por presuntas faltas contra la moral a las revistas El Papus y Papillón de Barcelona (9-3-1976). Aunque en las últimas semanas de 1975 se sobreseyeron cuatro expedientes administrativos a Diario de Mallorca y Mundo Diario por presuntas infracciones del artículo 2 (9-12-1975, 13-12-1975 y 27-12-1975), se ratificó un secuestro del semanario en catalán Canigó (3-12-1976) en relación con el consejo de guerra que había condenado a muerte, en septiembre, al militante de ETA Juan Paredes Manot ( Txiqui ).

Durante los tres primeros meses de 1976, se sucedieron hasta trece secuestros por el artículo 2 en el apartado de faltas a la moral de Matarratos , Papillón , El Papus , Fotogramas y Muchas Gracias de Barcelona y El Pope de Vigo (28-1-1976, 31-1-1976, 10-2-1976, 12-2-1976, 24-2-1976, 25-2-1976, 2-3-1976, 9-3-1976, 11-3-1976 y 26-3-1976). Tras su aparición en mayo de 1976, el semanario Interviú fue objeto de un primer expediente por el mismo motivo. Pero también sufrieron secuestros semanarios de información general como Sábado Gráfico (26-5-1976 y 3-7-1976) y Gaceta Ilustrada (3-6-1976).

Una modalidad intermedia de actuación administrativa fueron los retrasos forzados en la publicación de revistas semanales, tras cambiar contenidos detectados como presuntamente delictivos durante el depósito previo. Hubo, al menos, cuatro casos durante el gobierno Arias que afectaron a Guadiana (22-4-1976), Destino (6-5-1976), Canigó (7-5-1976) y Cuadernos para el Diálogo (2-6-1976). Los directores de Diario de Barcelona , El Correo Catalán y Avui fueron expedientados por el hecho de publicar el itinerario de la llamada Marxa de la Llibertat, organizada por la organización católica Pax Christi, «sirviendo de convocatoria para la misma» (7-6-1976).

El indicio más grave de resistencia al cambio fue el propósito no consumado del gobierno Arias de secuestrar la edición de 7-13 de junio de Cambio 16 y suspender por cuatro meses la publicación del semanario. La causa: una viñeta en la que Juan Carlos I aparecía bailando a la manera de Fred Astaire sobre el sky-line de Manhattan, a propósito del discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en que el rey se comprometió nítidamente a traer la democracia a España. El nerviosismo de Carlos Arias y Manuel Fraga Iribarne ante el comportamiento de la prensa había ido creciendo –« ABC está prudente, el Ya reticente, la prensa de Barcelona, impertinente»–, hasta el punto de que el ministro de Gobernación habría amenazado con aplicar la ley de orden público y meter en la cárcel a los periodistas, como se había hecho con Huertas Clavería (Areilza, 1977: 151, 162, 195-197).

Por estas fechas, se llegó incluso a abrir expediente administrativo contra la traducción al castellano de artículos críticos con el gobierno como el caso de la publicación Prenoticias cuyo director fue sancionado por haber traducido del artículo «Pleasing no one» publicado en Newsweek (10-5-1976) una frase que dice «Arias Navarro anunció su esperado programa de reformas y consiguió no satisfacer a casi nadie».

En julio de 1976, el nombramiento del segundo gobierno de la Monarquía, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, ofreció pronto indicios de una aceleración del cambio político tras el escaso avance producido hasta el momento, con la concesión de una amnistía general, de la que se exceptuaron los delitos de sangre y relacionados con el terrorismo. Por las mismas fechas, el nuevo ministro de Información y Turismo, Andrés Reguera Guajardo, abogado del Estado y procurador en Cortes por el Tercio Familiar de Segovia, anunció la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas de los profesionales depurados tras la Guerra Civil (28-7-1976) y reconoció el papel de la prensa en los avances de la sociedad española. Sin embargo, hay constancia de que dicho ministro mantuvo la costumbre de presionar a los editores. Está documentada la ejercida sobre el conde de Godó, que era procurador en Cortes por designación de Franco, en relación con la línea editorial de Tele/eXprés y que culminó en la dimisión de Pere Oriol Costa como director (Ibáñez Escofet, 1990: 330-331).