Emili Tortosa Cosme - Fulgor y muerte de las Cajas de Ahorros

Dentro del sistema financiero, hay decisiones que no deben ser contempladas como corrientes por parte de entidades de crédito dedicadas a la captación de recursos y acostumbradas a funcionar en el segmento de lo que ha venido a llamarse «banca comercial». Las cajas de ahorros, mientras se ajustaron a su objetivo dentro de este ámbito, consiguieron alcanzar resultados positivos tanto para las entidades como para la sociedad. Los problemas empezaron a aparecer en el momento en el que decidieron embarcarse en proyectos públicos de difícil financiación, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Terra Mítica, o el aeropuerto de Castellón, o llevar a cabo el papel de promotores, constructores y compradores de viviendas, destinos hacia los que iban dirigidos los principales créditos concedidos por dichas entidades. ¿Qué tenían que ver en ese tipo de proyectos las cajas de ahorros? Ese comportamiento contra natura es el que, en un determinado momento, empezó a ser percibido públicamente como un engaño hacia los que habían confiado en las cajas de ahorros durante prácticamente toda su vida, puesto que semejantes propuestas (como la financiación de la construcción de viviendas cuando empezaba a deshincharse el pelotazo urbanístico en toda España y especialmente en la Comunidad Valenciana) no podían considerarse inversiones rentables. Incluso los propios bancos habían rechazado a esas alturas financiar este tipo de proyectos por no tener rentabilidad alguna.

¿Cómo terminó el caso de Polaris World? En marzo de 2008, el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) fue detenido, acusado de un delito urbanístico. En el mismo sumario aparecían en calidad de imputados el presidente de dicho grupo empresarial y su director financiero. Pero en 2012, se ordenó sobreseer las actuaciones contra todos los directivos y empleados de confianza del grupo, ya que la investigación llevada a cabo no permitió encontrar datos de su posible participación en delito alguno. Paralelamente, el máximo responsable de la financiación por parte de la CAM (Roberto López Abad, director general de la institución por aquel entonces) se aseguró de que, en caso de que hubiese delito, la sentencia judicial le cogiese ya jubilado, amañando las actas del consejo de administración y provocando una inseguridad jurídica casi más alarmante que la misma apropiación indebida de capital.

Existen otros ejemplos en la Comunidad Valenciana, que podrían tener cabida en este apartado. En todos ellos los agentes implicados son los mismos: propietarios de terrenos, promotores, cajas de ahorros y otras entidades financieras, ayuntamientos, etc. Todos ellos queriendo obtener beneficios a corto plazo, de la mano del sector de la construcción.

Del crédito a las pymes a la burbuja inmobiliaria

Tal y como reconocen los informes elaborados por los diferentes servicios de estudios de la mayoría de las entidades bancarias, la crisis financiera internacional iniciada en 2007 puso sobre la mesa el grado de importancia de la globalización de los mercados y sus limitaciones a la hora de hacer frente a situaciones convulsas. Para corroborar dicha afirmación basta con analizar lo ocurrido durante el mes de septiembre de 2007 y los intentos de evitar que la crisis financiera se propagara y afectara al sector real.

Todo empezó con el anuncio de la nacionalización de las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac por parte del Tesoro estadounidense, respaldado por la Reserva Federal, el Banco Central, y otras autoridades económicas. La finalidad de dicha intervención era evitar la quiebra de dos instituciones que conjuntamente garantizaban casi la mitad del mercado hipotecario del país. El fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2008, en maratonianas sesiones de negociación se trató de encontrar comprador para Lehman Brothers, un histórico banco de inversión que finalmente presentó suspensión de pagos. Al mismo tiempo, de forma inesperada, Bank of America, el primer banco comercial estadounidense en esa fecha, adquiría otro de los grandes bancos de inversión al borde del precipicio, Merrill Lynch. La decisión fue auspiciada en parte por el Tesoro y la Reserva Federal.

El martes 16 de septiembre de 2007 el gobierno de los Estados Unidos junto con la Reserva Federal, organizaban una operación de rescate para evitar la quiebra de la primera aseguradora mundial, American International Group, mediante una medida excepcional, la nacionalización del 80% del capital de la misma. Otro gigante financiero que pasaba a manos del Estado al considerar las autoridades los peligros de su caída para la estabilidad del conjunto del sistema financiero, es decir, su riesgo sistémico. El 17 de septiembre uno de los grandes bancos hipotecarios del Reino Unido y número uno en depósitos HBOS, fue comprado por Lloyds TSB, para evitar males mayores, con el beneplácito de las autoridades económicas de dicho país. El 25 de septiembre se anunciaba la quiebra de Washington Mutual, el mayor quebranto en la historia de la banca comercial de los Estados Unidos.

Tras la quiebra de los grandes bancos de inversión y las mayores aseguradoras en Estados Unidos, los planes de rescate de los diferentes gobiernos y las nacionalizaciones (también en Europa), trataron de garantizar los depósitos bancarios. En un primer momento, los bancos centrales optaron por dotar de liquidez de forma coordinada al sistema para paliar las restricciones al crédito, mientras la Reserva Federal optaba por reducir drásticamente los tipos de interés. Pero, a pesar de las trascendentales acciones gubernamentales en Estados Unidos y de las actuaciones coordinadas de los bancos centrales, la percepción era que la situación no estaba bajo control. Por ello, las autoridades norteamericanas dieron a conocer una propuesta cuya medida fundamental era la creación de un fondo destinado a comprar activos deteriorados de los balances bancarios por un máximo de 700.000 millones de dólares. Esta propuesta se denominó «Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008». Simultáneamente, los dos últimos bancos de inversión –Goldman Sachs y Morgan Stanley– solicitaban ficha bancaria, reconvirtiéndose en holdings bancarios convencionales y cerrando así prácticamente la etapa de la banca de inversión en el sistema bancario estadounidense. En paralelo, se sucedían otros movimientos corporativos como el llevado a cabo por JP Morgan Chase, quien adquiría la primera institución de ahorros del país, Washington Mutual, o el holding financiero nipón Nomura que adquiría las divisiones asiática de Oriente Medio y europea de Lehman Brothers, etc.

Europa no pudo mantenerse al margen de esta situación, como lo atestiguan los percances de diversas entidades y otros países tomaron medidas preventivas. Las consecuencias de las tensiones en los mercados financieros se manifestaron de manera muy diversa. Las entidades que sufrieron más las consecuencias de dicha crisis fueron las que más dependían de los mercados mayoristas como fuente de financiación, aquellas con mayor exposición a los «activos tóxicos» o aquellas cuyo grado de apalancamiento financiero hacía que las pérdidas provocaran un fuerte deterioro de sus ratios de capital. En definitiva, la crisis de las subprime puso en evidencia la vulnerabilidad y los enormes riesgos de una forma de hacer banca muy alejada del modelo tradicional. Y lo peor es que nadie ha salido indemne de esta crisis porque la escasez de crédito, tras una etapa de elevado endeudamiento, nunca augura nada bueno para la economía real. De ahí que durante unos cuantos años la economía mundial haya ido desacelerándose de una manera progresiva, circunstancia que, hoy por hoy, solo parece que esté modificando su tendencia.

La desconfianza entre las instituciones financieras agudiza los síntomas de las crisis y hace todavía más lenta la recuperación de las economías. La confianza es el elemento clave para restaurar el sistema económico, una vez demostrado que el modelo de desregulación ha fracasado. Y una vez encarrilada la situación de los mercados financieros, es obligatorio aplicar las lecciones supuestamente aprendidas (o al menos dilucidar algunas conclusiones): en particular, la regulación bancaria, que deberá asegurar que las iniciativas de innovación financiera estén respaldadas por el capital suficiente, que la exposición al riesgo sea razonable y que las operaciones sean adecuadamente transparentes en todas sus etapas. En este contexto, el gobierno no es el problema sino la solución, y es su obligación intervenir, porque cuando las crisis son importantes el único con capacidad para paliarlas es el sector público.