Emili Tortosa Cosme - Fulgor y muerte de las Cajas de Ahorros

Porque las cajas tuvieron una década prodigiosa, la comprendida entre los años 1990 y 2000, en la que supieron aprovechar la crisis bancaria y las fusiones para ganar cuota de mercado. Como, por ejemplo, las del Bilbao con el Vizcaya, del Santander con el Banco Central Hispano, del Urquijo con Caisse Depots, del Sabadell con el Banco Herrero, o del Banco de Valencia con el Banco de Murcia. Apostaron por el mercado doméstico mientras otros emprendían aventuras internacionales, como el BBVA y el Santander; recogieron gestores profesionales de la banca y crecieron económicamente con la clase trabajadora, que se convirtió en su mayoría en una clase media del Estado del bienestar.

Una acertada política de fusiones, la aplicación del foco sobre sectores como las pymes o la banca privada y la gran capilaridad de sucursales, con uno de los mayores ratios de cajeros por habitante de Europa (entre 2000 y 2008 pasaron de 19.268 a 24.895, para caer a 22.649 en 2010, mientras los cajeros automáticos de los bancos pasaron de 15.811 en 2008 a 15.227 en 2010), fueron algunos de los componentes del éxito. Las cajas también se subieron a la ola inmobiliaria e hicieron del préstamo hipotecario un producto estrella, al tiempo que formulaban alianzas con promotores, a través de programas de actuación integrada (PAI) o proyectos de actuación urbanística.

Y precisamente por aquí empezaron sus problemas a partir de 2007. La crisis atacó con gran virulencia a las cajas como consecuencia de los desequilibrios que arrastraban de la época de bonanza económica. La estrategia de crecimiento rápido en el sector inmobiliario, con una alta concentración de riesgos en la construcción, la promoción y la compra de viviendas, se sumó a otros factores. Así, se acentuaron problemas como las debilidades de la estructura de gobierno, que condicionaban la profesionalidad de la gestión; las peculiaridades de la forma de propiedad; los compromisos políticos que obligaban a financiar el sector público; las inversiones voluminosas y arriesgadas; la apertura de oficinas fuera del territorio tradicional con la compra de locales incluida; la morosidad endémica, superior al 14% (eso ocurrió más tarde, en el 2007 debía rondar el 8%); la falta de recursos propios (agravada por los acuerdos de Basilea, que elevaban la exigencia de capitalización del 8% al 10%) y, en definitiva, la falta de liquidez. Las cajas de ahorros dejaron de ser eficientes.

Por primera vez en su historia, las cajas de ahorros aparecían como un problema y no como parte de la solución de la crisis. La Unión Europea puso como requisito para el rescate del sector financiero español la condición de bancarizar las cajas y los costes han sido muy altos, dado que la situación requirió intervenciones de recapitalización y reestructuración (a través del FROB). La reforma legal de 2010 fue el aldabonazo para las intervenciones públicas, que exigían la recapitalización condicionada a la reestructuración y estipulaban que, para solucionar las debilidades y carencias, había un menú sobre el que las entidades podían escoger. En la práctica, fue el momento de los sistemas institucionales de protección (SIP) o fusiones frías.

Al final, solo dos entidades, Caixa Ontinyent y la Caja de Pollença, salieron del proceso siendo propiamente cajas de ahorros, con restricciones para que se dedicaran únicamente al negocio minorista. Otras entidades «sanas», como Ibercaja, Unicaja, La Caixa y las tres cajas vascas (Kutxa, BBK y Caja Vital) crearon bancos e iniciaron el proceso de convertir su anterior estructura de cajas en fundaciones bancarias, que en vez de asambleas tendrán patronatos para gestionar la antigua Obra Social. El resto se convirtieron en bancos desgajados de su Obra Social.

Mantenerse como cajas de ahorros solo persigue un objetivo: conservar la Obra Social. Pero, en teoría, para eso no hace falta seguir siendo cajas, basta con crear una fundación. Entonces, ¿qué podemos decir que se ha perdido con la desaparición de las cajas de ahorros? ¿Y por qué?

Del ahorrador de confianza al cliente engañado

Contaré al lector una experiencia vivida en Bocairent, el verano de 1967, en forma de película cinematográfica al estilo de Una historia verdadera , de David Lynch. Llevaba más de un año al frente de la sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia, de reciente instalación, cuando un vecino mostró interés en hablar conmigo. Nos sentamos en el pequeño despacho de la sucursal y el visitante se quitó el abrigo para mostrarme el contenido de una caja de zapatos. La caja estaba a rebosar de billetes de mil pesetas, apretados y bien ordenados. «La caja se queda aquí. Usted cuenta el dinero y nos aconseja cómo ingresarlo», me dijo sin más. Esto es confianza.

Como dice Francis Fukuyama en Trust : «La confianza es la expectativa que surge en una comunidad con un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integran». Estas normas engloban también códigos de comportamiento que constituyen lo que se conoce como capital social. «El capital social consiste en una capacidad fundamentada en el predominio de la confianza en una sociedad o en alguno de sus aspectos. No basta con que los miembros de una comunidad esperen un comportamiento corriente. En numerosas sociedades donde el comportamiento es corriente pero no honrado, se espera que la gente engañe constantemente a los demás, y esto provoca un déficit de confianza. El capital social difiere de otras formas de capital humano en tanto que suelen crearlo y transmitirlo mecanismos sociales, como la religión, la tradición o los hábitos históricos. El capital social, el crisol de la confianza esencial para la salud de una economía, descansa sobre pilares culturales» (Fukuyama, 1998).

Así como un motor necesita de combustible para su funcionamiento, las necesidades de las cajas de ahorros se plasmaban en una demanda de capital que incrementara el nivel de recursos propios de las entidades financieras. La transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial a través de la segregación de su actividad financiera y benéfico-social, traspasando la primera a otra entidad de crédito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundación, fue supervisada por el Banco de España y regulada mediante cuatro activos financieros: acciones, cuotas participativas (inicialmente tan solo aplicadas por la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la CAM de acuerdo a lo dispuesto por el decreto ley 11/2010 ), cuotas preferentes, y subordinadas.

Y ocurrió, a partir de 2007, pero de manera masiva ya en 2009, después de tiempos de vino y rosas, cuando muchas entidades financieras comenzaron a no tener el capital necesario para subsistir y a sufrir problemas para obtener liquidez por otros medios, que iniciaron la comercialización de las preferentes a sus propios clientes particulares a través de su misma red de sucursales. Estos activos se colocaron como si fueran productos de renta fija segura y con rentabilidad, pese a que la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió que se trataba de un producto financiero «complejo y de riesgo elevado» en los trípticos informativos obligatorios que hizo circular pos los canales de rigor. El problema con dichos activos derivó de unas ventas sesgadas y de una divulgación informativa orientada hacia el beneficio propio de las entidades financieras. Las cajas de ahorros, como cualquier empresa, y más en el caso de una empresa financiera, necesitan capital, cuya cantidad viene regulada por el cumplimiento de las denominadas Normas de Basilea (hasta la fecha han aparecido tres normas internacionales: Basilea I, II y III). Esta normativa trata de garantizar unos instrumentos que hagan viable el nivel de reservas mínimo que ha de cumplir una caja. Tales instrumentos son, por un lado, las acciones, que son las más conocidas, y por otro lado, las cuotas participativas, las preferentes convertibles y las subordinadas, todas ellas definidas como instrumentos de autogeneración de reservas. Las Normas de Basilea incluyen, además, el análisis de impacto de solvencia y de las cuentas de resultados de las cajas de ahorros, como una especie de exámenes que las entidades han de superar y que, en caso contrario, permiten obligar a las entidades a tomar medidas.