Emili Tortosa Cosme - Fulgor y muerte de las Cajas de Ahorros

Dentro de este panorama, la economía española se vio condicionada fundamentalmente por tres factores: una contracción global del crédito, el encarecimiento de las materias primas y un brusco frenazo de la construcción residencial. En España, el principal efecto asociado a la inestabilidad financiera estaba relacionado con el deterioro de las condiciones de acceso al crédito. Efectivamente, la economía española ha sido y sigue siendo muy dependiente de la financiación exterior, con unas necesidades que suponen un porcentaje considerable del PIB (en la actualidad la deuda pública está por encima del 90% del PIB). Tras el episodio de turbulencias financieras de finales de 2007, se produjo una importante restricción (incluso paralización en algunos momentos) al crédito (especialmente a medio y largo plazo). Al mismo tiempo, se fue acrecentando el riesgo inmobiliario por el aumento de la morosidad impulsado por la propia desaceleración económica y el aumento del desempleo, y por la menor tasa de revalorización de los activos inmobiliarios desde finales de 2006. La consecuencia es el aumento de la incertidumbre y el mayor coste de acceso al crédito para la economía española, lo cual se ha traducido en severas restricciones a la concesión de créditos por parte de las entidades bancarias al sector privado empresarial (con predomino de las pymes, especialmente dependiente de la financiación bancaria) y a los consumidores, lo que ha contribuido a acentuar el frenazo del consumo y de la inversión y, por tanto, de la economía real.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos capaces de resolver los problemas de crédito que estamos experimentando. Y no le falta razón, ya que la realidad es que el sector financiero en el mundo se encuentra excesivamente dimensionado, lo que hace imposible su control, con las conocidas consecuencias negativas de sus crisis y/o turbulencias financieras sobre la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se «aprieten el cinturón», tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecían con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

«El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados más arriba). No ha tenido lugar en el siglo XX una crisis de las proporciones actuales sin que hubiera habido un aumento notable del gasto público y la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. Estados Unidos pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro» (Navarro, 2011).

A todo lo anterior habría que añadir el papel que ha jugado la especulación como elemento intrínseco de la crisis, actuando desde el principio a muchos niveles. Una práctica que, en el caso de las cajas de ahorros, se desarrolló de manera suicida en el ámbito del crédito a proyectos de urbanización, con el aliento perverso de la burbuja inmobiliaria, la connivencia política, cuando no directamente la corrupción, y la ayuda de ciertos procedimientos legales. Las cajas pasaron de dedicarse fundamentalmente al crédito hipotecario a apostar decididamente por la promoción urbanística, convertida en una fuente de ganancias aparentemente inagotables. Dicho de otra manera, se puso de moda el pelotazo, un tipo de operación a la que solo tenían acceso los empresarios mejor relacionados con el poder, fuera este municipal, autonómico o financiero.

Se ha hablado mucho de lo que supuso en el ámbito de la política urbanística española la introducción en la legislación valenciana de los años noventa de la figura del «agente urbanizador». La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) pretendió, en efecto, resolver viejos problemas endémicos de la ciudad, evitando la imagen de barrios sin urbanizar y dando agilidad al procedimiento. Para ello, como haría después la legislación de Castilla-La Mancha, la Generalitat Valenciana se dotó de un mecanismo que sustituía los tres sistemas de actuación vigentes en España (la ejecución pública de la urbanización con repercusión de costes en los propietarios; la compensación, por la cual son los propietarios quienes ejecutan la urbanización y se compensan las cargas y beneficios, y la expropiación) por un único método, según el cual una empresa recibe la concesión administrativa para urbanizar aunque no forme parte de ella ninguno de los propietarios de los terrenos afectados. A estos, a los propietarios, se les dan tres opciones: cooperar aportando sus terrenos a cambio de parcelas urbanizadas, contribuir a los gastos de urbanización, o ser expropiados. La mayor parte del resto de comunidades autónomas no redujeron completamente al agente urbanizador los sistemas de actuación urbanística, sino que lo incorporaron como otra posibilidad a los otros tres sistemas existentes.

La reforma posterior de la ley valenciana en 2005 consolidó y dio alas al agente urbanizador. Se buscaba aligerar los trámites de ejecución, pero en la práctica se pasó a menudo de los barrios sin urbanizar a las urbanizaciones sin barrios, o sin edificios, como los viejos polígonos industriales de los años ochenta en muchos municipios, con sus accesos, sus calles asfaltadas y sus farolas, pero sin fábricas. También se generó un auténtico mercado especulativo de lo que una de las empresas que más despuntaron y que más rápidamente se hundió en esa época denominaba «gestión de suelo». Las buenas relaciones políticas con los ayuntamientos, que ingresaban de pronto importantes cantidades a sus arcas con la autorización de programas de actuación integrada (PAI), con la administración autonómica y con los directivos de bancos y cajas de ahorro permitieron a ciertos promotores amasar ingentes cantidades de dinero con la urbanización del territorio.

El PAI es una versión de los anteriores programas de actuación urbanística (PAU), un instrumento de planificación adaptado al «agente urbanizador». Dicho de otra manera, un PAI tiene por objeto la urbanización pública de unos terrenos, ejecutada por una empresa concesionaria, conforme a una única programación conjunta. No es este el lugar para abrir un debate sobre las virtudes y defectos del agente urbanizador y los PAI, basta consignar aquí que una buena parte de los fallidos que han llevado al hundimiento de las cajas de ahorros tienen que ver con este tipo de maniobras urbanísticas. Los pelotazos, que reclasificaban el territorio y convertían miles de metros cuadrados de suelo urbanizable no programado o incluso de suelo no urbanizable, en solares donde construir viviendas, se convirtieron en vías de agua que contribuyeron en gran medida a llevar al naufragio a esas entidades.

Hay numerosos ejemplos de cómo las barbaridades se transformaron en realidad. En casos como el de Polaris World, donde la CAM, Bancaja (incluida su filial, el Banco de Valencia) y el Banco Popular, tuvieron que adjudicarse más de mil millones de euros en activos inmobiliarios procedentes de fiascos urbanísticos -muchos de ellos terrenos sin urbanizar- cuando la conocida promotora tuvo que reestructurarse al ritmo de la crónica de una muerte anunciada: el hundimiento del mercado de la vivienda. El grupo murciano, un auténtico icono de los años del boom de la construcción, supuso la mayor inversión inmobiliaria realizada por la caja alicantina y ha sido presentada como una desastrosa gestión de sus anteriores responsables en el informe que acompaña al expediente abierto por el Banco de España contra 49 ejecutivos y consejeros de la CAM. La dirección de la entidad fue acusada de llevar a cabo un modelo de negocio no sostenible basado en el turismo residencial con instalaciones de campos de golf en una zona con déficit de recursos hídricos como la región de Murcia; operaciones que nunca deberían haber sido consideradas como normales de una caja de ahorros.