Ricard Pérez Casado - La Unión Europea

Por el contrario, en las relaciones internacionales, además de avanzar en la consolidación de la estructura política y burocrática, sin requerir grandes modificaciones, por así decir constitucionales, esto es, la enmienda a los tratados, se trata de la congruencia exigible a los estados miembros en el supuesto necesario del rechazo a la bilateralidad y el combate contra la polarización de la escena mundial. Esto viene a decir que los estados miembros han de ceder competencias de relaciones exteriores a la UE mediante la propia estructura institucional que ya opera de manera secundaria. La voz europea común, manifestación del peso demográfico y económico, tiene su razón de ser en el bagaje cultural, moral, de valores, de paz, que puede reclamar y hacerse oír en los organismos internacionales subsistentes, y ante los poderes que quieren resucitar la polarización de las relaciones internacionales.

La integración europea es otro de los elementos imprescindibles para sostener los niveles propios de prosperidad compartida, en libertad y en igualdad entre la ciudadanía y entre los territorios que componen la actual UE, con la anunciada exclusión del Reino Unido y el avance de las negociaciones para integrar estados en dificultad como los todavía pendientes candidatos de la antigua Yugoslavia, Serbia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, sin olvidar el tema pendiente de las negociaciones con Turquía.

La plena integración, como se ha visto, afecta a la defensa, la seguridad y las relaciones internacionales, para las que se ha esbozado un camino que no violenta la arquitectura constitucional que da base a la UE.

Se trata ahora de reforzar el carácter fundamental del euro, y de las necesarias reformas que aseguren su viabilidad a largo plazo, convirtiendo la política monetaria en otra herramienta para la competencia creciente que se avecina en el caso de consolidarse la bilateralidad como doctrina universal. Y no solo por ello, sino para convertirse en una herramienta para las finalidades propias de una Unión política en lo que concierne a la estabilidad de precios, salarios y rentas. Por supuesto que ello supone la necesidad de hacer converger las políticas fiscales de los estados miembros, y requiere la existencia de un presupuesto efectivo para la UE, sometido como se ha visto a la transparencia del ejercicio pleno de las funciones del Parlamento.

Estas finalidades se encuentran plasmadas en los tratados de la UE en vigor, por lo que su puesta en funcionamiento requiere la voluntad de los estados miembros firmantes y el depósito de las competencias subsistentes en los órganos supraestatales, esto es, llenar de contenido efectivo las funciones del BCE y la creación de un Tesoro a escala de la UE que tenga sus fundamentos asimismo en el espíritu y la letra de los tratados.

Sin duda alguna, y ante la amenaza cierta de la desregulación de los instrumentos financieros, cuyos efectos se han experimentado unidos a la crisis por ello mismo desencadenada, se impone una regulación profunda, transparente y conocida que evite asimismo la existencia de los paraísos fiscales en el seno de la propia UE, o que favorezca su implantación, por ejemplo en el Reino Unido tras la desconexión.

En este último sentido, el liderazgo europeo en el nuevo escenario global polarizado puede conseguir complicidades, más allá de las hegemonías que se vislumbran, entre los países y estados que por vecindario o afinidad nos resultan cercanos y que podrían sentirse aliviados ante las amenazas de los poderes globales.

De este modo se avanzaría en la homogenización y la igualdad hacia arriba de los desequilibrios entre las economías europeas, ahora todavía fuertemente desiguales en temas cruciales como la fiscalidad o la propia competitividad.

La desestatalización y la convergencia han de ir en paralelo, de modo que se proceda a un nuevo reparto de los poderes territoriales, lo que permitiría integrar de manera inequívoca aquellas regiones de fuerte personalidad, incómodas en las estructuras estatales subsistentes, o las que se han definido como naciones sin estado y que esperan ver reconocidos sus derechos, sin por ello renunciar a su pertenencia a la UE, o más aún, que encuentran la solución pacífica a sus desavenencias en el marco precisamente de la UE. En este punto, sin embargo, se impone la necesidad de revisar el modelo de acceso institucional a la UE, en la medida en que no se trata ya de esgrimir la fórmula de «cuestiones internas a uno o más estados miembros», sino de definir con precisión las condiciones de las eventuales secesiones y su integración en la UE. O lo que es lo mismo, introducir en la agenda de la UE la cuestión, y abordarla desde la perspectiva apuntada de reforzamiento y, en su caso, de refundación de los instrumentos y organismos ya existentes, el Parlamento, la Comisión con los contenidos y funciones que se han estimado básicos para una nueva etapa de la UE.

La sustitución de la ortodoxia de la austeridad por el combate contra la desigualdad y el impulso al retorno al Estado del bienestar resultan imprescindibles para obtener la complicidad de la ciudadanía y para asegurar el crecimiento y el mantenimiento de las prestaciones sociales, en particular en unas sociedades que se dirigen a un envejecimiento inevitable. Y a unas empresas que requieren seguir la senda de la innovación, el incremento de la productividad y, en consecuencia, de la competitividad en un escenario mucho peor que el que habían transitado hasta hoy mismo.

Ello tiene que ver con dos objetivos críticos para asegurar el éxito. La prosecución de las acciones sobre el territorio para la conectividad de las infraestructuras y la extensión de estas a la totalidad continental. Y de modo primordial, la formación del capital humano, de modo permanente, con la imprescindible incorporación de los conocimientos y habilidades relacionados con las nuevas tecnologías.

Nada de ello requiere modificaciones constitucionales. Exige, eso sí, el impulso político capaz de poner en funcionamiento efectivo cada uno de estos objetivos en cumplimiento del mandato contenido en los propios textos de los tratados.

El vecindario, como es bien sabido, no lo elige uno mismo, es el que es. La primera necesidad es la de establecer un marco de relaciones que alivien las posibles tensiones derivadas de las diferencias, y profundizar en la cooperación entre los diferentes. El ámbito mediterráneo es un espacio vinculado cultural, humana y económicamente a Europa. Espacio además de convivencia no siempre pacífica, con fuertes lazos culturales y humanos, incluso cuando las hegemonías han cambiado de una ribera a otra o de un extremo a otro a lo largo de una historia que comparte el mismo ámbito territorial. Conviene recordar la presencia turca en el corazón de Europa hasta el siglo XX, o la penetración europea en el norte de África, al punto de considerarse parte de estados europeos hasta 1962, como el caso de los departamentos franceses en Argelia, el primer caso de desconexión de una parte de la originaria Comunidad Económica Europea, la del Tratado de Roma de 1957.

La recuperación de la buena vecindad con Rusia es otro elemento fundamental de la multilateralidad europea que debe conjugar los intereses con los objetivos políticos y culturales. Una Rusia más europea conviene a la estrategia superadora de los enfrentamientos y la polarización, además de contribuir a la estabilización de los conflictos que se suceden en las fronteras de la propia UE o los conatos conflictivos en su propio seno. En cualquier caso impide o puede contribuir a alejar alianzas espurias con EE. UU. en detrimento del entendimiento entre poblaciones con afinidades culturales y políticas considerables.

Si además de los evidentes lazos culturales y económicos se añaden los intereses estratégicos y la presencia de una minoría numerosa de conciudadanos originarios de los países vecinos, sobre todo norteafricanos e islámicos, habrá que convenir que es un objetivo prioritario de la acción de la UE. No solo por estas razones, sino además en aplicación de los valores que fundamentan y justifican la propia existencia de la UE: la exclusión de la xenofobia, el racismo, cuyo recuerdo en suelo europeo todavía estremece las conciencias.