La otra alternativa es la satelización de los estados respecto de la potencia dominante más cercana, EE. UU., y el establecimiento de un modus vivendi con la otra, China, y con el vecindario, esto es, Rusia. Todo ello implica, necesariamente, el desmontaje, si es posible de modo pacífico, del andamiaje político, institucional, económico, humano y cultural acumulado durante sesenta años de esfuerzo tenaz y voluntad de construir sobre las cenizas de las destrucciones del siglo XX.
Situados en una perspectiva menos apocalíptica, podrían resumirse algunas alternativas, no con carácter exhaustivo por supuesto –una pretensión que no está al alcance del autor ni sería prudente–, atendiendo a los siguientes elementos:
1. Retornar la centralidad a la ciudadanía, lograr su complicidad.
2. Liderar la multilateralidad de las relaciones internacionales.
3. Acelerar la plena integración de la Unión Europea con el objetivo de una Unión política, social, económica, cultural y sostenible medioambientalmente.
4. Establecer una política de paz y cooperación en los escenarios vecinos y en las relaciones multilaterales.
En realidad, estas proposiciones no son originales ni se pretende que lo sean. Por el contrario, están inscritas en el origen y evolución de la actual UE, más aún, forman parte de los tratados de la Unión Europea en vigor. Requieren el impulso, de algún modo fundacional, para, con los instrumentos disponibles, implementar las acciones que contribuyan a su aplicación.
La devolución a la ciudadanía de su centralidad y protagonismo es un requisito básico para colmar lo que algunos críticos, con cierto grado de razón, han calificado de déficit democrático del edificio institucional de la UE, y concluir con el secuestro por parte del Consejo Europeo y de los organismos burocráticos especializados de esa especie de secreto en que se envuelven y autoprotegen los encargados de la gestión de los asuntos que afectan al conjunto de la ciudadanía. La gestión de las negociaciones del fallido por ahora TTIP ha sido objeto de duras críticas, fundamentadas, respecto a los contenidos, alcance y repercusiones de un tratado que afectaba a las PYME, a los derechos laborales, a elementos tan decisivos como las funciones jurisdiccionales, cuyo pilar fundamental, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podía resultar postergado en favor de arbitrajes incluso en los litigios entre las corporaciones multinacionales y los estados miembros. Es tan solo un ejemplo.
La forma de recuperar la confianza de la ciudadanía, por ejemplo la pedagogía de la democracia, poco extendida en los estados miembros, puede consistir en algo tan sencillo como dotar al Parlamento de plena competencia legislativa, y sobre todo presupuestaria, incluyendo en esta última la relación permanente entre los parlamentos nacionales, las asambleas regionales y el propio Parlamento europeo.
Este, por lo demás, ya cuenta con el mecanismo de la elección directa, por sufragio universal, o lo que es lo mismo, ya es representativo de la ciudadanía. Sin embargo, las limitaciones en cuanto a la condición de asamblea colegislativa limitan la función primordial, y su carácter de algún modo de lectura consultiva del contenido presupuestario hace que resulte más pronto una caja de resonancia de inquietudes de las formaciones políticas representadas que de auténtico creador e impulsor de legislación, control y sometimiento de los órganos ejecutivos de la UE.
Como quiera que ya existe, el procedimiento consiste tan solo en una reforma de los tratados que precise las funciones propias de un Parlamento con todos sus atributos de depositario de la soberanía europea, esto es, de la ciudadanía europea, cuya definición en el Tratado de Maastricht quedó varada por el rechazo de la Constitución en 2004.
En el mismo capítulo, la Comisión, como órgano ejecutivo, debe ser responsable ante el Parlamento, así como su presidente. Es cierto que ya existe la previsión de la moción de censura por parte parlamentaria, pero no queda nada claro el procedimiento para la elección del presidente de la Comisión y de sus comisarios, que como es bien sabido pasan por el filtro previo de los acuerdos-recomendaciones del Consejo Europeo. La reforma consiste en aplicar las reglas democráticas en las que se inspiran todas las instituciones de la UE. La manera de hacer inteligible para la ciudadanía las responsabilidades, funciones, de modo directo y no por medio de alambicados y sigilosos procedimientos de selección, recluta, de unos representantes indirectos sometidos a un control que en muchos casos resulta recaer en manos de sus propios colegas, como en el supuesto de las incompatibilidades y las dedicaciones posteriores al ejercicio de sus funciones por el conocido sistema de las «puertas giratorias».
La Comisión, como gobierno efectivo de la UE, deberá contar con plena autonomía en el ejercicio de sus competencias, desde luego, pero siempre, como cualquier otro gobierno con responsabilidad ante el Parlamento, con transparencia y dación de cuentas, además de ser sometida al control y fiscalización parlamentarios.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos han contribuido de manera eficaz al acercamiento de la ciudadanía y a su confianza en mayor medida que las acciones, eficaces, del resto de las instituciones de la UE. Debieran constituir el ejemplo, y descartar el turismo institucional, de las administraciones públicas y sus lobbies , en la peregrinación por los departamentos de la Comisión para obtener fondos y recursos para sus parroquias y propósitos electorales en sus respectivas circunscripciones.
La recuperación del protagonismo ciudadano mediante el Parlamento, dotado de plenitud de funciones como las que se han descrito de modo somero, evitaría el carácter de dádiva que con frecuencia se otorga a lo que es aplicación de derechos, de la misma manera que la responsabilidad de la Comisión como gobierno permitiría el conocimiento de los objetivos y los recursos asignados para su consecución sin necesidad de la peregrinación mendicante de administraciones y ciudadanos.
El rechazo a la bilateralidad y a la bipolaridad resultan asimismo imprescindibles, en la medida en que sus efectos resultan letales para los objetivos políticos, económicos, de seguridad y de bienestar en paz que han definido a la UE, y que cuentan en este caso con amplísimo respaldo ciudadano. La UE, por sus dimensiones demográficas y económicas, por un lado, y en razón de sus valores compartidos, por otro, está en condiciones de liderar una iniciativa contraria a la amenaza que supone la bilateralidad para el desarrollo económico, social, de bienestar y derechos, incluida la sostenibilidad medioambiental. Y en razón de la estabilidad, seguridad y paz, para rechazar una bipolaridad que lleva, de modo inexorable, a los enfrentamientos, primero económicos, pero que no pueden descartarse desarrollos imprevisibles hoy de carácter conflictivo. La escala de estos últimos puede comenzar en la gestión de conflictos crueles, como Siria, y otros encapsulados, latentes.
Finalmente conviene no olvidar que de imponerse la bilateralidad y la bipolaridad no se podría excluir una amenaza adicional, los acuerdos entre sí de las potencias globales o regionales, tal como resultaría, a ciertos efectos, en el caso de pactos entre EE. UU. y Rusia, o esta y China.
La capacidad de ejercer el liderazgo europeo remite a la cuestión de la comunidad de defensa por una parte y a la consolidación efectiva de las relaciones internacionales de la UE por otra. En el primer caso ya vimos las dificultades y el reto lanzado por la nueva Administración de EE. UU. respecto al papel, funciones y objetivos de la OTAN. Las limitaciones son importantes, y solo un empeño decidido puede contribuir a que la fuerza suceda a la razón, en especial en cuanto se refiere a las misiones de paz y seguridad en los escenarios próximos al territorio continental. Un despliegue planetario de la fuerza europea solo cabe en las mentes calenturientas de los nostálgicos de los viejos imperios, una doctrina anacrónica además de irrealizable en términos de esfuerzo económico, humano y tecnológico.
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