Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile - 1925-1958)

Según anota Carlos Tromben, son pocos los testimonios que existen sobre el motín y su desenlace que no hayan sido escritos por miembros de la Armada involucrados en los sucesos. Los amotinados, en la década de los setenta, fueron entrevistados o escribieron sus memorias, predominando, a su juicio, versiones sesgadas sobre los sucesos. Tromben, en su esfuerzo por documentar lo ocurrido, exploró las percepciones institucionales frente al proceso de indultos y amnistías, las reparaciones y reintegraciones de algunos exonerados. El vicealmirante Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, que era capitán de fragata en la época de estos sucesos, le expresó décadas después que había estado de acuerdo «con la conmutación de las penas de muerte que resolvió el Gobierno, porque fue una forma de apaciguar los ánimos en un período muy negativo para la Armada». Tromben registró también la referencia del vicealmirante José Toribio Merino Saavedra:

La amargura de esos días [la dictadura de Ibáñez] la comparo con la de los años después por la sublevación de las tripulaciones y el espectáculo del consejo de guerra que juzgó a los oficiales de la escuadra en donde se presentaba el triste cuadro de una institución cuya oficialidad había perdido la adhesión de sus superiores y una escasez de moral profesional y sinceridad que reflejaba la de los suboficiales y marineros que traicionaron a sus oficiales [...] 170.

Finalmente, todos fueron amnistiados por el decreto ley 504 de 26 de agosto de 1932. En el Congreso se otorgó el derecho a pensión a todos los expulsados de la Armada por faltas y no delitos 171. Poco tiempo después el gobierno de Arturo Alessandri, por decreto del 31 octubre de 1933, le otorgaría el retiro de la Armada a Ernesto González Brion. En octubre de 1934 se le encomendaría una misión oficial a México, siguiendo a su vuelta en la administración pública en diversos cargos. Los archivos de la Armada referentes a la sublevación de 1931 no serían accesibles durante casi ochenta años. Los Tribunales Militares y las Cortes Marciales habían funcionado como reloj en los procesos contra tripulantes y oficiales. Sin embargo, el gran número de los enjuiciados, la celeridad de las sentencias, el hermetismo de los juicios y la imposibilidad de acceder a los procesos durante décadas, ha impedido conocer los fundamentos de las condenas de los cerca de mil marineros procesados y conocer la verdad completa sobre lo sucedido durante la sublevación de la Escuadra.

Mientras eran procesados varios oficiales navales en un consejo de guerra en la Escuela de Comunicaciones, en Valparaíso, y otro consejo de guerra funcionaba en Talcahuano, ocurrieron los sucesos de Copiapó y Vallenar 172.

El 25 de diciembre de 1931, en Vallenar, murieron 23 personas en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. Las autoridades vincularon estos hechos con el asalto al regimiento Esmeralda de Copiapó. En la historia oficial del Ejército de Chile se relata que el asalto al regimiento Esmeralda formaba parte de un plan para robar las armas del cuartel dentro de un movimiento político revolucionario dirigido por los comunistas de la zona 173. Las reacciones políticas en el Congreso y en la prensa ilustrarían la condena previa de los comunistas, atribuyéndoles toda la responsabilidad antes de que se hubiesen investigado los hechos.

El regimiento Esmeralda de Copiapó fue asaltado la madrugada del 25 de diciembre de 1931. El enfrentamiento duró hasta las cinco de la mañana. Murieron en el lugar siete civiles 174. Dos mujeres ajenas al enfrentamiento murieron alcanzadas por las balas. Resultaron heridos dos sargentos segundos, un cabo primero y un soldado. Los asaltantes fueron repelidos y huyeron. Según el historiador Ricardo Donoso, el movimiento estaba dirigido a derrocar al gobierno y se esperaban movimientos similares en Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Talcahuano. En Copiapó se apoderarían de algún armamento en el cuartel siguiendo las instrucciones «que llevó Aníbal Cuadra desde Santiago» 175. Durante el día 25 fueron detenidas varias personas en Copiapó, acusadas de estar involucradas en el asalto.

Casi al amanecer, en Vallenar, a 146 km de distancia, Carabineros informó de un enfrentamiento en el cerro «Los Apestados» en el que dieron muerte a siete hombres. Algunos civiles pertenecientes a las guardias cívicas actuaron con los carabineros. Se informó oficialmente de otro enfrentamiento ocurrido en la ciudad en el que murieron trece hombres, identificándose solo a nueve de ellos. Otros siete muertos fueron reconocidos posteriormente y se agregaron a la lista 176. Los carabineros tuvieron dos bajas: un vice sargento y un cabo segundo y dos heridos 177. De acuerdo a versiones periodísticas de esos días, algunos de los asaltantes al regimiento de Copiapó habían escapado hacia Vallenar, enfrentándose a carabineros y produciéndose la matanza de varios de los sublevados y de obreros y campesinos, perseguidos por guardias blancas que operaban en la zona. Esta versión era inverosímil, pues se necesitaban varias horas para recorrer la distancia entre una ciudad y otra. La prensa caracterizó al movimiento como «el levantamiento del norte» 178.

El contexto político del país era complejo. La crisis mundial, originada en la gran depresión, precipitada por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, había repercutido en la economía nacional, generando una gran inestabilidad política que se fue agravando durante 1931. El gobierno cayó a fines de julio y el presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo huyó a la Argentina. La cesantía en el país era grave, pero en Atacama era extremadamente crítica. En Vallenar, más de 150 hombres y más de 100 entre mujeres y niños se alimentaban en una olla común conocida como la olla del pobre. La situación era desesperada. Los comunistas habían sido acusados por las autoridades de usar la instancia como lugar de propaganda y de organización partidaria 179.

Como se señalara anteriormente, a la caída de Ibáñez, Manuel Trucco fue designado ministro del Interior y luego asumió como vicepresidente de la República hasta las elecciones presidenciales en las que fue elegido Juan Esteban Montero, quien asumió en noviembre de ese año. Ambos pertenecían al Partido Radical. El nuevo gobierno debió enviar ayuda a Atacama a fines de agosto «revitalizando el tema del orden y la paz pública» 180. Con ocasión de la ayuda del gobierno, las autoridades locales le cambiaron el nombre a la olla común, obligando a nombrarla como olla del cesante y excluyendo a quienes no pudiesen demostrar que estaban efectivamente sin trabajo y a quienes vivían fuera del radio urbano de Vallenar 181.

En La Antorcha , publicación periódica del Partido Comunista, se anunciaba el colapso del sistema y la inminencia de la revolución 182. La Antorcha llamaría a la lucha y al enfrentamiento 183. Los comunistas predecían en sus escritos partidarios la descomposición del sistema económico y político, no solo nacional sino mundial, y la gran crisis económica que afectaba al país parecía confirmar sus vaticinios. A su vez, la prensa conservadora registraba el temor de que se produjera una revolución como la ocurrida en 1917 en Rusia, temor compartido por distintos sectores sociales.

La reciente sublevación de la Escuadra había echado leña al fuego. Predominaba entre las autoridades una visión excluyente y represiva sobre los grupos que presentaban demandas sociales y laborales, los que eran denominados genéricamente subversivos, incluyendo a los comunistas. En ese contexto de incertidumbre exacerbada, se reforzaría el desarrollo de las guardias cívicas, organismos civiles que cooperaban con Carabineros y con las Fuerzas Armadas, que habían sido dotadas de armamento suficiente para intervenir eficazmente en caso de asonadas, alzamientos o cualquier acto considerado subversivo 184.