Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile - 1925-1958)

Mientras los amotinados eran procesados por los distintos consejos de guerra, sus familiares no tenían información alguna acerca de la situación en la que se encontraban sus parientes. Por orden gubernativa las oficinas navales y las del Ejército no estaban autorizadas para informar sobre los detenidos y muertos en combate. Las madres, esposas, hermanas e hijas se organizaron y formaron una comisión para efectuar diversas gestiones que les permitieran saber acerca de ellos. Esta comisión quedó compuesta de las señoras Ana de Arriagada, Ana de Andrade, Josefina de Astudillo, Carmen Sepúlveda de Torres, Claudina de Abarca y señorita Otilia Lara C. La primera de sus gestiones fue la de escribir al Vicepresidente de la República, con fecha 9 de septiembre, solicitando información acerca de sus familiares. Posteriormente pidieron al diario La Unión de Valparaíso que publicara el «memorial» que ellas habían enviado a las autoridades 158. Dicho memorial decía entre otras cosas:

[...] Se dice con insistencia que los elementos de la Armada, suboficiales y marinería, serán severamente castigados y no faltan los que propician el castigo de la sublevación con la muerte de los que sean o aparezcan responsables. Se olvidan todos estos que tratan de dar ejemplos a costa de vidas ajenas, que detrás de cada hombre que ha pertenecido a la Armada, hay una familia, parte también de nuestra sociedad chilena, y merecedora también, a la consideración y tranquilidad que debe tenerse en una República. Estamos con el Gobierno en lo de reprimir con severidad, lo que ha sido sin duda un acto de locura; pero estamos distantes de aceptar que con el hambre de nuestros hijos se castigue un mal cuyas raíces seguramente no afectan a muchos elementos, extraviados con prédicas malsanas.

[...] En nombre de los derechos de familia, en nombre de nuestros hijos pequeños, en nombre de la tranquilidad social que exige la conservación de todos sus componentes para no levantar protestas, en nombre de la generosidad proverbial de nuestro pueblo, solicitamos por gracia a Vuestra Excelencia se sirva ordenar:

1º Se publique la lista de los que han perdido la vida en las últimas incidencias.

2º Se indique el lugar donde se encuentran destinados todos los marinos.

3º Se permita a sus familias verlos sin dificultad, y

4º Finalmente, que no se quiten nuevas vidas por razón de castigo de delitos que malas doctrinas han podido generar, o de elementos que han podido aprovechar malamente las libertades que se dispensan en nuestro país 159.

Los rumores que circulaban sobre el destino de los detenidos seguían siendo alarmantes, precisamente por la falta de información. El diputado Juan Pradenas Muñoz, presidente del Partido Democrático, leyó también una carta de los padres, hijos, hermanos y deudos de los sublevados que subrayaba los temores por el riesgo que corrían sus familiares, mientras las autoridades no informaran acerca de la situación de los detenidos ni dieran a conocer los nombres de los que ya estaban muertos. La carta mencionaba expresamente el temor de que algunos fueran asesinados y se dieran posteriormente por fugados o desaparecidos 160. Los familiares se organizaron, las mujeres por un lado y los hombres por otro, requiriendo información a las autoridades sobre sus parientes. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales hicieron presente a las autoridades diversas peticiones solicitando amnistía 161. Se sumaron a las peticiones Arturo Alessandri y el Partido Comunista 162. En la Cámara de Diputados y el Senado hubo llamados pidiendo clemencia 163.

El 16 de octubre, el vicepresidente Trucco conmutó las penas de muerte por condenas a presidio perpetuo, considerando los antecedentes intachables de los condenados y su propósito de contribuir a la reconciliación en el país. Entre otras cosas el decreto señaló: «Que una vez pasado el período de agitación política en que ha vivido el país en los últimos años y restablecido el respeto a la autoridad, cuando se trata como ahora de cimentar la normalidad constitucional, la primera necesidad y, por consiguiente, el primer deber del Estado es responder al más completo apaciguamiento de los ánimos, a la sincera reconciliación de los ciudadanos y a la unión de la familia chilena» 164.

Los periódicos informaron que los detenidos, antes de ser transportados a su lugar de confinamiento, fueron despojados uno a uno, en un acto público, de sus insignias y de los elementos distintivos de su grado para cambiar después sus uniformes por ropa de presidiarios, siendo llevados a la penitenciaría en Santiago a cumplir su condena.

Pocos días antes de la conmutación de la sentencia aparecieron antecedentes que involucraban a algunos oficiales en el motín. Los documentos estaban ocultos en el Latorre y los tripulantes acusados señalaron que no habían pensado darles publicidad pero, por su honor y por la defensa de sus vidas decidieron hacerlo. El fiscal del proceso de San Felipe, Julio Allard, había descartado esta información, considerando que los oficiales habían sido forzados a firmar, pero la nueva información ponía en duda ese juicio.

Se llevó a cabo un nuevo proceso contra los oficiales que aparecieron involucrados. Se efectuó un consejo de guerra en la base naval de Las Salinas. Distintos sectores políticos favorecían esta iniciativa basándose en la suposición de que los oficiales habían conocido los preparativos de la sublevación y no habían intervenido para impedirlo. La sentencia del consejo de guerra que juzgó a los oficiales de la Armada fue comunicada el 15 de febrero de 1932. La mayoría de los oficiales –en un número de 80– fueron absueltos. El capitán Roberto Valle, del Latorre, que había participado activamente en la preparación del armamento antiaéreo del barco, y Ramón Beytía fueron condenados a la separación del servicio por su colaboración con los sublevados. Los que firmaron las proclamas fueron advertidos de que las absoluciones eran independientes de las sanciones administrativas. Según el historiador William Sater, el gobierno investigó también a los oficiales de la Fuerza Aérea que habían sido renuentes a responder eficazmente a la sublevación 165.

En noviembre de 1931, el Partido Democrático inició una campaña por la amnistía y liberación de los presos. En el Congreso el diputado Abraham Quevedo (P. Comunista) solicitó «cuanto antes una amnistía general para todos los marinos, para las tripulaciones y para los suboficiales que tomaron parte en la bullada sublevación de Coquimbo» 166. Los familiares de los presos y sus partidarios realizaron manifestaciones públicas, solicitaron audiencias al presidente Juan Esteban Montero para pedir su liberación. La FOCH y otras organizaciones se sumaron a esas peticiones. Pero no tuvieron éxito. En febrero de 1932 se promulgó una ley de reparaciones para las víctimas del Ejército caídas en septiembre de 1931 en los sucesos desencadenados por el motín 167.

El país seguiría convulsionado y se dictaría la ley 5.103, que declaró en estado de sitio todo el territorio nacional el 8 de abril de 1932, por sesenta días, otorgándole facultades extraordinarias al Presidente de la República.

El primero de mayo de 1932, algunos de los presos iniciaron una huelga de hambre, la que tuvo gran publicidad. Desde el inicio tuvieron el apoyo de sus familiares, de Arturo Alessandri y de algunos miembros del Congreso. Se fueron sumando otros: la Convención del Partido Socialista Marxista, la Asamblea Radical Socialista, la Federación de Estudiantes, el Partido Democrático y el Partido Comunista. Todos ellos demandaban a las autoridades que se les otorgara amnistía.

No obstante, hasta ese momento no se había presentado un proyecto de amnistía en el Congreso y el presidente Montero se resistía a conceder un indulto a los responsables. La situación de salud de los huelguistas se complicó, lo que aceleró las medidas en su favor. Algunos presos fueron liberados sin condiciones y se conmutaron las penas de Ernesto González Brion y de otros reos por relegación en Aysén y Temuco. En junio de 1932, la Junta de Gobierno de la República Socialista dictó una ley de amnistía para todas las personas condenadas o procesadas por delitos de carácter político 168. Tres semanas después se concedió amnistía a los involucrados en la sublevación pertenecientes al Ejército 169.