AAVV - Culturas políticas monárquicas en la España liberal

El decreto, se decía de forma expresa al comienzo, se había elaborado «en conformidad» con el del 24 de septiembre de 1810 –el primero de estas Cortes– en el cual se establecía el principio de soberanía nacional y la división de poderes. Las Cortes pretendían, pues, que su decreto XIX fuera una aplicación de la doctrina sentada en el primero. Es decir, deseaban dejar patente, por una parte, la preeminencia de la nación, su capacidad como sede originaria de la soberanía para imponer restricciones a la actuación del rey; por otra, fijaban como principal objetivo de la guerra la «libertad» de España, de la nación. 8Esto último suponía un cambio de lenguaje muy significativo, pues tanto en los manifiestos y proclamas de las Juntas, como en los muchos textos hasta entonces publicados por colectivos o particulares, la fórmula más utilizada para señalar la finalidad de la lucha era el logro de la libertad del rey y su restitución en el trono.

En el debate de la proposición de Borrull intervino un elevado número de diputados, muchos de los cuales resaltaron la trascendencia de la materia. Salvo muy escasas excepciones, a las que luego se aludirá, los parlamentarios se mostraron favorables a las ideas que terminarían plasmándose en el decreto y resaltaron de forma explícita el nexo entre la declaración de la soberanía nacional y el tratamiento de la figura del monarca, lo cual fue un anticipo de lo que sancionaría la Constitución. Tanto los diputados calificados de «liberales», como los realistas o «serviles» (incluso algunos de los más combativos entre estos), se basaron en la teoría pactista, entendida cada uno a su manera. 9Todos coincidieron, pues, en que el origen de la monarquía en España era resultado –en palabras del inquisidor Riesco– del «consentimiento de los españoles» y en que las «leyes fundamentales» establecían límites al ejercicio de la potestad del rey, de manera que esa potestad –afirmó el liberal García Herreros– «jamás fue tan absoluta que por sí pudiese alterar, variar y mucho menos derogar las leyes fundamentales». 10En suma, hubo consenso en declarar que la nación, como sede de la soberanía, estaba por encima del monarca y que este era producto de la voluntad de la nación y tenía limitadas sus facultades.

El excelente estudio de Javier Lasarte, al que de nuevo remito, me exime de más precisiones sobre este debate parlamentario por muchas razones fundamental, pues en él se expresaron las ideas básicas sobre la Monarquía y el papel del rey recogidas posteriormente en la Constitución. Pero no me parece inútil detenernos en dos aspectos: las razones que motivaron aquel debate y la imagen de Fernando VII que se forjaron en ese momento los diputados de Cádiz. Desde el punto de vista de la teoría política, estos elementos pueden ser considerados secundarios en aquel debate, pero me parecen relevantes para comprender el cambio operado en las Cortes respecto a la figura del monarca, componente básico de la cultura política de los diputados de Cádiz.

RAZONES QUE DESENCADENARON EL DEBATE SOBRE FERNANDO VII

¿Por qué las Cortes dejaron transcurrir 20 días desde la presentación de las proposiciones de Capmany y de Borrull hasta la discusión en sesión pública de la de este último? Es evidente, como ha quedado dicho, que no se deseaba discutir sobre la persona del rey, pues Fernando VII era un referente fundamental –para muchos, el más importante– para mantener la unidad de los españoles en la guerra, cuyo desenlace, precisamente en las fechas a que nos referimos, parecía que se decantaba a favor de napoleón. 11Ahora más que nunca resultaba perentorio mantener la unidad, y esta unidad, como expuso con perspicacia Flórez Estrada en una obra publicada ese mismo año de 1810 antes de iniciarse el aludido debate parlamentario, era resultado tanto del deseo unánime de resistir al invasor, como de «la idea de un rey puramente imaginario, cuyas órdenes se figuraba obedecer». Y prosigue: «debilitar esta idea, que por entonces producía tan felices efectos, aunque manifestaba que los españoles solo trataban de defender los derechos del rey y no los suyos, debía ser peligroso al que intentase presentarla según dictaba el buen sentido y produciría por entonces efectos funestos al Estado». 12

Este análisis, así como el apunte de Villanueva antes citado sobre el temor a provocar un conflicto interno en el bando patriota si se hablaba directamente del rey, ofrecen las claves para explicar las reticencias de los diputados a debatir las proposiciones de Campany y de Borrull. Tratar del rey supondría debilitar la unidad de los españoles y esto –según Flórez Estrada– aparte de tener consecuencias negativas para el Estado, resultaba «peligroso» (¿sería causa de impopularidad para quien lo intentara u origen de riesgos de otro tipo?) y, evidentemente, los diputados no estaban dispuestos a situarse en ese trance. 13Pero el debate se terminó celebrando y no solo se habló de la Monarquía y de las competencias del rey en términos inusitados hasta el momento, sino que también se emitieron muchos juicios, y graves, sobre la persona de Fernando VII. Que las Cortes llegaran a este punto fue resultado, en mi opinión, de dos factores: la publicación en Le Moniteur , el diario oficial francés, de algunas cartas de Fernando VII a Napoleón, y los aludidos rumores sobre el posible matrimonio del rey. Esto último movió a Capmany a presentar la proposición que dio origen a todo, pero fue también lo que impulsó a la prensa y al público asistente a las sesiones parlamentarias a presionar a las Cortes para que abordaran el asunto, aunque no con la finalidad de sembrar la mínima duda sobre la persona de Fernando VII, sino para forzar alguna declaración que desbaratara las maniobras de Napoleón y diera ánimos a los «patriotas» para proseguir la guerra. 14

Según el conde de toreno, el debate iniciado el 29 de diciembre de 1810 se produjo «de resultas de la correspondencia inserta en el Monitor en este año de 1810, en la que había cartas sumisas a napoleón del rey cautivo». Cuando se conoció esa correspondencia –sigue diciendo– se esparció por España la especie de que Fernando VII trataba de unirse a una princesa imperial y que napoleón maquinaba restituirlo al trono español «con condiciones contrarias al honor e independencia de la nación», pues el trono español quedaría «bajo su sombra y protección del emperador de los franceses». 15

Las mencionadas cartas de Fernando VII a Napoleón salieron en Le Moniteur entre febrero y abril de 1810, aunque en su mayoría habían sido escritas en 1808 y 1809, todas en el château de Valençay. En esta correspondencia, Fernando declaraba la más completa sumisión al emperador en términos sonrojantes para el propio rey y ofensivos para los españoles que luchaban en su nombre. Entre otras muestras de bajeza, le trasmitió «muy sinceramente» su enhorabuena por la instalación de José en el trono de España, a quien calificaba del monarca «más digno» y «más propio por sus virtudes» para ceñir la corona española y asegurar la felicidad de la nación. 16Le felicitó por las victorias francesas en la Península Ibérica, hecho que le hacía sentir «placer». 17En distinta ocasiones le reiteró su disposición a obedecerlo y le expresó su agradecimiento por el trato recibido en Valençay. 18Tras el rocambolesco episodio del barón de Kolli, se declaró contrario a cualquier intento de ser rescatado, manifestó que no estaba en el château de Valençay retenido por la fuerza y se pronunció en contra de Inglaterra («los ingleses han hecho mucho mal a la nación española tomando mi nombre»). 19Pero lo más llamativo y lo más importante fue, quizá, su deseo de convertirse en hijo adoptivo del emperador, solicitud que, para mayor bochorno, Fernando no transmitió directamente, sino a través del gobernador del château , Berthèmy, como si el rey de España necesitara intermediarios en las cuestiones que él mismo consideraba muy relevantes. 20