Ronal Orlando Serrano Romero - De las urbes a los territorios inteligentes

Pareciera así que aquellas teorías de caos territorial que han permitido pensar en soluciones tipificadas a partir de fenómenos de formación y estructuras de ocupación, han entrado en completa tensión con los aspectos que determinan la construcción social del territorio. En este sentido, el intento de dar respuestas inteligentes a los actuales problemas de la ocupación territorial resulta ser uno de los principales retos de los profesionales vinculados a la gestión sostenible del territorio. De esta manera, el territorio como elemento de identidad, activo de competitividad, factor de producción, catalizador del desarrollo y reflejo del alma de sus comunidades es, a juicio de Vegara y De La Rivas (2016) y Alcalde (2018), determinante para concebir un proyecto inteligente e innovador que permita gestionar acciones coherentes con los nuevos escenarios de competitividad y cooperación, los retos de la sostenibilidad y los compromisos de la integración social y la superación de la pobreza. Como resultado, hablar de la inteligencia del territorio es hablar de la importancia de la sociedad civil en la transformación del mismo.

En el caso colombiano, la agenda nacional de desarrollo presentada en el sistema de ciudades y la adopción de la Agenda 2030: ods para Colombia se han alineado con esta visión mediante la implementación del Conpes 3870 del Programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial (pot) Modernos. Desde este programa, el Gobierno pretende fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en materia de ordenamiento y gestión con el propósito de formular una nueva generación de pot que permitan optimizar la planeación de proyectos que impulsen el desarrollo territorial, así como avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible y el cierre de brechas sociales, metas plasmadas en el Plan de Desarrollo (dnp, 2016).

Como se describió, diversos estudios realizados para diagnosticar el estado del ordenamiento territorial en los municipios colombianos, han permitido identificar que la mayoría cuentan con planes que superaron la vigencia, requieren actualización y no están preparados para superar las deficiencias y los desequilibrios regionales que han traído las concentraciones demográficas, los procesos de aglomeración/conurbación, la poca especialidad de las economías y las deficiencias de conectividad. Esta situación, sumada a la formulación incipiente de Planes Estratégicos Metropolitanos (pemot) y Planes de Ordenamiento Departamentales (pod), evidencia la “falta de estándares, lineamientos y metodologías comprehensivas y acordes con los parámetros internacionales, [así como] la insuficiencia en los esquemas de asistencia técnica y acompañamiento [para la creación de instrumentos], y las bajas capacidades institucionales para la gestión del suelo urbano y rural” (dnp, 2016, p. 03).

Con base en lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación plantea 14 variables urbano-rurales que los instrumentos de planificación y gestión deben asumir para superar las condiciones que impiden concebir territorios inteligentes con prospectiva y calidad: crecimientos poblacionales, grados de urbanización, competitividad, uso eficiente y sostenible del suelo, diseño y ejecución de sistemas viales y de transporte inteligentes, expansión sostenible de las redes de servicios públicos, gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, protección y conservación de los recursos naturales, fortalecimiento fiscal, aumento en la eficiencia de la inversión pública, atracción de la inversión privada, dotación de equipamientos urbanos y gestión del espacio público con criterios de accesibilidad, cobertura y calidad y conservación de los patrimonios arqueológico, arquitectónico, histórico y cultural (dnp, 2016).

Derivado de esto y coherente con las nociones del Plan Nacional de Desarrollo 2014-20189 y el Sistema de Ciudades de Colombia, la Política General de Ordenamiento Territorial propone combinar, mediante la asistencia técnica, “una mirada multisectorial y regional para promover el desarrollo desde y para las regiones como estrategia fundamental para un crecimiento económico y social que incluya a todos los colombianos” (dnp, 2016, p. 16). Se plantea entonces, fortalecer la articulación de una nueva generación de instrumentos de planificación10como medio para apropiar un modelo de ordenamiento local, integral, actualizado y concertado con las diferentes comunidades y sectores responsables de la transformación del territorio.

En estos escenarios de fortalecimiento, el conocimiento y el ordenamiento del territorio se convierten en los ejes articuladores de la inversión pública con los instrumentos de planificación y gestión, siendo estos últimos determinantes para el desarrollo integral de las ciudades y las regiones debido a su rol de balancear el equilibrio entre lo rural y lo urbano y de orientar el desarrollo hacia el cierre de brechas y la sostenibilidad. En este orden de ideas, la riqueza que posee el país en instrumentos técnicos para orientar las acciones que materializan la visión del territorio nacional (territorialidad) se convierte en la plataforma para decantar e incorporar los determinantes de la construcción social y de los principios del enfoque socio-territorial del desarrollo en la gestión sostenible del territorio.

Ahora bien, con el objetivo de fortalecer la planeación a largo plazo con esta visión e integrar el componente social con las dimensiones urbana y rural, el dnp definió la creación de tres comisiones para el diagnóstico, el seguimiento y la validación de las metas propuestas en temas de desarrollo: 1) Misión para la Equidad y Movilidad Social, 2) Misión para la Transformación del Campo y 3) Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades de Colombia. Los resultados de sus estudios no solo concluyeron la situación actual del ordenamiento territorial, sino también permitieron delimitar la primera fase de ejecución del Programa pot Modernos, el cual incluyó ciento ocho (108) municipios, cinco (5) áreas metropolitanas, doce (12) departamentos, el 33,5 % de la población y el 24,7 % de la superficie total del país (figura 10).

A la fecha, esta asistencia técnica focalizada ha permito avanzar pausadamente en el fortalecimiento de los instrumentos de planificación y gestión y, a su vez, encontrar los datos que permiten evaluar si las ciudades colombianas poseen las condiciones para brindar calidad de vida a sus habitantes desde una perspectiva multidimensional. Para el Gobierno Nacional, esta definición sintetiza la idea de una ciudad moderna o un territorio inteligente y viabiliza la elaboración de una herramienta de medición para el desarrollo integral de las ciudades y las regiones en los ámbitos social, económico, tecnológico, ambiental e institucional: índice de Ciudades Modernas (icm).

Este valor permite ponderar las variables relacionadas con los retos que trae consigo el aprovechar los beneficios de los procesos de urbanización y reducir los costos sociales, abordar temas fundamentales para identificar las potencialidades que poseen los territorios, definir intervenciones estratégicas y realizar seguimiento a las acciones generadas desde la gestión. Es así como el análisis multidimensional que se configura, como bien lo diría Monnet (citado en Jolly, 2012, p. 4), desde los referenciales que constituyen una visión del territorio nacional, se logra dimensionar en seis ámbitos: 1) sostenibilidad, 2) ciencia, tecnología e innovación, 3) equidad e inclusión social, 4) gobernanza, participación e instituciones, 5) productividad, competitividad y complementariedad y 6) seguridad. Además, se identifican 15 dominios y 36 indicadores de los cuales el 75 % (27 en total) se encuentran alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.