Este hecho, considerado como uno de los principales avances de América Latina8 en materia de adopción y territorialización de los ods, quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en el cual se expone la visión del Gobierno Nacional y se define la necesidad de incorporarla en las políticas de las entidades territoriales para generar convergencias que coadyuven en el cierre de las brechas detectadas para los componentes urbano, rural y regional del país. Al respecto, el documento define que la sostenibilidad se debe entender “como un enfoque transversal y envolvente que busca el bienestar económico y social de la población para asegurar la base de los recursos naturales que proveen los bienes y servicios ambientales que el país necesita para lograr un desarrollo económico sostenible” (Conpes y dnp, 2018, p. 11) y ordena su espacialidad por medio de los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, la Misión Crecimiento Verde y la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo post2015 y sus ods.
De esta manera, los ods se convierten en un elemento integrador de todas las agendas del desarrollo en Colombia y en la visión transformadora que plantea los retos más importantes para los próximos veinte años. Así, se fortalece la idea de que la sostenibilidad se convierte en el conjunto de valores que no solo estructura las representaciones y los significados del territorio, sino que también condiciona las acciones sobre el mismo, siendo su gestión el medio para pasar del pensamiento a la acción, del paradigma a la concreción, de la dimensión política a la dimensión espacial, de lo permanente a la transformación. En efecto, la coordinación interjusdiccional e interinstitucional, la alineación o articulación de los instrumentos y las políticas públicas de ordenamiento territorial a diferentes escalas, y la incorporación de diversos actores como los garantes en el cumplimiento de las metas, son los recursos que utiliza el Gobierno Nacional para trasnversalizar los ods en el sistema de ciudades y adoptar una visión a largo plazo que permita la estabilidad y la consistencia de la implementación de políticas públicas.
Para el periodo 2016-2019, el Departamento Nacional de Planeación buscó garantizar la incorporación de los ods en la totalidad de los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, pero con diferentes grados de apropiación. En un análisis realizado por esta entidad acerca del tema, se concluyó que el 24 % de las entidades incluyó los ods en todos los componentes generales y presentó una relación explícita con los programas, subprogramas, metas e indicadores de su plan; el 38 % incluyó los ods en más de un componente general y el restante 38 % de los municipios solo incorporó esta visión en al menos una sección (figura 9). De ahí que otro de los principales retos de la gestión sostenible del territorio sea consolidar la sostenibilidad y sus objetivos como uno de los referenciales sectoriales desde el cual se configure “la manera cómo los actores perciben los problemas, discuten de las soluciones y lo que orienta sus acciones” (Müller, citado en Jolly, 2018, p. 11).
Figura 9. Grado de incorporación de los ods en los pdt, 2016-2019
Fuente. Adaptado según datos y planos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Documento Conpes 3918. Estrategia para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Colombia, por Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia (p. 12), 2018, https://bit.ly/35gPFaP
Considerando lo anterior, resulta interesante plantear que un ordenamiento territorial articulado con los ods representa una política pública que debe orientar la gestión del desarrollo hacia el cierre de brechas y desigualdades entre los diferentes grupos sociales, brindando a la totalidad de la población las capacidades y las herramientas necesarias para vivir plenamente (Conpes y dnp, 2018). No obstante, el engranaje que se requiere para este asunto debe diseñarse a partir de profundas reflexiones que integren los componentes del ordenamiento territorial en sus diferentes escalas con la totalidad de las dimensiones del desarrollo, lo que involucra una integración y alineación de la gestión territorial del país.
Siguiendo esta lógica, el dnp adopta la gestión pública orientada por resultados como el marco de referencia para la definición de indicadores y metas, territorializados en las ciudades y las regiones del país. Desde este proceso, que incluye la planeación estratégica, la programación presupuestal, la implementación de programas y proyectos, el seguimiento y la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, se han concretado 156 indicadores medibles a partir de los datos del Departamento Nacional de Estadística (dane) y 15 indicadores trazadores que miden las metas principales del Gobierno Nacional, todos desagregados territorialmente en seis zonas: Región Caribe, Centro-Sur-Amazonas, Centro-Oriente y Bogotá, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos Orientales y Pacífico.
Paralelamente, el Gobierno Nacional ha destacado la necesidad de contar con el acompañamiento de la Academia pues “desde la investigación teórica y aplicada y por supuesto desde su quehacer educativo, tiene una enorme responsabilidad en el ámbito de la innovación y en la formación para la sostenibilidad de futuras generaciones” (Conpes y dnp, 2018, p. 55). La política pública ha denominado esto como las “Alianzas para el Conocimiento” y la “Gestión Integral del Conocimiento”, espacios desde los cuales se identifican 47 metas que pueden ser lideradas desde la academia como líder transformador. Surge entonces la oportunidad de explorar los asuntos coyunturales y estructurales de la agenda que trazará el desarrollo en Colombia durante los próximos 32 años, no solo en el marco de la sostenibilidad como referencial fundamental de la territorialidad, sino también desde el sistema de ciudades como territorio y la gestión como acción que constituye la territorialización.
Los retos de la gestión sostenible en el marco de los territorios inteligentes
Yuval Noah Harari (citado en Alcalde, 2018) en su trabajo “Homo Demus: una breve historia del mañana” ha planteado una reflexión interesante: “por primera vez en la historia no sabemos cómo será el mundo en los próximos veinticinco años” (p. 2). Procesos de cambio acelerado y disruptivo sin precedentes, impulsados por las nuevas tecnologías, no solo están generando paradigmas emergentes en diferentes aspectos de la sociedad, sino que también han incrementado el grado de incertidumbre que caracterizan los escenarios de transformación del territorio. Al respecto, Ignacio Alcalde (2018) expone que el mundo ha llegado a una era digital y urbana en la que las comunidades se encuentran hiperconectadas por múltiples mecanismos físicos y tecnológicos, y en la que las ciudades y regiones han asumido un protagonismo único al albergar realidades superpuestas que se alinean para constituir las dinámicas y los procesos de los actuales sistemas territoriales.
Se establece así, en palabras de Vegara y De la Rivas (2016), un nuevo horizonte urbanístico que obliga a repensar las formas de habitar el territorio, no solo desde las convergencias que implica la interdisciplinariedad, sino también desde las capacidades que poseen las comunidades para descubrir la inteligencia de su territorio y gestionar su transformación. En este contexto, no se hace referencia a un proceso asumido exclusivamente por las corrientes de pensamiento que han definido el diseño y la construcción del hábitat, por el contrario, se reconoce la necesidad de definir, consensuar e implementar una visión del futuro sostenible e innovadora en torno a las comunidades que apropian un ámbito espacial determinado con el propósito de fortalecer sus condiciones de desarrollo e incorporar tecnologías para mejorar su calidad de vida.
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