Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

Derivado de esto último, ante la ausencia de un mercado de compentencia perfecta, el mercado competitivo se convierte en la mejor opción como mecanismo de asignación de recursos (Wiemar y Vining, 2011). Lo que tiene implicaciones concretas en el diseño y estructuración de las políticas públicas que estarán orientados a dos programas de intervención íntimamente ligados. Por un lado, la participación directa de los privados en los procesos de política pública a través de mecanismos de privatización, tercerización, concesión, entre otros y, por el otro, a través de diseños institucionales que reproduzcan la lógica de la competencia.

Así como el mercado opera en la asignación de bienes y servicios, la perspectiva neoclásica, en el campo de las políticas públicas, considera que la democracia liberal permite identificar, a través de la competencia entre las alternativas políticas, las preferencias colectivas, lo que afecta en menor medida los valores de libertad e igualdad. Sin embargo, consideran que la competencia en el marco de la democracia tiene igualmente fallas a las que se les denomina fallas de Estado.

Las fallas consideradas como fallas de Estado se agrupan en tres grandes conjuntos claramente interrelacionados desde la perspectiva del sistema y del régimen político. El primero se relaciona con la democracia vista como un mecanismo de elección social. El segundo grupo de fallas se refieren a su estructura organizativa denominadas como disfuncionalidades burocráticas. Finalmente, el tercer grupo lo constituyen las fallas relacionadas con el cumplimiento del mandato y del control.

Las fallas del Estado relacionadas con la democracia se presentan tanto en su versión de democracia directa como en la democracia representativa. Algunas de estas fallas se relacionan con los sistemas de votación, tal como lo señala Arrow (1989), para quien existe una imposibilidad de contar con una regla de decisión que sea consistente y, a su vez, totalmente democrática. Por otro lado, están las fallas derivadas de la estructura de los órdenes de votación que dan origen a los resultados descritos entre otros, en la paradoja de Condorcet, donde el orden de la votación da como resultado la elección de la opción menos preferida o los derivados del voto no sincero o voto estratégico (Ovejero, 2002).

En el caso de la democracia representativa, el dilema de la democracia liberal está constituida por la pregunta frente al tipo de relación entre representantes y representados. Así, por un lado, algunos consideran que los representantes deben responder a los representados en función de los intereses particulares por los que fueron elegidos y, por otro lado, los que consideran que los representantes deben acogerse, en primera instancia, a la representación del interés general, lo que implica un alejamiento de sus representados en la medida en que se debe superponer el interés general a los intereses particulares. Además de lo anterior, se señalan los problemas de representación desde la perspectiva del territorio que comprenden las diferencias en la representación propias de la existencia, ya sea desde grandes concentraciones o desde una amplia dispersión territorial, así como los problemas de representación debido, por ejemplo, a la existencia de grupos sociales en contextos de fuertes inequidades sociopolíticas y económicas.

El segundo conjunto de fallas están relacionadas con las llamadas disfuncionalidades burocráticas o los problemas del Estado derivados de su estructura institucional y organizativa basada en la centralización del poder, así como la autoridad legal racional, la rígida estructura jerárquica, la regulación del conflicto vía el conducto regular, la comunicación escrita, la estabilidad laboral como base de la especialización, entre otras que dan origen a la lentitud y altos costos en la toma de decisiones, la baja capacidad de adaptación, el usufructo del cargo (creación del nido de Perrow, 1990), la excesiva reglamentación, entre otros, que, finalmente, derivan concretamente en ineficiencia en la asignación y utilización de recursos.

El tercer grupo de fallas se relacionan con la corrupción y las fallas de control. La corrupción, fenómeno que tendría una relevancia en términos discursivos y de acción política a finales de los ochenta, se lee dentro de esta perspectiva como costos de transacción. La corrupción, entonces, es una falla de Estado que se concreta en los buscadores de renta, en el riesgo moral y en las fallas de la regulación formal e informal que permiten el abuso del mandato. En ese sentido, la perspectiva economicista plantea que la corrupción es un asunto de responsabilidad únicamente del Estado, ya que el Estado es, en sí mismo, ineficaz en la asignación de bienes y servicios y que, si en algo ha de influir en el mercado, es en el momento en que el Estado intenta regularlo.

No obstante, la comprensión de la corrupción se ha transformado de manera importante en la última década, cuando cada vez más se evidencia y se afirma que la corrupción no es una falla exclusiva del Estado, sino que también afecta las lógicas del mercado (López, 2015), lo cual es clave para explicar las decisiones de los privados soporte a la afirmación de la imposibilidad de la autorregulación de los actores privados en función de los mensajes del mercado (Stiglitz, 2010). Las fallas de control están íntimamente relacionadas con la corrupción y comprenden tanto los costos del control del mandato y de la sanción, como de los costos de información necesarios para hacerlos efectivos.

Como lo señalan Weimar y Vining (2011), no existe una teoría tan fuerte sobre fallas de Estado como la de fallas del mercado. Las fallas de Estado se han ido consolidando ante la necesidad de explicar el giro hacia el mercado y, especialmente, hacia el mecanismo de competencia como base del diseño institucional.

Las fallas del mercado, entonces, se han estructurado en función del modelo de competencia perfecta. Esto significa que las fallas, en algunos de los supuestos del modelo, se constituyen en las fallas del mercado. Es así como se tiene, en primera instancia, las fallas en la información derivadas de la imposibilidad de contar con información simétrica y completa (información perfecta), así como las fallas de la una posición privilegiada en el mercado (monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio), las externalidades como imposibilidad de concentrar en el precio los efectos de la actividad económica, y los bienes públicos cuyo carácter de no exclusión impiden que sean transados de manera eficiente en las lógicas del mercado. Frente a estas fallas, la perspectiva neoclásica considera que el papel central de la economía es el desarrollo de políticas regulatorias, al entenderlas como las políticas orientadas a generar las condiciones para la operación y expansión de mercados competitivos.

Al tener en cuenta lo anterior, desde la perspectiva neoclásica, la pregunta fundamental del análisis de políticas públicas está articulada a la valoración de los costos de las fallas del Estado y del mercado y la tendencia a que la respuesta dé prioridad al mercado o a los mecanismos del mercado. Dentro de esta mirada, se plantea, después de casi tres décadas de participación del tercer sector en los procesos de políticas públicas, ampliar el análisis de costos de las fallas del Estado y del mercado a las fallas del tercer sector. Esto con el propósito de determinar si es posible, dentro de la lógica liberal, ampliar nuevamente el campo de acción del Estado, producto de las fallas del mercado, o bien, reducirla al producto de las fallas del Estado (Kleiman y Tels, 2006), o, como claramente se puede derivar del supuesto inicial, prevalece el mecanismo de competencia. Cualquier tipo de controversia, en tanto se consideren asuntos públicos, pueden ser resueltos por medio de mecanismos de competencia en ámbitos del mercado o por su simulación a través de la creación de mercados institucionales, de procesos de descentralización, de asignaciones de recursos derivadas de estructuras de costos de gestión en escenarios de competencia, o de promover procesos de participación con estructuras de incentivos que promuevan la competencia.