Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

Así, al ser analizados y contrastados los costos de las fallas de Estado, las fallas del mercado y, eventualmente, las fallas del tercer sector, el análisis de políticas públicas se limita a la aplicación de modelos que permitan cuantificar y monetizar las eventuales acciones del Estado, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Enfoques neoinstitucionalistas

Los planteamientos de Herbert Simon (1970), Douglas North (1993) y John Nash (1996) allanaron el camino para dar un salto importante en la comprensión de los procesos de decisión individual y colectiva al ser concebidas las instituciones en escenarios determinados y no en escenarios vacíos, como hasta el momento se habían concebido los procesos decisorios. De esta forma, las instituciones, entendidas como conjuntos de normas formales e informales que regulan los ámbitos de la vida humana, entran a jugar un papel importante en la determinación de las motivaciones humanas, así como en el establecimiento y delimitación de universos de decisión de los individuos y de las organizaciones, en el diseño de normas de interacción y como eje importante en el cambio de dinámica y en el establecimiento de relaciones recíprocas entre organizaciones, individuos e instituciones.

Los planteamientos de Simon (1970) señalan la imposibilidad de la existencia de una racionalidad total debido a que la presencia de las limitaciones de orden cognitivo y cultural pusieron en el centro del análisis su concepto de racionalidad limitada que –sin subvertir el supuesto de un ser humano racional, esto es, de un individuo que toma decisiones bajo el mecanismo del cálculo racional– señaló su imposibilidad de la maximización total. En este sentido, propuso como reemplazo de la función objetivo de maximización, la satisfacción como nueva función objetivo y, al hombre administrativo, como contrapeso al hombre económico. El hombre administrativo, al conocer su entorno y las limitaciones de su condición cognitiva, establece un nivel de satisfacción al cual aspira para, luego, seleccionar igualmente el criterio que operacionaliza el proceso de racionalización como opción que le permite alcanzar el nivel de satisfacción esperado bajo el criterio de eficiencia. Es así como Simon desvirtúa el supuesto de información perfecta del modelo de elección racional al dar lugar a desarrollos importantes en ciencias políticas, administrativas y del comportamiento y, asimismo, señala la relación entre el proceso de cálculo racional con las condiciones de información de los individuos; condiciones tales, que se traducen, según Simon (1970), en marcos institucionales de orden formal e informal.

Por otro lado, North (1993) señaló la importancia de las instituciones en el desempeño económico a partir de su función en la determinación de los marcos de decisión, los cuales reducen la incertidumbre, pues “junto con las limitaciones ordinarias de la teoría económica, determinan las oportunidades que hay en una sociedad” (North, 1993, p. 18). De igual forma, los marcos definen tanto la estructura de las reglas, como los sistemas de obligatoriedad y los pagos positivos y negativos que se recibirán de acuerdo con las decisiones adoptadas por los individuos y por las organizaciones.

Estos elementos se reflejan en la eficiencia de las organizaciones, pues estas “dependen de percibir y realizar esas oportunidades (las probabilidades del éxito para captar utilidades potenciales). En la medida en que hay muy buenas razones para influir en las normas y en su cumplimiento obligatorio” (North, 1993, p. 115), al tener en cuenta las limitaciones informales que surgen de los contextos históricos y culturales de las sociedades y las economías.

Con ello, North identifica la existencia de instituciones eficientes, las cuales pueden ser leídas en dos sentidos: por un lado, como las instituciones que orientan claramente la toma de decisiones hacia la obtención de resultados eficientes y que permiten la operación del mercado y, por otro, como las instituciones que, desde la formulación e implementación de políticas, promueven la reducción de costos, como son los costos de transacción, lo que genera una afectación menor en la dinámica del mercado.

De igual forma, John von Neumann y Oskar Morgenstern (2007), a través de la teoría de juegos, y los desarrollos de Nash –quien evidenció las limitaciones en la obtención de resultados eficientes a partir de la agregación de decisiones individuales racionales– señalaron la importancia determinante de las reglas en las decisiones. Así, desde la perspectiva de la teoría de juegos, cualquier interacción puede modelarse como un juego y, por tanto, se presenta como la piedra angular para dar soporte a las ciencias sociales y a la posibilidad de una teoría racional de la sociedad (Elster, 1997). Sin embargo, para otros existen aportes importantes, especialmente para rebatir la perspectiva neoclásica frente al mecanismo de decisión individual (Hargreaves y Varoufaquis, 2002).

Lo anterior ha dado origen a diversos desarrollos en el campo de las políticas públicas en las últimos tres décadas. Se puede identificar, por ejemplo, líneas de trabajo importantes frente a las políticas regulatorias, donde estas se entienden como las políticas orientadas a que las empresas puedan operar en arreglos de mercados competitivos y que, además, tomen decisiones orientadas a la maximización de beneficios (North, 1993; Weimer y Vining, 2011). En el marco de estos análisis, se destaca la teoría del agente –principal desde la perspectiva de la economía política–, la cual analiza los problemas de información asimétrica y, en este caso, las relaciones del gobierno con las empresas, los operadores y los consumidores como participantes de los procesos de políticas públicas (Lane, 2005; Noll, 1999).

Por otro lado, la perspectiva neoliberal y su vínculo con el neoinstitucionalismo ha permitido que en el campo de las políticas públicas se parta del supuesto según el cual el mercado es la institución más eficiente en la asignación de bienes y servicios (Weimer y Vining, 2011), con la consecuente implicación de que los procesos de políticas públicas se entiendan, por un lado, como estructuración de marcos de incentivos positivos y negativos para orientar decisiones de orden individual y colectivo en la toma de decisiones racionales; y, por el otro, como procesos para la provisión de bienes y servicios públicos, con lo cual es necesario la creación de mercados institucionales y la reproducción en el diseño institucional de la lógica de la competencia.

Entre los aportes más recientes e importantes, se encuentran la propuesta de Elinor Ostrom, premio nobel de Economía 2009, quien centra su estudio en los bienes comunes bajo la idea de autogobierno y arreglos institucionales vinculantes y propone formas autogestionarias de administración de bienes comunes frente a las tradicionales salidas representadas en el Estado y el mercado (Ostrom, 2005). Para ello, se apoya en el neoinstitucionalismo, el cual brinda a la elección racional un elemento de carácter estructural para analizar el proceso de toma de decisiones, esto es, que el individuo y las organizaciones como tomadores de decisiones estén sujetos no solo a su lógica racional, sino al marco de instituciones formales e informales en el cual están circunscritos.

Sustentada en esta idea fuerza, Ostrom (2005) concentra su atención en el estudio de las reglas al considerar que son estas las que pueden ser transformadas y generadoras de cambios en los comportamientos. Para ello, la autora propone una sintaxis en el análisis de las normas, la cual aborda cinco componentes: “atributos”, “deontológica”, “objetivos”, “condiciones” y “y si no…” (o ADICO). La modificación de cualquiera de estos cinco componentes cambiaría las condiciones para la elección individual y colectiva (Ostrom, 2005). Dentro de este marco, Ostrom va a demostrar cómo el conjunto de instituciones informales, ligadas fundamentalmente a la cultura, se constituyen en un factor determinante para el análisis y construcción de formas organizativas de administración de bienes comunes. No obstante, en su análisis de las instituciones informales no permite desligarse del cálculo racional para operacionalizar las transformaciones en los comportamientos de los individuos derivados de la manipulación de los componentes de las normas. Lo anterior se debe a que toma la teoría de juegos como soporte teórico en la modelación de los comportamientos y esto requiere, necesariamente, de la agrupación de opciones, del establecimiento de unos mínimos de ordenación de preferencias, de la definición de los resultados esperados y de mecanismos de comparación de costos y beneficios a partir de los cuales serán validadas las diferentes opciones, es decir, desde el cálculo racional.