Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

En contraposición, el reconocimiento de la complejidad humana y, con ello, de la complejidad social, no le permite evidenciar los problemas del poder y del Estado que subyacen tras los procesos de política pública, aún cuando se esté abordando el problema de bienes comunes. En esta medida, a pesar de reconocer la importancia de la contextualización, de la identificación y análisis de las instituciones formales e informales en el cual se circunscriben los procesos, no existe ninguna referencia que reconozca al menos cuatro aspectos importantes: las fuentes de poder existentes en cada contexto, la dinámica que adopta las asimetrías existentes, la legitimidad y la capacidad del régimen como salvaguarda de los bienes comunes. Estos puntos, sin lugar a dudas, son fundamentales en al menos tres aspectos: primero, para comprender el papel de la política en los procesos de acción colectiva de manera general y, específicamente, en los procesos de política pública; segundo, en la comprensión de la dinámica de las instituciones; tercero, en la comprensión de las posibilidades de establecimiento de nuevos escenarios de cooperación como conditio sine qua non del manejo de bienes comunes.

Estudios como los de North (1993) representan una línea de análisis que centra sus estudios en la importancia de la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la reputación como elementos que operan, en la mayoría de los escenarios, bajo la estructura de dilemas sociales en la identificación y análisis de las instituciones como marcos para la gestión de bienes públicos y comunes. En esta perspectiva, se destacan los trabajos de Elinor Ostrom y James Walker (2002), Nick Hanley, Jason Fredrick, Ben White (2002), Russell Hardin (2002; 2004), Karen Cook, Russell Hardin y Margaret Levi (2005), Robert Axelrod (1989), Mancur Olson (1992), entre otros. Dentro de esta misma línea, se pueden ubicar los estudios sobre el fortalecimiento de instituciones democráticas como elemento en el diseño de políticas públicas (Conglenton y Swedenborg, 2006). En este sentido, también se encuentran los estudios sobre el diseño institucional y los sistemas de votación (Arrow, 1989; Frey y Stutzer, 2006), así como los estudios sobre descentralización, mecanismos de participación y constitución de escenarios de deliberación y participación de las cortes en la configuración de políticas públicas (Bozeman, 2000).

En el caso latinoamericano, la perspectiva neoinstitucionalista ha jugado un papel fundamental en los cambios institucionales propuestos para soportar, en un primer momento, el tránsito del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones al modelo de desarrollo neoliberal y, en un segundo momento, para dar cuenta de los procesos de la llamada transición democrática. Es así como, claramente lo señalan Shahid Burki y Guillermo Perry (1998), las razones que explican los resultados precarios de la instauración de las reformas estructurales no pueden encontrarse en el mismo modelo neoliberal, sino en las fallas institucionales. Por ello, se propone una segunda etapa de reformas denominadas de segunda generación que, en una perspectiva normativa (es decir, con el fin de generar las condiciones de funcionamiento del mecanismo de competencia), se han constituido en un pilar importante de las reformas en los campos de intervención pública, tanto en el marco de las instituciones formales, como en los contenidos de la intervención, principalmente en las políticas públicas, donde las mismas cobran valor como estructuras de incentivos positivos y negativos que orientan el comportamiento individual y social.

De esta manera, los procesos de políticas públicas se direccionan a partir de la capacidad de modelación de las instituciones para obtener comportamientos racionales tanto de los individuos, como de las organizaciones. Se considera, de manera previa, que estos comportamientos llevan a elevar la eficiencia global del sistema y, con ello, a alcanzar el crecimiento económico y los objetivos de bienestar social propuestos, los cuales claramente están alineados en función de una perspectiva de futuro señalada por la lógica del progreso.

Perspectivas sistémicas

El enfoque de sistemas, sin lugar a dudas, ha impactado las formas de comprensión de la realidad y esto ha dejado huella en el campo de la ciencia política. David Easton (1969), con la categoría de “sistema político”, permitió el desarrollo de una línea de análisis de políticas públicas en la cual el proceso se concibe como una transformación de insumos y demandas de la sociedad en políticas públicas, entendidas como respuestas del sistema político. En esta perspectiva, se inscriben también los modelos de los autores que cita y articula por Wayne Parsons (2007), para quienes los insumos de políticas están constituidos por percepción/identificación, organización, demandas, apoyos o apatías. En función de esas demandas, se generan políticas públicas de diverso orden y se obtienen resultados que pueden ser de aplicación, cumplimiento, legitimación, entre otros. Otro aporte importante en la perspectiva sistémica la ha hecho William Dunn (2008), para quien el análisis de políticas públicas es un proceso de investigación multidisciplinaria dirigido a crear, evaluar y comunicar información para comprender y proveer políticas públicas. En esta medida, la lógica sistémica se sustenta en la obtención y procesamiento de información que tiene una función fundamental en la estructuración del problema.

Finalmente, dentro de los desarrollos de la perspectiva sistémica, están los aportes de la dinámica de sistemas que, como dispositivo, asume el proceso de políticas públicas como sistemas dinámicos (Gil-García, 2010) y que ve, en los procesos de simulación, vía modelación, una herramienta robusta para el análisis de políticas públicas. En esta corriente, son importantes los aportes de Flood y Jackson (1991) para la teoría de las organizaciones y las decisiones. Estos autores proponen una taxonomía de las metodologías basadas en análisis de sistemas para diversos tipos de problemas clasificados en función de la complejidad y del tipo de relación de los actores. De esta forma, los problemas organizacionales se abordan a partir de dos variables: por un lado, la complejidad del problema y, por el otro, el nivel de acuerdo o desacuerdo entre los intereses y los valores de los actores.

A pesar de que la teoría de sistemas traslada la base de la explicación a la existencia y dinámica del sistema, los desarrollos en el campo de las políticas públicas adoptan el modelo básico del sistema (inputs, caja negra, outputs), ajustado a escenarios de democracias liberales. Por tanto, la lectura de inputs, entendidos como las demandas al sistema político, son satisfechas a través de las políticas públicas (outputs del sistema), al tener en cuenta que la caja negra es el lugar del análisis de políticas públicas. En la versión de Dunn, la capacidad de la caja negra está determinada por las posibilidades de procesamiento de la información y, en términos de Flood y Jackson (1991), se plantea la necesidad de tener en cuenta que ese procesamiento de la información depende de la complejidad del problema a tratar y de la posición de los actores frente a él.

Políticas públicas basadas en evidencia

El enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, cuyos antecedentes están en el enfoque de medicina basada en evidencia del siglo XIX, va a tener un desarrollo importante en la década de los noventa en el Reino Unido, donde se adoptó como una estrategia para superar la crisis del sistema de salud (Bedregal y Cornejo, 2005). Dicho enfoque, como perspectiva, recogió el proyecto original de Lasswell, en el sentido de construir información científica en la toma de decisiones y en el que predominaban las estrategias metodológicas de orden experimental y cuasi experimental. En este sentido, la construcción de modelos y la estructuración de pilotos fueron estrategias importantes en la producción de información, así como las afirmaciones soportadas en datos duros que fueron la base en la toma de decisiones (Davies, 1999, 2004; Pfeffer, 2006) y como fuente de información en la promoción de la innovación en políticas públicas.