Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

La distinción entre economía conductual y la nominación de ciencias del comportamiento aplicadas a la política es una propuesta realizada por Kahneman (2003), quien considera que tanto la denominación de economía del comportamiento o psicología social llevan a confusiones en la medida en que los psicólogos no son economistas y no intentan pensar como tales. El punto central, según Kahneman, es cómo la psicología, como disciplina cercana a la ciencia política y a la economía que puede contribuir a la comprensión del comportamiento humano, tiene un impacto directo en las políticas públicas. Por tanto, Kahneman (2003) considera que son tres los pilares de comprensión de la ciencia política y la administración pública: la economía, la política y la psicología. Esta última, según este autor, debería ser la base de formación de politólogos y administradores públicos.

Ahora bien, al tener en cuenta el mapa anterior es posible identificar características recurrentes que determinan una identidad de los enfoques abordados y que justifican su clasificación como enfoques objetivistas. En primera instancia, los autores analizados comparten la relación epistemológica de la objetividad sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. Con ello se plantea que existe un mundo ajeno a la existencia del sujeto que es susceptible de ser conocido y aprehendido. Esto implica la existencia de un sujeto absoluto frente a una realidad que requiere ser descubierta. Sin embargo, en el campo de las políticas públicas, el descubrimiento de la realidad parte de tres supuestos sobre el funcionamiento del orden social y político, a partir del cual se tejen los análisis sobre políticas públicas. El primer supuesto hace referencia al orden social, producto de una lógica individual donde ha predominado la visión de la sociedad como sumatoria de individuos o la comprensión del fenómeno organizacional de los seres humanos como un costo a la libertad individual (Olson, 1992).

El segundo supuesto asume al Estado como la institución que permite a la sociedad salir de un estado de naturaleza a un orden en el cual es posible la vida pacífica. Esta visión del origen del Estado es propia del iusnaturalismo (Bobbio y Bovero, 1996), donde el estado de naturaleza se caracteriza por la existencia de individuos aislados que orientan sus acciones por las pasiones, instintos e intereses, lo que hace imposible la realización individual. A pesar de ser esta la norma general dentro del modelo iusnaturalista, existen diferencias entre los autores frente al carácter real o hipotético del estado de naturaleza, así como frente a la connotación positiva o negativa. En cuanto al carácter real o hipotético, se destacan las posturas de Thomas Hobbes y John Locke (Bobbio y Bovero, 1996), para quienes la sociedad natural es esencialmente una categoría hipotética pero nunca un hecho real; contrario a lo que plantea Jean Jacques Rousseau, quien considera que la vida de los pueblos salvajes es el ejemplo típico de lo que es una sociedad natural. El segundo aspecto, relacionado con la connotación positiva o negativa de estos puntos de partida, merece la siguiente precisión y es que, a pesar de la existencia de diferencias en cuanto a considerarlo un estado belicoso (Hobbes y Spinoza) o un estado de paz pero inestable (Punferdof y Locke), los autores coinciden en la necesidad de salir del estado de naturaleza para alcanzar la realización de los individuos. La vía de superación del estado de naturaleza es la realización de un contrato social, por medio del cual todos los individuos entregan parcial o totalmente sus derechos naturales, con el fin de alcanzar mayores beneficios que se derivarían de su nueva condición como hombres civiles. Es así como el consenso, sea explícito o implícito, se constituye en la base de legitimación del Estado moderno, el cual no entra en cuestión en los enfoques de políticas públicas.

El tercer supuesto hace referencia a la idea de progreso bajo la cual se entiende la existencia de un orden donde se asume que las políticas públicas son el instrumento que restablece el orden, en el entendido de que los problemas que enfrentan son expresiones de algún tipo de desorden que es necesario deshacer. En este sentido, las políticas públicas están amarradas a un imaginario de orden social que se lee en clave de progreso. Este último entendido en sus expresiones de bienestar material va a ser actualizado en el marco del modelo neoliberal, de economía capitalista y de una democracia liberal, las cuales reproducen el mecanismo natural que permite la evolución y genera eficiencia. La eficiencia se constituye en el criterio de decisión principal frente a las alternativas de política, mientras otros criterios, como la justicia y la equidad, se entienden como auxiliares. En ese sentido, los diseños institucionales y las estrategias de políticas públicas promovidos y establecidos se fundamentan en la estructura de mercado. De manera tal que la tercerización, la privatización, las concesiones y la creación de mercados institucionales son los mecanismos propios de soporte de las políticas públicas y el escenario de relación política entre los sectores sociales y sus formas organizativas, la institucionalidad pública y los privados.

A partir de esta referencia sobre el tipo de Estado y a la orientación de la acción de la sociedad, se dan por descontadas las preguntas políticas de las políticas públicas, tales como: ¿qué nos une?, ¿cuál es nuestro proyecto de sociedad que debe orientar los procesos de políticas públicas?, ¿cómo lo podernos construir?, entre otras no menos importantes.

En segunda instancia, los autores se refieren a la condición de lo humano y a la lógica de la racionalidad instrumental. Partir del ser humano como un ser racional va a tener al menos tres implicaciones: la primera de ellas es soportar la dicotomía entre lo racional y lo irracional que sustenta además la diferencia entre lo humano y lo natural, entre el animal humano y los otros humanos y deriva en la ruptura entre el pensamiento, el sentimiento y las lógicas de trascendencia. La segunda implicación es la de supeditar los procesos de decisión individual y colectiva al cálculo racional que impactan de manera concreta los análisis de políticas públicas en al menos dos sentidos: por un lado, como soporte de los procesos de modelación del comportamiento y, por otro, como definición del criterio de eficiencia como el central para la decisión. La tercera implicación es considerar que el único conocimiento válido se obtiene a través de la aplicación del método científico que se constituye en otro nivel de operacionalización de la racionalidad instrumental, es decir, en el proceso de conocimiento.

La concepción de la realidad en términos de orden/desorden/nuevo orden está anclada a una concepción dicotómica de orden/desorden. De esta manera, la realidad está regida por un orden, cuyo desarreglo se traduce en desorden, que es necesario intervenirlo y que la ciencia tiene como propósito descubrir. Frente al desorden, es necesario retornar al orden, donde las políticas públicas se entienden como dispositivos ordenadores de la sociedad y de sus problemas.

En tercera instancia, la relación epistemológica de la objetividad asume la dinámica de la vida atada a las lógicas de causalidad lineal y, con ello, todo proceso puede ser leído desde los principios de la física mecánica como acción/reacción que se constituye en una de las dicotomías centrales de las cuales se derivan tres dicotomías que configuran la lectura de las políticas públicas. La primera de ellas es poder y contrapoder, lo que limita la lectura de las relaciones de poder y de sus manifestaciones institucionales en órdenes de la jerarquía y de las díadas de relación arriba/abajo, abajo/arriba, donde se privilegia la primera sobre la segunda. La segunda es la dicotomía causa/efecto, la cual va determinar el universo metodológico de las políticas públicas al señalar que cualquier análisis de políticas públicas parte de la identificación del problema de política para luego establecer sus causas que, al ser intervenidas, llevarán al manejo o solución del problema. Las causas que se relacionan entre sí y con el problema solo lo hacen de forma lineal, lo que limita con ello la complejidad del análisis e ignora las lógicas dialécticas, es decir, las causalidades circulares o redes de causalidad, cuya trama lleva a identificar condiciones de emergencia, como se verá más adelante. El ejercicio de reducción se hace en función de la concentración de la atención organizacional del Estado y de la sociedad y de la eficiencia de la intervención. La tercera dicotomía trata sobre el problema/solución que asimila las políticas públicas como las soluciones a los problemas sociales. Esta mirada alimenta los análisis superficiales de los problemas de políticas públicas que se realizan al considerar que estos problemas son estructurados, es decir, que es posible identificar sus causas y relaciones entre ellas y que por ello son susceptibles de control y son dóciles y que, una vez intervenidos, se terminan. Así pues, se desconoce que en esencia son problemas complejos y perversos.