Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

La similitud en el trasfondo social (social background) entre la burguesía y los miembros de la élite estatal (como el alto gobierno, militares, el servicio civil, entre otros).

El poder de la burguesía para ejercer presión a través de redes y contactos personales para la obtención de beneficios.

Las restricciones impuestas al Estado por el poder del capital.

Según lo dicho con anterioridad, las políticas públicas son solo expresiones del carácter instrumental del Estado. Por otra parte, están aquellos que reconocen una dimensión de autonomía del Estado y que comparten en esencia la posición marxista de comprenderlo como una relación social. En esta línea de discusión, están Nicos Poulantzas (1991), James O’Connor (1973), Jessop (1982), entre otros, quienes ven en la acción del Estado no solo la concreción de la persecución de los intereses del capital, sino que señalan, en función de su autonomía, el papel contradictorio y paradójico que tienen las acciones del Estado frente a los mismos. La importancia de sus planteamientos en la comprensión de las políticas públicas es su preocupación por los mecanismos de intervención del Estado.

En el primer caso, al evidenciar su materialidad institucional. En el segundo caso, a través del análisis de las finanzas públicas. Y en el tercero, al profundizar en una perspectiva relacional del Estado para explicar sus cambios en el marco de las transformaciones de la sociedad y del sistema capitalista.

Desde aquí, partir del reconocimiento de una autonomía relativa del Estado permite comprender que sus mecanismos de intervención, dentro de los cuales están las políticas públicas, no solo pueden verse bajo el compromiso directo con los intereses del capital, sino que se ven acciones positivas, denominadas así por Poulantzas (1991), con el fin de mantener las relaciones de poder y de generar situaciones de consenso, o de contribuir a la reproducción del capital con acciones de regulación y gobernanza, de acuerdo con Jessop (1982), o funciones de legitimación, en términos de O’Connor (1973).

En el marco de estos puntos de acuerdo, también existen diferentes líneas de análisis que son pertinentes tener en cuenta, porque pueden cumplir una función complementaria en la comprensión de las políticas públicas. Por un lado, Poulantzas (1991) afirma que el Estado tiene un papel constitutivo en la existencia y reproducción de los poderes de clase, pero que el Estado, en sí mismo, no agota ni el poder ni la lucha de clases. Por otra parte, Poulantzas afirma que el Estado es un aparato especial y que, por tanto, no todas sus acciones pueden ser entendidas solo como acciones de dominación política, sino que claramente están constituidas por esa dominación y por las relaciones que las soportan (Poulantzas, 1991). En este sentido, Poulantzas identifica que el Estado no solo produce acciones en el sentido negativo, es decir, en el sentido del ejercicio de la dominación, sino que igualmente produce acciones positivas que buscan la generación de un consenso, no solo en el plano de la ideología, sino que además están soportadas en medidas materiales positivas. Con ello pretende salir del binomio represión-ideología (Poulantzas, 1991). En el marco de esta serie de medidas positivas, se despliega lo que hoy se llama políticas públicas, las cuales concretan en su abordaje de la problemática social las lógicas de división del trabajo (como son salud, educación, seguridad social) y fundamentan su lógica argumental de intervención en una de las divisiones centrales del capitalismo entre trabajo manual y trabajo intelectual. El Estado se concibe, entonces, como uno de los aparatos que encarna la separación entre estos tipos de trabajo (Poulantzas, 1991). Esto da paso a uno de los escenarios de legitimación ideológica del poder bajo la forma de técnica científica (Poulantzas, 1991) que, en últimas, en el campo de las políticas públicas, es su principal eje de legitimación tanto en la dimensión académica, como en la dimensión de la intervención que muchos autores entienden como separada.

Por otra parte, James O’Connor pretende desarrollar una teoría económica del crecimiento en sistemas avanzados –en especial en el caso de Estados Unidos– a partir del análisis de la relación entre gasto privado y gasto público, desde el cual logra rastrear sus implicaciones en políticas públicas. Su análisis parte de dos premisas básicas y dos tesis: en la primera de las premisas, O’Connor (1973) afirma que el Estado capitalista tiene dos funciones centrales: la acumulación y la legitimación, entendida esta última como “las razones que ofrece el Estado para ocultar los verdaderos objetivos de su programa de acumulación” (p. 322). La segunda premisa señala que la crisis fiscal solo puede ser entendida a partir de las categorías marxistas: capital social, constituido por los gastos que requiere el proceso de acumulación y por los gastos sociales como los gastos necesarios para mantener la armonía social (pp. 26-27). Las tesis que desarrolla O’Connor se refiere, en primera instancia, a que el crecimiento de las actividades y, con ello, los gastos del Estado, son causa y efecto de la expansión capitalista monopolista y, segundo, que la acumulación de capital social y los gastos sociales son un proceso dialéctico que genera tendencias hacia las crisis que se manifiestan en diferentes órdenes (económicas, sociales y políticas) (O’Connor, 1973, p. 29).

De esta forma, O’Connor explica cómo el aumento de los gastos en acumulación de capital social está directamente relacionado con las necesidades de acumulación privada, tanto en términos del capital físico (v. gr las comunicaciones) como del capital humano (v. gr. la producción de conocimiento y la integración de ciencia y técnica), los cuales terminan siendo procesos de socialización de costos del capital monopolista (es decir, costos que este capital no asume exclusivamente). Además, O’Connor señala cómo los gastos del consumo social se destinan a dos líneas de gasto: los bienes y servicios de consumo colectivo y los gastos en protección social contra la inseguridad económica. Sin embargo, al alejarse de la perspectiva marxista ortodoxa, el autor considera que los gastos en inseguridad económica, específicamente el gasto en seguro social, debe catalogarse como gasto en capital social, porque contribuye fundamentalmente a la acumulación y al incremento de la producción y que es una evidencia más de cómo el excedente social continúa siendo apropiado por el sector privado.

O’Connor explica de esta manera que para él las acciones del Estado –incluyendo a las políticas públicas– permiten concretar el papel del este dentro del sistema capitalista a través de las funciones de acumulación y legitimación, las cuales operan de manera contradictoria pero que buscan, por un lado, el consenso para la estabilidad y, por otro, socializar los costos que el sector privado no quiere o no puede asumir en el crecimiento de la producción. En este marco, puede leerse cómo las políticas públicas no están determinadas por la oferta y la demanda de bienes –sean públicos o privados–, sino que evidencian estructuralmente los conflictos económicos y sociales, los cuales circulan por el sistema político (O’Connor, 1973, p. 30). Es por esto que el autor considera que la lucha de los movimientos sociales y las luchas por los procesos de democratización se constituyen en una vía importante de transformación y de triunfo de la sociedad sobre el Estado y el capital (O’Connor, 1973, p. 333). Asimismo, señala cómo los límites de la democracia representativa profundizan las diferencias e inequidades sociales y deja a la clase trabajadora y a los discriminados y excluidos del sistema en condiciones estructurales de mayores desventajas.