Jenny Elisa López Rodríguez - Políticas Públicas y omnijetividad

Uno de los aportes centrales es que el análisis narrativo permitirá contribuir al estudio de los problemas sociales caracterizados por su complejidad, por la incertidumbre y por estar en medio de la disputa política (polarización) y, con ello, ofrecer otra mirada a los enfoques tradicionales de las ciencias económicas, administrativas y organizacionales, propias de lectura cientificistas de las políticas públicas.

Majone (2000) plantea una concepción dialéctica de las políticas públicas, según la cual, en los sistemas de gobierno donde sea posible la deliberación pública, el análisis de políticas públicas tiene que ver más con el proceso de argumentación que con las técnicas formales de análisis y de planteamiento de soluciones de problemas públicos (Majone, 2000). Por ello, considera que hay dos ejes fundamentales por tener en cuenta en los procesos de políticas públicas, los cuales son la argumentación y la persuasión. En virtud de ellos, el autor plantea el papel del analista, quien no solo es responsable de las restricciones técnicas, sino también de comprender las restricciones del contexto que permitan alimentar los escenarios de deliberación pública. Esto último implica a su vez asumir la tensión dialéctica entre lo practicable y lo ideal (Majone, 2000) y que se pueda comprender y evidenciar el lugar de los órdenes de realidad impuesto por las restricciones, así como también la superación de la frontera frente a lo políticamente posible; de aquí que el criterio fundamental, en el análisis de alternativas de políticas públicas, está determinado por la factibilidad que en un punto está soportado por los consensos logrados en la deliberación pública.

La razón fundamental de plantearse una perspectiva dialéctica de las políticas públicas es que esta no produce pruebas formales sino argumentos persuasivos que son los que alimentan la deliberación pública. Por ello, Majone considera:

El punto de partida de un argumento dialéctico no es un conjunto de supuestos abstractos, sino puntos de vista existentes en la comunidad; su conclusión no es una prueba formal, sino el entendimiento compartido del asunto en discusión; y mientras las disciplinas científicas son formas especializadas de conocimiento solo al alcance de expertos, todos pueden utilizar dialéctica porque –como dijera Aristóteles–todos tenemos ocasión de criticar o defender un argumento. (Majone, 2000, p. 41)

De igual forma, Majone asume un concepto de democracia como arreglo formal que debe regular la deliberación pública so pena de caer en la violencia. Este proceso de regulación entonces permitirá que la dinámica de la argumentación y la retórica se constituyan en procesos de aprendizaje social donde los participantes y las comunidades de políticas puedan cambiar sus valores, concepciones, argumentaciones y posiciones frente a los asuntos de políticas.

En este marco, Majone plantea que el desarrollo de las políticas públicas se da en la interacción entre las comunidades de políticas y las arenas de políticas. Mientras en las comunidades de políticas –compuestas por académicos, profesionales, analistas, planeadores de políticas, periodistas y expertos de grupos de interés– se produce la innovación conceptual, en la arena política se produce el proceso de selección de las alternativas (Majone, 2000).

Finalmente, Majone, por un lado, desvirtúa la dicotomía entre política y administración, al considerar que los procesos de políticas públicas, entre ellos el análisis de políticas públicas, están impregnados de la política y, por el otro, Majone considera que el analista de políticas públicas participa en el proceso de fijación de valores públicos.

Políticas públicas y movimientos sociales

En la literatura sobre políticas públicas y movimientos sociales, se destacan tres miradas para escudriñar las relaciones existentes entre unas y otros. Por un lado, prima el análisis sobre los movimientos sociales que dan cuenta de su génesis y trayectoria en escenarios de confrontación frente a las políticas públicas. Especialmente en América Latina donde la literatura es amplia y continúa creciendo debido a la profundización de las formas de conflicto social que, en el marco de escenarios de una democracia formal, muchas veces invisibiliza la fuerza creciente de los movimientos en asuntos de política pública como son los temas ambientales, minero energético, de reivindicaciones de grupos étnicos, de género y diversidad sexual.

Por otro lado, se tienen los análisis que establecen la relación entre políticas públicas y la influencia de los movimientos sociales, leídos a partir de los éxitos (o de la eficacia de los movimientos en la influencia en las políticas públicas) y la importante utilización de la estructura de oportunidades políticas para la evaluación de dicha influencia.

Un tercer grupo de propuestas, que apuntan a descentrar el estudio de las políticas públicas y ponerlas en la base del conflicto social, consideran que los movimientos sociales y las redes críticas se constituyen en actores claves en la configuración de las políticas públicas, donde sus posibilidades están determinadas por la red de governance que determinaría el papel y la posición de estos actores sociales (Ibarra, Martí y Gomà, 2002). El análisis de los movimientos sociales, desde esta perspectiva, mostró cómo, en la constitución de redes críticas de políticas públicas, se dieron dos caminos de influencia. Por un lado, aquellos movimientos que creaban espacios de autonomía radicales y que obligaban a generar transformaciones desde la institucionalidad y aquellos movimientos que penetraban directamente en las redes de governance. No obstante, en ambos casos la dinámica era la creación de espacios de autonomía (Ibarra, Martí y Gomà, 2002).

La relación de los movimientos sociales con las políticas públicas evidencia, de manera contundente, no solo la naturaleza sociopolítica de los procesos de políticas públicas, sino que, más importante aún, en momentos donde la identidad de los límites entre los poderes constituidos y los poderes constituyentes se diluyen en favor de los primeros, permiten evidenciar el potencial de la política como eje transformador de los segundos y se habla de política y no de democracia. En este punto, es importante tener en cuenta que, para algunos, los movimientos sociales se dan en el marco de democracias fuertes, mientras que, para otros, son las debilidades de los sistemas políticos los que generan las condiciones para su surgimiento.

No cabe duda que las diferentes posiciones del paradigma de la subjetividad dan una perspectiva más amplia para el análisis de políticas públicas al destacar, como arriba se mencionó, su carácter sociopolítico y, con ello, el reconocimiento de su esencia como concreciones de relaciones de poder. Igualmente, en términos de la comprensión del proceso, permite:

Reconocer la existencia de diferentes actores en el proceso con lógicas que no siempre están ligadas a la lógica de la racionalidad instrumental y que, en su encuentro, develan la naturaleza conflictiva de las políticas públicas.

Reconocer las diferentes realidades relacionadas con los diversos actores y sus respectivas condiciones.

Establecer marcos espaciotemporales que permitan identificar los campos relacionales de los diferentes actores y las asimetrías de poder.

Establecer las implicaciones de la intervención de las políticas públicas en la construcción de proyectos sociales de futuro.

Asimismo, es posible identificar características recurrentes que determinan una identidad de los enfoques abordados y que justifican su clasificación como unos ubicados en el paradigma de la subjetividad. El fundamento de estos enfoques radica en que consideran que la concepción de lo humano se transforma en la medida en que se amplía la lógica dicotómica de racionalidad/irracionalidad a una lógica triádica donde lo no racional entra en juego en la comprensión de lo humano. Esta comprensión de lo no racional pasa por reconocer que existe y que configura la condición de lo humano. En esta misma perspectiva, la relación con la realidad, en términos de conocimiento, es una relación indisoluble que implica que los procesos deben ser leídos en clave de espaciotemporalidades específicas y en la comprensión del lenguaje como elemento estructurante de esa realidad. Esto implica que los procesos de política pública tengan un contexto específico donde la compresión de la realidad es de orden situacional.