Alberto Espejel Espinoza - Tendencias organizacionales y democracia interna en los partidos políticos en México

Para este conjunto de autores, la democracia interna es apreciada como un fin en sí mismo, por tanto, “las estructuras partidistas de toma de decisión son importantes porque brindan a los militantes la oportunidad de influir en las opciones que son presentadas ante los votantes, así como de desarrollar sus habilidades cívicas” (Chambers y Croissant, 2008). De ahí que resalten conceptos como soberanía popular, mayorías concurrentes, democracia participativa y democracia interna; en tanto que una democracia no apoyada por instituciones democráticas, y confinada al gobierno central, crea un espíritu a la inversa. 2

Así pues, el presente trabajo se adhiere al paradigma de la democracia interna, partiendo de la idea de que la democracia es algo más que la simple competencia entre partidos, y que los militantes son algo más que movilizadores o defensores del voto en favor de su organización partidista.

Vale la pena concluir este apartado argumentando que el debate no está cerrado. No obstante, en torno a si es deseable o no la democracia interna en México, se trata de una discusión estrechamente ligada al modelo de democracia que asuma el autor. Si bien por razones de congruencia, en tanto receptores de dinero público y fomentadores de la democracia en el sistema en su conjunto, es exigible a los partidos políticos encaminarse a la democracia interna, por tanto, el debate al respecto es arena fértil. Y si se apela a que la democracia es solo un método para elegir élites gobernantes, la función de los partidos es, simple y llanamente, participar en procesos electorales.

Así, la eficiencia adquiere una importancia central, mientras que la democracia interna aparece como una cuestión accesoria. En cambio, si la idea de democracia no concluye en la elección de autoridades gubernamentales y representantes, sino que apunta a la transmisión de formas democráticas de ejercer la política al sistema en su conjunto, tanto el papel de los partidos, como la relación entre los dirigentes y los militantes serán distintos. Este segundo caso, incluso, podría apuntar a que la legislación mexicana es necesaria pero no suficiente para asegurar la democracia interna, por lo cual apelaría a una Ley de Partidos que clarifique cuáles tipos de métodos son democráticos y cuáles no.

En lo que respecta a si, en México, la democracia interna es algo practicable o no, se trata de un debate que precisa considerar los factores estructurales de la democracia mexicana. Si bien una Ley de Partidos puede dar la pauta para reorientar los procesos a senderos más democráticos, es indudable que su puesta en marcha y consolidación depende de otros factores, tal como la estatalidad (Fukuyama, 2004), en otras palabras, la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes en su interior. Sin esa capacidad que una y otra vez se pone en duda en los procesos electorales en México, difícilmente podría hacerse valer alguna ley al interior de los partidos. En todo caso, el problema es más complejo de lo que parece, pues esto apuntaría a que no basta una normatividad para lograr cambios profundos, sino que es necesario tener capacidad para hacerla cumplir. Y en ese sentido, es seguro que emergerá la voz de quienes ubican a los partidos como simples “organizaciones de miembros voluntarios”. Sin embargo, parecen obviar el financiamiento público, el monopolio de la representación política y su centralidad en la vida política mexicana.

En este apartado, la idea principal es responder a la pregunta sobre ¿desde cuándo cobró relevancia la democracia interna en México? Vale la pena iniciar planteando que la democracia interna no fue relevante en la medida que la política mexicana se encontraba centralizada en el presidente y el partido dominante del espectro político del país; en otras palabras, estábamos frente a un sistema de partido hegemónico donde las fuerzas partidistas de oposición no eran relevantes. Debido a su propia naturaleza, era impensable imaginar democracia interna en la organización del partido hegemónico, pues sus prácticas resultaban coherentes con la estructura piramidal del sistema político mexicano, encabezada por el propio Presidente de México. Por lo anterior, es hasta que el sistema de partidos se pluralizó, y la política se descentralizó, cuando comenzó a ganar relevancia (y a hacerse visible) la democracia interna en las organizaciones partidistas en México.

El sistema de partido hegemónico fue característico de México durante una buena parte del siglo XX; de hecho, Sartori lo clasificó así en la década de 1970. 3Se trataba de una situación no competitiva en la cual un partido dominaba la mayoría de los cargos políticos en el país. Posteriormente transitamos a otra situación de carácter competitivo, donde tres partidos concentraron casi el 90% de los votos, hasta la irrupción de MORENA. Este cambio no fue inmediato, ni menor, ya que alteró la naturaleza de la actividad política en México. Uno de los efectos de esta transformación política fue en el campo científico, pues, desde la ciencia política, se fortaleció la necesidad de investigar la democracia interna de los partidos políticos.

Ahora bien, es importante recordar que, de 1929 a 1952, la vida partidaria fue dominada por la fundación y transformaciones del partido hegemónico (PNR, PRM y PRI) y sus escisiones, las cuales apenas dieron lugar a partidos cuya existencia fue efímera. Empero, en dicho periodo, dos partidos obtuvieron su registro definitivo: el PAN y el PP(S). Por ende, de 1938 a 1985, solamente Acción Nacional, partido surgido en 1939, podía acceder a cargos de representación popular; sin embargo, no podía competir por la Presidencia de México, gubernaturas o escaños legislativos importantes. Los porcentajes electorales obtenidos, una y otra vez, evidenciaron la existencia de un sistema de partidos hegemónico, encabezado por el PRI (el cual se hacía del 90% o más de los votos). Aunado a ello, la ley electoral de 1946 exigía a los partidos poseer estructuras sumamente centralizadas, al tiempo que se les dotó del monopolio de la representación política en México.

Fruto de las reformas electorales negociadas con la oposición (1963-1996), esta situación cambió paulatinamente, pues otros partidos comenzaron a cobrar cada vez más peso, hasta llegar a un escenario donde, al menos hasta 2018, tres fuerzas partidistas se distribuían el 90% de votos.

En primera instancia, en 1963, gracias a las negociaciones entre Acción Nacional y el PRI, se instauró la figura de “diputado de partido”; en 1977, luego de esta reforma, vendría la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) como una apuesta liberalizadora del régimen que daría espacios a partidos de oposición marginados. Otro cambio importante fue que, a partir de ese momento, los partidos serían considerados entidades de “interés público” con derecho a financiamiento. 4En 1990, producto de la catástrofe electoral de 1988 (con la famosa “caída del sistema”), comenzaría la reducción de la intervención del Poder Ejecutivo en los órganos electorales, dando lugar, en 1996, a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral.

Este paulatino proceso de reformas electorales permitió que la oposición accediera a cargos de elección popular hasta llegar a 1997, momento en el cual se configuró un sistema de partidos pluralista. Esto fue posible en la medida de que el PRI perdiera, por sí mismo, la mayoría en la Cámara de Diputados. A partir de esta coyuntura, el otrora partido hegemónico tendría que negociar con la oposición si quería aprobar o modificar leyes. Aunado a ello, la oposición (PAN 24% y PRD 25%) comenzó a obtener triunfos de gran relevancia a nivel subnacional.