Jorge Eliécer Guerra Vélez - La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991

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La izquierda legal y reformista ha sido decisiva en la lucha por la ampliación de la democracia colombiana en las últimas décadas. Que varias guerrillas se hayan convertido en el germen de coaliciones, partidos o movimientos políticos luego de arduos procesos de paz con diferentes gobiernos; que Bogotá, ciudad capital, haya tenido gobernantes con extracción reconocida de movimientos de izquierda, y que de ahí provenga también un candidato presidencial que estuvo muy cerca del primer mando ejecutivo del país en el 2018, es apenas una muestra del papel que esta vertiente ideológica ha tenido en las transformaciones políticas de las últimas décadas en Colombia. Las varias negociaciones de paz que preludiaron la Asamblea Constituyente de 1991, las aspiraciones a gobiernos locales y a curules legislativas de los sectores de izquierda en medio de procesos organizativos en ciernes, la convergencia de múltiples facciones en el Polo Democrático Alternativo, los líderes visibles, las rupturas y las reorganizaciones en medio de contiendas electorales y de aciertos y errores en los gobiernos alcanzados, entre otros, son los temas que aborda este libro, de forma detallada y amplia, por lo que es seguro que quienes lo lean encuentren información y análisis profundo de procesos claves para comprender la historia política reciente de nuestro país y el lugar que tiene en ella la izquierda legal y reformista.

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La irrupción del Frente Popular en las elecciones de 1988 tuvo lugar en las zonas de proyección del epl y el pcc-ml. En otras partes construyó alianzas, por ejemplo en Santander con el movimiento ¡A Luchar! y en el Valle con la up. Al dialogar con organizaciones ajenas al marxismo-leninismo o de corte comunista, el Frente Popular recibió los reproches del resto de la estructura político-armada,54 que, asegurando haber pasado del maoísmo al socialismo, mantenía intacto su empeño revolucionario. Lo peor vino cuando la “guerra sucia” arremetió contra todo el proceso y algunos sindicatos cercanos, provocando “el regreso de muchos cuadros a la clandestinidad, los traslados a distintas regiones y otras medidas de seguridad que incluían, en algunos casos, la vinculación definitiva al epl”.55 En febrero de 1989 la Novena Plenaria del Comité Central del pcc-ml le propuso al epl contactar al Gobierno con el mensaje de que la guerra no impedía llegar a acuerdos. El debate iniciado por los hermanos Calvo echaba anclas.56 A la plenaria le siguió una reunión de los dirigentes de los tres proyectos. En ella “se plantearon, de forma oficial, las posiciones que defendían la solución política negociada e incluso la posibilidad del desarme, la legalización del partido y la reformulación de la línea política”.57 Además “se abordaron discusiones sobre temas que estaban al orden del día en el movimiento social: crisis sindical, el carácter hegemonista de los partidos, las peculiaridades y cambios en la composición social de los trabajadores, el peso del llamado ‘sector informal’ y de las clases medias en el país, los nuevos sujetos históricos y los profundos cambios que se producían en materia internacional”.58

El epl hizo un alto al fuego en mayo de 1989, que fue respaldado por el dirigente conservador Álvaro Leyva y por el liberal Jorge Dussán. Varios de quienes se refugiaron en las montañas por la “guerra sucia” regresaron al Frente Popular con ánimos de amplificarlo. La organización les propuso a las demás guerrillas sumarse a la tregua y discutir sobre los derechos humanos, sin resultado. Pero aquel renovado interés por el diálogo no significó la renuncia a la creación de un ejército popular.59 La tregua unilateral no duró nada. El epl responsabilizó al Gobierno de cerrarle el camino a la paz y de las operaciones encubiertas del Ejército.60

Abandonar la lucha clandestina, los riesgos de la decisión

Enterada del avance del proceso de paz entre el m-19 y el Gobierno, en enero de 1990 la dirigencia del epl concluyó “que la izquierda no había logrado configurar una alternativa y que el movimiento armado perdía incidencia política”.61 Consciente de que había que ganarse la opinión, propuso la realización de una consulta popular para elegir una Asamblea Constituyente, idea que ya estaba en el aire, al tiempo que rechazó la extradición de nacionales. Por su parte, el Frente Popular trató de apartarse de los dictados del pcc-ml estableciendo una dirección paralela, lo cual fue motivo de pendencias y de dicotomía toda vez que gran parte de sus militantes lo eran igualmente del partido clandestino. Las controversias tocaron otros grupos de izquierda cuestionados por los cambios internacionales y las expectativas de reforma política. Adicionalmente, se dio el hecho de que el “club de los expresidentes”,62 junto con algunos parlamentarios, emplazó a Barco a realizar cambios en conformidad con la época. Antes de concluir su mandato, Barco buscó el diálogo con todas las guerrillas condicionando que las reformas pasarían por la decisión del Legislativo; elegido democráticamente y sin influjo de las armas. A decir de Mauricio García, al Gobierno la desmovilización le importaba “solo de manera tangencial, y de ninguna forma como contenido de las negociaciones, consideraba la discusión sobre los temas políticos y sociales. Estos aspectos no se negociaban con la guerrilla; se partía de considerar que la reforma constitucional que hacía trámite en el Congreso lograba superar las estrecheces del régimen político colombiano y por consiguiente bastaba con dicha reforma para ofrecer un marco político adecuado a la paz”.63

La reanudación de los diálogos, ahora con el gobierno Gaviria, tuvo simbólicamente lugar en los Llanos del Tigre, límites de Córdoba y Antioquia, donde veinticinco años atrás el pcc-ml implantara la primera división armada del epl. Desgraciadamente el país acababa de inhumar a Carlos Pizarro Leongómez y a Bernardo Jaramillo Ossa. Situación que en el seno del epl parceló a quienes optaban por la paz y quienes se oponían; de aquella opción fueron gregarios varios de los jefes militares de entonces, de la segunda, minoritaria, eran partidarios cercanos a Francisco Caraballo.64 El epl tuvo que manejar el tema de las relaciones con los frentes y unidades de otras guerrillas que actuaban en la zona donde se restablecieron los diálogos y las aprensiones de su base, que no discernía la tensión en la cúpula. Por otra parte, estaba la ascensión del paramilitarismo,65 que, se dijo, llegó a coparle zonas donde tenía mayor influencia. Para completar, estaba el inconveniente adicional, común en la mayoría de procesos de paz, de que con cada nuevo gobierno había cambio de intermediarios y de tono en la negociación. Ello incidía en el avance o estancamiento de los diálogos, ya que algunos negociadores eran más versados en política y otros meros tecnócratas; unos pocos contaban con la capacidad de tomar decisiones, mientras que la mayoría era simples voceros; unos daban mayor importancia a los acuerdos de fondo y otros estrictamente al desarme; algunos conocían o provenían de la izquierda, en contraste con quienes eran nominados por dádivas políticas.

En la fase final de las negociaciones el sector mayoritario se acantonó en diez zonas, luego en seis y finalmente en dos. Con presencia en Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y en la región Caribe, se escogieron las poblaciones de San José de Urabá y Pueblo Nuevo, nuevamente en límites de Antioquia y Córdoba. Sus negociadores fueron seleccionados de acuerdo con el peso de los frentes regionales, lo que era una paradoja; adscrito a un partido y con un movimiento político, el epl no tuvo una estrategia unificada de negociación. Pese a su bagaje teórico, su agenda se redujo a las garantías para la desmovilización, la supresión de los factores de violencia y la protección de la población de los territorios en donde estuvo presente. Más todavía, su estandarte de la Asamblea Constituyente resultó desteñido, sin contenido. Las pocas proposiciones se ciñeron a temas locales o acaso regionales, pero desarticulados del nivel nacional. Visto agudamente por Jesús Antonio Bejarano: “más que plantear el real alcance de los temas, se remitían a discutir los problemas. Además, advertimos un estilo de negociación como si se tratara de un pliego sindical, con ese esquema de cuánto tengo, cuánto me da. Lo otro era que no había, ni por parte de ellos ni por parte nuestra, una comprensión de lo que significaba el proceso de reinserción”.66

Si en el Decimosegundo Congreso del pcc-ml en 1983 los hermanos Calvo descollaron con sus propuestas reformistas, en el Decimotercer Congreso en 1989, y que por primera vez no fue clandestino, quienes ganaron encomio, por encima de la jerarquía partidista, fueron los jefes militares. En la apertura de ese congreso uno de estos, Jaime Fajardo, declaró: “el país ha cambiado y la mentalidad de muchos comunistas y sectores de la izquierda ha quedado atrás […], estamos planteando una nueva escuela política en Colombia; hay que derrotar aquellas posiciones que consideran las formas de lucha como fines en sí mismas”.67 El dirigente convidó a deponer las armas a discreción de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, defender la soberanía nacional, reformar las Fuerzas Armadas oficiales, reconocer la relación directa entre socialismo y democracia, e invitó a la comunidad internacional a acompañar el proceso de paz. El certamen fue sucedido por la cena por “la paz y la Constituyente”, el Gobierno, a través de un delegado, envió el documento intitulado “Reflexiones para una nueva Constitución”. Visto igualmente por Fajardo:

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