Andrés Bernasconi - La educación superior de Chile

Pero no solo ha habido transformaciones en la base institucional del sistema y en el profesorado. El estudiantado de hoy es cualitativamente diferente al que componía el sistema de educación superior hace diez años. La multiplicación de las vacantes, sumada a la aparición del crédito con aval del Estado en 2006, y el notable incremento en los últimos años de las ayudas financieras disponibles para los estudiantes, tendencias que aparecen tratadas en el capítulo de Ricardo Paredes, han expandido las oportunidades de jóvenes de menores ingresos económicos de acceder a la educación superior. Con todo, como Óscar Espinoza y Luis Eduardo González argumentan en su capítulo, la equidad no depende solo de un mayor acceso de los estudiantes más vulnerables, sino también de sus probabilidades de avanzar en sus estudios, graduarse y transitar exitosamente al mundo del trabajo, dimensiones todas ellas en que Chile tiene mucho espacio para mejorar aún.

Una mayor diversidad en el estudiantado debiese tener repercusiones en la principal función de las instituciones de educación superior de Chile: la docencia. En el capítulo de Carlos González se examina esta cuestión. La masificación de los estudios de este nivel, las demandas cada vez más complejas de las sociedades nacionales y locales sobre sus instituciones educacionales y la sensación de que las entidades formadoras no están haciendo bien su trabajo principal confluyen para poner en el centro de la agenda la calidad y pertinencia de la enseñanza. Los antecedentes recopilados por Carlos González sugieren que nuestras instituciones de educación superior, no obstante el esfuerzo que han hecho en la última década por mejorar su docencia, con sustancial apoyo financiero del gobierno —especialmente por medio del programa MECESUP del Ministerio de Educación—, no terminan de adaptarse a los desafíos que encuentran en sus estudiantados, y que predomina la actitud, explícita o no, de “culpar” al estudiante por su falta de preparación o interés en el tipo de aprendizaje que les brindan sus profesores.

Los nuevos alumnos de la educación superior tensionan también las tradicionales vías de incorporación a las instituciones o, más ampliamente, la forma en que se conecta la oferta de las instituciones con la demanda de los que tienen interés en estudiar. La educación superior es un mercado, que se caracteriza, entre otros defectos, por la asimetría de información entre los oferentes y los demandantes. Sin embargo, en estos diez años, la información disponible para los estudiantes ha mejorado mucho. No me refiero solo a la publicidad de las instituciones (que actualmente se canaliza no solo por los medios tradicionales de comunicación, sino también mediante las redes sociales) o a los rankings , que, con todas sus limitaciones, permiten gruesas aproximaciones a lo que cada institución tiene detrás de su fachada. Más allá de eso, la riqueza y precisión de los datos sobre inserción laboral y remuneraciones que ofrece el portal mifuturo.cl, con poco parangón en el mundo, están disponibles hace casi una década para los estudiantes chilenos. Articulaciones como esta entre las instituciones y sus potenciales estudiantes son materia del capítulo de María Verónica Santelices, Pilar Galleguillos y Ximena Catalán. En línea con los hallazgos sobre la relación entre clase social y acceso que reportan en su trabajo Espinoza y González, ellas exploran, entre otros asuntos, cómo el nivel socioeconómico de los jóvenes incide en su forma de usar la información sobre la educación superior, además de condicionar su desempeño en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Estos diez años han traído además una buena dosis de experimentación con programas de admisión especial a la universidad acompañados de preparación previa de jóvenes escolares (propedéuticos) o de nivelación de estudiantes de nuevo ingreso, los que también son revisados por María Verónica Santelices, Pilar Galleguillos y Ximena Catalán en su contribución a este libro.

Volviendo al tema de la preocupación por la calidad que acompaña a la masificación, vemos que la última década fue testigo de la institucionalización legal de la acreditación, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de 2006, proceso de evaluación que, como muestra María José Lemaitre en su capítulo, tiene precedentes durante la década previa en la acreditación experimental y voluntaria de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, en la acreditación de los posgrados con fines de asignación de becas de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y en los procedimientos y estándares de lo que hoy se llama licenciamiento, a cargo del Consejo Nacional de Educación. No obstante esta experiencia, el desarrollo de la acreditación tuvo una trayectoria poco feliz, no solo por la contingencia de los tratos indebidos actualmente investigados por la justicia que involucran al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y a algunas universidades, sino también, sospecho, por la dificultad que tiene nuestra acreditación para lidiar con la diversidad y heterogeneidad del sistema que la CNA debe evaluar. Esa mayor complejidad del sistema para efectos de su acreditación es otro de los desafíos que impone el crecimiento desordenado de la educación superior chilena, el que sigue sin encontrar respuesta.

En efecto, esta expansión está signada por su ausencia completa de planificación y débil regulación. Como argumenta José Julio León en su capítulo, la laxitud en las regulaciones o el bajo involucramiento del Estado en el sistema no se puede imputar completamente, ni aun principalmente, al marco jurídico legado por Pinochet. Coincide en esto con Enrique Fernández, quien en su capítulo sobre las políticas públicas desde 1990 destaca factores políticos como los centrales en la mantención durante los gobiernos de la Concertación de la estructura del sistema diseñada en la década de 1980, con enmiendas y ajustes “pragmáticos”, como los llama Fernández, acotados a algunos ámbitos, como la expansión del financiamiento estudiantil, el incremento de los montos y los instrumentos de apoyo a la investigación, la creación del sistema de acreditación, el mejoramiento de la información pública y el fomento al desarrollo de las instituciones a través de fondos concursables y convenios de desempeño.

Al encontrarse la educación superior chilena configurada fundamentalmente por las adaptaciones de las instituciones a los mercados en que operan, la trayectoria del conjunto resulta de la agregación de las decisiones que adopta cada una de las instituciones por su cuenta y riesgo, como planteo en mi capítulo sobre el gobierno de las instituciones. Así las cosas, la calidad de ese gobierno y, en especial, la capacidad de los líderes para interpretar el entorno estratégico de sus instituciones son cruciales para la salud del sistema. A esta cuestión dedican parte importante de su capítulo Emilio Rodríguez y Liliana Pedraja, quienes encuentran vacíos y debilidades importantes en las prácticas de gestión de las instituciones chilenas de educación superior, especialmente en el campo de la dirección estratégica. Una ilustración de lo anterior, desde el ámbito específico de la internacionalización, se encuentra en el capítulo de Claudia Matus, quien llama la atención a la frecuente ausencia en las instituciones de educación superior de una conciencia política —y no una puramente económica o burocrática— del significado y las consecuencias de la internacionalización en un ambiente de globalización.

Las deficiencias de la coordinación del sistema “desde arriba”, es decir, por la acción de la autoridad pública, es abordada también en mi capítulo sobre el gobierno de las instituciones, así como en el de Enrique Fernández. Una vez más, el crecimiento del sistema y su creciente complejidad parecen haber superado la capacidad instalada en las políticas públicas, en la coordinación del sistema y en el gobierno de las instituciones, para canalizar dentro de parámetros mínimos de bien común la legítima autonomía institucional.