Florencia Guzmán - El asedio a la libertad

Pero una serie de argumentos adicionales en extremo novedosos fueron apareciendo también en los escritos de defensores de pobres y síndicos procuradores para apoyar demandas que a simple vista no se distinguían demasiado de los litigios coloniales. Las “circunstancias de los tiempos” o las bondades de un “gobierno liberal” eran esgrimidas como elementos complementarios que debían ser tenidos en cuenta por los magistrados a la hora de resolver las demandas de los esclavos. 105Vicente López –síndico procurador en 1812–, en representación de una morena que había sido tasada en un precio excesivo por sus amos para que no pudiera liberarse, se quejó de esta práctica y de la inacción de la Justicia:

Cuando la América se halla haciendo todos los sacrificios imaginables por salvar a la humanidad de las leyes humillantes y tiránicas que la tenían reducida a la esfera de las bestias, ¿cómo es posible que unos magistrados que se hallan cooperando en esta lucha prodigiosa usen su noble autoridad para sostener las trabas que dificultan la libertad de esos que hoy se miran esclavos solo por la codicia de hombres desnaturalizados? 106

En otros casos, los defensores de pobres además buscaban asegurarse una sentencia favorable a sus asistidos demostrando la adhesión de estos con la causa revolucionaria. Bernardo Pereda, defensor de pobres en 1814, solicitó que a Lucas –el esclavo que había denunciado a Bernardino Rivadavia– le fuese permitido cambiar de amo o ser vendido al Estado para servir en el cuerpo de libertos. 107

¿Consideraban las autoridades que los esclavos eran verdaderos hijos de la patria? ¿Merecían el premio de la libertad por haber arriesgado la vida en defensa de ella? ¿Cómo actuaron los regidores defensores de esclavos en la pugna que se desató entre amos y esclavos en los tribunales? La Revolución de Mayo no implicó un vuelco favorable a las demandas de los esclavos por parte de los magistrados encargados de impartir justicia. La mayoría de las veces se llegaba a un acuerdo entre las partes enfrentadas. En otras se fallaba a favor del amo. Y en unas pocas los esclavos obtenían una sentencia favorable, la cual consistía generalmente en la tasación en un precio equitativo para poder mudar de amo. Ejemplo de estos acuerdos fue el que se dio entre Juan José y su ama Rita Valdepares. El esclavo buscaba ser tasado en 400 pesos para poder conseguir comprador. Luego de un largo litigio, el ama ofreció venderlo por 450 pesos a una persona que al cabo de diez años le iba a otorgar la libertad. El defensor de pobres Carlos José Gómez recomendó a su representado que aceptase la oferta. 108En otra ocasión el defensor Francisco Santa Coloma propició un acuerdo con la parte demandada en el pleito en el cual Tomás Gómez buscó desconocer las cláusulas del contrato por medio del cual su antiguo amo le había otorgado la libertad. 109

En estos casos, los regidores que patrocinaron las demandas de los esclavos con éxito propiciaron acuerdos que conciliaban los deseos de sus protegidos con las pretensiones de los amos. Pero en ciertos litigios donde las partes se mostraban inflexibles, se veían obligados a tomar partido. Al igual que en la época tardocolonial, existía mucha diversidad. Según ciertos de los testimonios que hemos citado, algunos parecieron ejercer su función a conciencia, pero otros se identificaron con los amos denunciados y se encargaron de obstaculizar las aspiraciones de libertad de sus asistidos. Como cuando el defensor de pobres José María Riera juzgó “infundada la queja de su representada” y así se lo comunicó al juez interviniente en la causa. 110En 1813, el síndico procurador representando a Francisco Estrada –negro esclavo– aseveró que su asistido no había “producido prueba de que pudiera resultar algún argumento en obsequio de su libertad”. 111Otros regidores defensores de esclavos fueron aún más lejos al elaborar extensos y argumentados escritos, pero en favor de los amos. En 1812 el síndico procurador Felipe de Arana, en representación de un pardo esclavo, calificó a su asistido como un “verdadero criminal” que al desobedecer a su “legítimo amo” le había causado “incalculables perjuicios”. Calificaba la acción de su representado como un “capricho que no debe ser patrocinado por el magistrado, por liberales que sean los principios de la sociedad en la que es tal, si es de justicia invariable que el orden de la sociedad consiste en la conservación de los derechos que cada uno goza”. 112

El defensor de pobres Manuel de Irigoyen también presentó un extenso alegato explicando por qué la solicitud de su protegida carecía de fundamentos. Según Irigoyen, ni siquiera el hecho de haber huido del enemigo ameritaba que el derecho a la libertad tuviera preeminencia frente al derecho a la propiedad. Pretender esta barbaridad era una “violencia que puede traer funestos resultados”. En su extenso testimonio sostenía:

Los derechos de libertad y propiedad están en una misma línea, ambos se merecen el mismo respeto e igual violencia se siente con la pérdida de uno u otro, por consiguiente no se puede ampliar la ley de libertad atacando la de la propiedad, no sé por qué motivo algunas veces se han hecho extensiones tan perjudiciales, pero es preciso reformar estos abusos y dar toda su fuerza a la sabia ley de la honorable junta en que declara la inviolabilidad de las propiedades. 113

Consideraciones finales

En la Buenos Aires tardocolonial, los esclavos compartían una arraigada cultura jurídica. Estaban familiarizados con ciertas prácticas, saberes y técnicas específicas del ámbito judicial. Por ello apelaron a las justicias como una forma de adaptación y resistencia al medio que los rodeaba. El defensor de pobres del ayuntamiento se encargó de patrocinar jurídicamente a estos esclavos, aunque sin llegar a monopolizar la relación que estos entablaban con las justicias . Esta obligación encontraba su basamento en la costumbre y no tenía un fundamento claro en las leyes. No obstante, la legitimidad de dicho patrocinio era compartido por todos los actores. Las invasiones inglesas y luego el proceso revolucionario abierto con los sucesos de mayo modificaron esta situación. Los esclavos siguieron recurriendo a los tribunales en pos de conseguir su libertad, alentados por haber participado de los conflictos armados en defensa de la patria, por la difusión de ideas antiesclavistas y por el proceso de abolición gradual iniciado. En esta nueva etapa, el patrocinio jurídico a los esclavos fue experimentado por los regidores encargados de ejercerlo como una carga pública agobiante. Los defensores de pobres aprovecharon el limbo jurídico imperante respecto de este tema para reactualizar una vieja disposición colonial y descargar en las espaldas del síndico procurador esta obligación durante un par de años. Las ordenanzas capitulares tampoco aportaron total claridad sobre este punto, y después de muchas idas y venidas el patrocinio jurídico a los esclavos volvió a recaer en los defensores de pobres. Finalmente, la tradición colonial y las costumbres triunfaron sobre el afán normativo y el énfasis en el imperio de la ley tantas veces proclamado en la primera década independiente.

Muchos de los motivos por los cuales los esclavos demandaban a sus amos eran semejantes a los de la etapa virreinal. Maltratos y castigos excesivos, desconocimiento de la libertad prometida, papel de venta a un justo precio, etc. Pero el proceso revolucionario también proporcionó nuevos argumentos y marcos de acción a los esclavos. La retórica antiesclavista había sido propiciada y difundida por la elite revolucionaria. Sin embargo, cuando los esclavos se apropiaron de estos discursos y buscaron ensanchar los límites de su precaria autonomía para conseguir la libertad, enseguida las elites se esforzaron por encauzar y limitar los alcances de este proceso. Así fue como los esclavos en su anhelo de libertad debieron pelear contra el conservadurismo exhibido por amos, autoridades, magistrados, e incluso –como creemos haber demostrado en este trabajo– algunos de los regidores del Cabildo que debían actuar como sus defensores. En la época tardocolonial, la institución de la esclavitud gozaba de buena salud, por ello los defensores de pobres en algunos casos podían desplegar críticas muy profundas en torno a ella. Al no existir el peligro inminente de una abolición de la esclavitud, la retórica radical a lo sumo podía concitar la piedad de los jueces y obtener sentencias favorables a sus asistidos en casos puntuales. Pero en la década revolucionaria se dio el fenómeno inverso. La esclavitud empezó a ser abolida gradualmente, y fue públicamente cuestionada por parte de la dirigencia revolucionaria. En este contexto, algunos defensores de pobres y síndicos procuradores al patrocinar judicialmente a los esclavos fueron moderados y propiciaron soluciones negociadas. Buscaron que las aspiraciones de libertad de los esclavos no arrasaran el derecho de propiedad de los amos, aun si para ello debían desacreditar públicamente los reclamos de sus asistidos.