Giacomo Finzi - La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana

A pocos meses del triunfo electoral de Rafael Correa, en abril de 2007, la población fue llamada nuevamente a las urnas y aprobó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente con el 81,72 % de votaciones. Es significativo el consenso que se registró frente al llamado constituyente, que le otorgaba un alto índice de legitimidad política. En septiembre del mismo año se registró la elección de los constituyentes, lo que consagró el liderazgo de Alianza PAIS –que obtuvo 80 curules de los 130 en disputa– y de las izquierdas –Pachakutik, MPD e Izquierda Democrática, que obtuvieron un 10 %– (Ramírez Gallegos, 2010, p. 92). Cabe señalar que, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y por efecto de la Ley de Cuotas, por primera vez, las mujeres de distintas tendencias políticas alcanzaron en conjunto 45 escaños, equivalentes al 34,61 % de los curules totales; un récord absoluto en la historia política reciente del Ecuador.

El lugar definido por Rafael Correa para hospedar el proceso constituyente fue Montecristi. Esta es una pequeña ciudad en el litoral, en el cantón de Manabí; no es muy distante de la disputada base militar estadounidense de Manta y es la ciudad natal de Eloy Alfaro, uno de los líderes de la Revolución Liberal de comienzos de siglo XX. La decisión de realizar el proceso constituyente en un lugar tan aislado y de difícil acceso fue cuestionada por los movimientos sociales y por los críticos, que veían en ello la voluntad gubernamental de encerrar los espacios decisionales y de no promover un debate realmente abierto hacia la totalidad de la ciudadanía, como también dificultar una presencia masiva de los movimientos sociales.

Sin embargo y a pesar de eso, los meses en que estuvo trabajando la Asamblea Constituyente, dividida en las diferentes comisiones y en las nueve mesas constitucionales –presidida por el economista y ecologista Alberto Acosta, quien había sido uno de los fundadores de la plataforma de Alianza PAIS–, el Ecuador vivió un periodo de floridos debates políticos, que parecían abrir un camino a la transformación social, más allá de la refundación del Estado y la resurrección de la institucionalidad, después de más de una década de vaciamiento institucional y político. El objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente trascendía la sola refuncionalización de las instituciones y se planteaba llevar a cabo una transformación más profunda, que se podría asociar a los planteamientos de las epistemologías del Sur (descritos en el párrafo anterior), es decir, la elaboración de una carta constitucional que pudiera institucionalizar los cambios en materia política, económica, social, cultural e inclusive epistemológica, que requería el Ecuador para su refundación.

Parece significativo traer a colación varios de los puntos críticos de la discusión dentro de la Asamblea Constituyente y observar algunos importantes logros y límites de su producto final, junto con la evaluación y las críticas que han surgido desde su aprobación mediante referendo. En efecto, aquí se sostiene que el momento de la Asamblea Constituyente marcó un punto de inflexión dentro de Alianza PAIS y, particularmente, su relación con los movimientos sociales que habían respaldado su instalación.

Entre los principales logros del proceso constituyente ecuatoriano se pueden mencionar la construcción del Estado plurinacional (en la próxima sección le dedicaremos un mayor análisis), el Buen Vivir (Constitución Política de la República del Ecuador, título VII) y el sumak kawsay, el régimen económico (título VI), los derechos de las Comunidades, de los Pueblos y Nacionalidades (título II, capítulo IV), la inclusión de los Derechos Colectivos y de la Naturaleza –como hemos afirmado en la sección anterior sobre epistemologías del Sur, se trata de una innovación muy relevante, inclusive con elementos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos34–, la recuperación de la soberanía nacional –con el retiro de las bases militares extranjeras y la prohibición de nuevas instalaciones militares en su territorio35–, mecanismos para promover y fortalecer la participación ciudadana (título II, capítulo V [Derechos de participación]; título IV [Participación y organización del poder]) y la interculturalidad. Estos serían los principales elementos de fractura y de insurgencia conceptual/epistémica (Walsh, 2015, p. 6) que se podrían identificar como producto de las discusiones y debates de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el proceso constituyente no estuvo exento de momentos de tensión, tanto en la discusión sobre el mérito de algunos puntos de particular relevancia y polarización, como en aspectos procedimentales y de agenda que pudieron determinar y condicionar el resultado de la Asamblea Constituyente.

Las principales tensiones se dieron entre la figura del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y el presidente de la república, Rafael Correa, sobre el mérito de las cuestiones ecológicas y la gestión de los conflictos socio-ambientales, particularmente en relación con el Mandato Minero (el Mandato Constituyente 6), que tenía que representar la voz de las reivindicaciones de los movimientos sociales e indígenas en la trayectoria de luchas territoriales definidas a partir de la década de los 90, pero también del movimiento ecologista antiminero, destinado a ocupar un protagonismo durante los años de gobierno de Alianza PAIS.

Es aquí importante destacar que, en medio de las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente, el propio presidente Rafael Correa dio un viraje y cambió radicalmente su posición frente a la política minera, sobre todo respecto de la industria minera en gran escala –como ejercicio comparativo, se puede observar el programa electoral de Alianza PAIS de 2006 y la campaña electoral del mismo año, con las posiciones asumidas por el mismo presidente en la discusión de la constituyente–. El mismo día de la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el presidente de la república pronunció un discurso en contra del izquierdismo y ecologismo infantil que, en buena medida, confirmaba las preocupaciones de los movimientos ecologistas e indígenas frente a la política minero-energética que habría inaugurado el gobierno de Alianza PAIS.

Después de esa primera señal, se manifestaron cada vez más abiertamente las grietas entre el poder ejecutivo y algunos representantes del proceso constituyente: mientras se realizaban las discusiones sobre el Mandato Minero, el gobierno facilitó una legislación (Decreto Ejecutivo 1040 de 2008) que favorecía la inversión pública y privada en el sector minero, en que el Estado mantenía un papel activo de promoción y, al mismo tiempo, permitía la realización y la explotación de los proyectos mineros, de manera que volvían a entrar al Ecuador grandes empresas transnacionales, particularmente de capital chino36. Al mismo tiempo, en los debates de la Asamblea Constituyente se reproducían las evidentes tensiones políticas entre, de una parte, Alianza PAIS y los asambleístas de Pachakutik y, de otra, los últimos que respaldaban la posición de Alberto Acosta frente al Mandato Minero.

El resultado de la pugna fue el progresivo vaciamiento del Mandato Minero (ya cuestionado por el mismo poder ejecutivo) de la Asamblea Constituyente y, como consecuencia, la posición del gobierno de Rafael Correa se vio reflejada abiertamente en la Ley de Minería (Gobierno del Ecuador, 29 de enero de 2009).

Otro importante punto de fricción fue la discusión sobre la laicidad del Estado, la inclusión de la religión (católica in primis) dentro del texto constitucional mediante la referencia a Dios en el preámbulo constitucional, la reafirmación de los derechos y las garantías para las mujeres, el reconocimiento de los matrimonios homosexuales y, finalmente, la despenalización del aborto. Si bien el nuevo texto hubiera querido expresar y reafirmar la laicidad del Estado, la separación entre la Iglesia y el Estado, en el debate de la Asamblea Constituyente se registró un proceso de injerencia tanto por sectores del poder ejecutivo como de sectores conservadores –instituciones religiosas, principalmente de la Iglesia católica y de las comunidades evangélicas–. También desempeñaron un papel decisivo los medios de comunicación que, a través de una manipulación sensacionalista37 de los términos de la discusión, terminaron por afectar temas de importancia crucial, sobre todo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres ecuatorianas y de las parejas homosexuales.