Giacomo Finzi - La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana

Sin embargo, sobre este mandato se corría el riesgo de una implementación parcial o insuficiente de las transformaciones previstas por el texto constituyente, que llevaría a flagrantes contradicciones que evidenciarían su vocación no solo reformista sino restauradora (Prada, 2011b, p. 178). Desde los conflictos territoriales y ambientales, que emergieron a la hora de la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir, y en particular sobre la noción de desarrollo, se encontrarían en el Ecuador contemporáneo las expresiones contemporáneas de colonialismo y de profundización de dependencia, las nuevas formas de dominación y la continuidad de las estructuras de poder. En el capítulo 2, “Sistema de acumulación capitalista en los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se insistirá sobre el concepto de dependencia estructural y sobre el cambio de patrón de acumulación, como el momento en que la República Popular China sustituyó a Estados Unidos en las relaciones económicas, comerciales y financieras.

Según Pavel C. López, académico y activista social boliviano, en todo caso, luego de que fuera aprobada la actual Constitución boliviana (2009), que establece el nuevo carácter plurinacional del Estado, la implementación de este en la materialidad institucional, jurídica, territorial del Estado irá adquiriendo un sentido más bien declarativo en casi toda la normatividad posterior (leyes de desarrollo constitucional) y en las políticas gubernamentales. En la propia orientación y en los contenidos de estas en la realidad, en buena medida está predominando el hacer efectivos los proyectos desarrollistas y las medidas políticas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), antes que materializar la plurinacionalidad como principal mandato constitucional para la transformación del Estado (López, 2016). Una reflexión muy similar se podría construir sobre el caso de la Revolución Ciudadana del Ecuador, tanto en las políticas implementadas como en los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales.

En efecto, aunque estos principios se incluyen en la parte dogmática y formal de la Constitución, se niega el carácter plurinacional del Estado en la parte orgánica, así como en la definición de las políticas gubernamentales: por ejemplo, se niega el carácter vinculante de la consulta sobre territorios para la minería. Adicionalmente, es curioso destacar cómo los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales se traducen en el Plan Nacional del Buen Vivir, cuando esta noción correspondería a un nuevo horizonte civilizatorio diferente y opuesto al concepto de desarrollo, correspondiente a un nuevo pacto político, jurídico y natural.

Al mismo tiempo, dicha propuesta civilizatoria consiste en una alternativa a los diferentes modelos de desarrollo identificados en el texto –liberalismo, marxismo, keynesianismo, estructuralismo, teoría de la dependencia, neoliberalismo–, que critica la idea misma de desarrollo, proponiendo ir más allá de este –si bien, como se verá más adelante, en la Revolución Ciudadana tenderá a producir un sistema híbrido–. Dávalos sostiene que el desarrollo ha sido una patología de la modernidad. Sin embargo, observando algunas críticas que se le han hecho por intelectuales y activistas, tanto bolivianos como ecuatorianos, luego de la aprobación de los nuevos textos constitucionales, estos se han convertido, para el discurso oficialista, solo en una evocación obligatoria de ser incorporada de forma nominal, pero vaciada de su significado y de su trascendencia política. Aquí, en particular, desempeñarán un papel importante el análisis del discurso y el progresivo vaciamiento conceptual de los términos, en las normas posconstitucionales que se definen y promulgan, pero que en la realidad de las políticas gubernamentales resultan un obstáculo –un demonio al que, desafortunadamente, no se puede exorcizar– para los planes y políticas extractivistas impulsadas por el gobierno de Alianza PAIS. Esta retórica ha terminado por legitimar una política económica extractivista, con un componente antiindígena y antiecológico.

La socióloga Silvia Rivera sostiene que “los gobiernos progresistas se llenan la boca con estas palabras bonitas, mientras que sus prácticas siguen las trilladas rutas del modelo estatal colonialista, fundado sobre la prebenda, la alienación del trabajo y la destrucción de la biodiversidad” (Rivera, 2014, p. 18).

Además, el sumak kawsay y el suma qamaña parecen haberse convertido en los últimos años en una de las mayores formas de instrumentalización y manipulación retórica, y haber transitado de ser una bandera de un paradigma comunitario alternativo al capitalismo (que prefiguraba una alternativa al desarrollo), a ser un perverso manejo discursivo para etiquetar las formas en que son promovidas, presentadas e implementadas normas y políticas que apuntan en un rumbo totalmente contario a los supuestos sentidos del Vivir Bien (López, 2016). Tanto según Prada como según Dávalos, el Vivir Bien o Buen Vivir implicaría una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, ya no basada en la dominación y en la explotación de esta, sino en una nueva armonía; es decir, se trata –por lo menos a nivel teórico– de un modelo que ya no se inscribe en la dinámica antropocéntrica (que en los términos de Prada es androcentrismo), sino en una nueva relación armónica eco-bio-política (Machado). Según Prada, es una nueva dimensión que tiene que ver con la experiencia y la práctica, pero también con la ética-política (Prada, 2011a, p. 230).

En suma, los elementos más innovadores de la Constitución boliviana y ecuatoriana, se podría decir que corresponden a la introducción de la responsabilidad compartida33 entre los pueblos indígenas, los individuos y las diferentes dimensiones estatales para el cuidado de la Madre Tierra, y el manejo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. En eso, los valores y la regulación estatal desempeñarán un papel fundamental.

El momento constituyente representó la culminación del proceso que aquí se ha definido como institucionalización de los movimientos sociales, que al mismo tiempo ha promovido la inserción de algunas de las principales demandas de los movimientos sociales e indígenas frente al ciclo de luchas sociales del Ecuador desde la década de los 90 en adelante. Paralelamente, la Asamblea Constituyente abrió un ciclo de convergencia y de discusión democrática; un espacio de apertura a los sectores sociales jamás registrado en la historia política reciente del Ecuador. Sin embargo, como se verá en el presente apartado, su resultado fue también el producto de la correlación de fuerzas presente entre sus integrantes y el reflejo de la presión gubernamental (específicamente en la persona del presidente Rafael Correa) para adelantar el cierre de sus trabajos.

Aquí se realizará un breve análisis sobre el proceso constituyente y se tratará de construir un balance sobre el proyecto final del texto constitucional, para identificar en ello los gérmenes de una futura división, un punto de quiebre y de ruptura con algunos de los sujetos políticos y sociales, así como el origen de algunos conflictos políticos, económicos, territoriales y culturales.

Las elecciones de octubre de 2006 vieron el triunfo de Alianza PAIS y de su candidato presidencial, Rafael Correa. Una vez instalado el gobierno de la Revolución Ciudadana, se profundizó el sentimiento antipartidista encarnado por Alianza PAIS, lo cual provocó el vaciamiento de las instituciones parlamentarias, ya fuertemente desprestigiadas. Como demostración de eso, cabe señalar que Alianza PAIS, en pleno rechazo de la vieja partidocracia, no había presentado candidatos para el poder legislativo y, por eso, el Congreso fue dominado –en su mayoría– por fuerzas de oposición al nuevo poder ejecutivo. Se trataba también de una estrategia política con la intención de legitimar el consiguiente imaginario constituyente y, a la vez, otorgarle un significado de abierta ruptura con el anterior orden constituido.