José Luis Ávila - La era neoliberal

El descenso del precio del crudo afectaba al sistema financiero internacional debido no sólo a que la banca privada había sido uno de los receptáculos de los "petrodólares" y con ellos se había proyectado como principal acreedor internacional, sino sobre todo a que los países industrializados aplicaban políticas restrictivas que debilitaron el crecimiento económico mundial, elevaron las tasas internacionales de interés hasta 16% y restringieron el crédito. Así, las malas noticias se sucedían y colocaban al país en una situación apremiante dada la dependencia de la economía nacional de las divisas generadas por el petróleo y el alto volumen de la deuda externa contratada con bancos privados a corto plazo y tasas de interés de mercado.

Por lo pronto, el descenso del precio del crudo y el aumento de las tasas de interés internacionales determinaron que en 1981 el país dejara de percibir 10 000 millones de dólares por exportaciones, así como que el servicio de la deuda externa supusiera una salida adicional de 5000 millones de dólares. El gobierno asumió la caída del precio del barril como un fenómeno pasajero y confiaba en que la acción coordinada con la OPEP impediría nuevos descensos; de hecho, abrigaba la esperanza de que el precio del barril subiera en el mediano plazo. La visión optimista que se impuso en el gabinete económico condujo a la renuncia del director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con ello se rectificó la decisión de reducir el precio del barril tipo maya en cuatro dólares (de 34.60 a 30.60) por una depreciación de dos dólares, respondiendo a la consigna del gabinete económico de que "el petróleo mexicano no se rebaja".

La segunda llamada ocurrió en febrero de 1982 con la devaluación del peso en más de 70% (véase el cuadro 19 del anexo estadístico). Ese aviso, otra vez mal escuchado, ocasionó la renuncia del secretario de Hacienda y dio origen a medidas que ahondaron las tendencias recesivas ya proyectadas en diciembre de 1981, sin que se lograran resolver los problemas de fondo que la crisis planteaba. Las autoridades sostuvieron que México enfrentaba "un problema de caja", es decir de liquidez, aun cuando advertían que debido a la carencia de fondos para cubrir los compromisos, debía afrontarse la restructuración de la deuda de corto plazo contraída en el segundo semestre de 1981. Con ello reconocían tácitamente que parte del problema radicaba en el endeudamiento público en 1981 por más de 20 000 millones de dólares, en una coyuntura internacional de incertidumbre financiera, contracción del crédito y aumento de las tasas de interés internacionales.

En abril de 1982, las cosas empeoraron y debió anunciarse un nuevo ajuste para sanear las finanzas públicas y reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 1 Dado que los costos sociales del nuevo ajuste se sumaban a los ya ocasionados por la devaluación de febrero y aún no se acordaban montos definitivos de aumento de los salarios, se resolvió aplicar aumentos escalonados retroactivos al 1° de febrero. 2 A finales de ese mismo mes, el Grupo Alfa, al que el gobierno había prestado 5000 millones de dólares meses atrás, declaró la suspensión de pagos a más de 130 acreedores extranjeros. Tal vez con más sentido de la realidad, el grupo financiero más importante del país optaba por el reconocimiento de la realidad: a esas tasas y a esos plazos no podía pagar.

No obstante que los tiempos electorales desaconsejaban medidas antipopulares para contener la crisis, la gravedad de la situación financiera obligó al gobierno a aplicar políticas recesivas con altos costos sociales que fueron calificadas como "monetaristas", lo cual el gobierno rechazó tajantemente, señalando que el ajuste económico tras la crisis de febrero de 1982 era un programa amplio para solucionar los problemas de corto plazo, sin quitar la mira de los grandes objetivos y con el menor costo posible. Diferentes sectores se vieron afectados, 3 las críticas subieron de tono y Silva-Herzog debió contestar: "nadie que conozca los rudimentos de la teoría económica podría calificar de monetarista a un programa que, entre sus primeras medidas, sostiene la consolidación de los niveles de empleo y consagra un aumento salarial como el que ha adoptado México", agregando que el país estaba en un "problema de coyuntura, un problema de liquidez, un problema financiero de liquidez, pero no hay nada que haya sido afectado en su estructura fundamental" (Tello, 1984: 97 ). 4

En la XLVIII Convención Nacional Bancada el gobierno debió decir: "Estamos en una circunstancia difícil y no pretendemos disimularlo. Pretendemos ganar en credibilidad antes que ser triunfalistas. Lo que sostenemos es que la crisis está bajo control". Enseguida les reclamó compromiso a los banqueros e, intimidante, les recordó que la banca era un servicio concesionado:

México cuenta con un sistema financiero moderno, sólido y eficiente. Qué mejor oportunidad para probar que esa modernidad, solidez y eficiencia sirven al país, antes que a ningún otro sector o grupo particular. No olvidemos que la banca es un servicio concesionado por el Estado, que debe estar a favor de los intereses generales de México. 5

Las declaraciones oficiales preparaban el ambiente político para la celebración de los comicios presidenciales de julio de 1982, de los que habría de salir airoso el candidato oficial Miguel de la Madrid Hurtado, quien ante la gravedad de la crisis advertía, con el cuidado que imponía la lealtad al presidente José López Portillo, la necesidad de emprender grandes virajes en la política económica, sin precisarlos. Aun cuando la crisis y el descontento popular eran evidentes, la oposición política carecía de la fuerza suficiente como para convertirse en una alternativa electoral a un partido de Estado que mantenía un férreo control corporativo sobre las organizaciones sociales.

La tercera y última llamada se produjo después de las elecciones presidenciales. El fatídico mes de agosto comenzó con otra desoladora noticia: para sanear las finanzas públicas y estimular la producción, volvían a subir los precios de los bienes y servicios básicos. Le siguió una innovación en la administración del dólar; un tipo de cambio preferencial para pagar los intereses de la deuda (pública y privada) e importaciones autorizadas, y otro libre. Dados los altos niveles de especulación, la preservación de la libertad cambiaría significaba lisa y llanamente que los banqueros podrían seguir vaciando impunemente las arcas del Banco de México, ahora con la seguridad de que tendrían acceso a dólares baratos para pagar sus deudas. 6

Los empresarios mostraban actitudes ambivalentes frente a las vacilaciones y la improvisación gubernamentales; para unos se trataba de excelentes medidas, para otros de una forma de maquillar una nueva devaluación del peso. En inserción pagada en la prensa el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) manifestaron crudamente su opinión: las medidas no resolverán la crisis, no evitarán la fuga de capitales y sí propiciarán la corrupción en la asignación de divisas. Por lo demás, la nueva reglamentación cambiaría confundió a los inversionistas medianos y pequeños, quienes retiraron sus depósitos en mexdólares con la esperanza de valorizar sus activos en el mercado libre, pero una circular que la Secretaría de Hacienda turnó a los bancos fue enfática en la intención de limitar la salida de dólares: los depósitos en moneda extranjera serían pagados en moneda nacional al tipo de cambio libre, y se prohibía su transferencia a agencias en el exterior u otras entidades financieras extranjeras. 7