Javier Alfredo Molina Roa - Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos

Más allá del discurso, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, con la asesoría del Centro de Derechos de la Tierra (Earth Law Center), impulsaron una iniciativa en la Asamblea Legislativa de la ciudad de México (Congreso Estatal) para reconocer oficialmente los derechos del río Magdalena (Lee, 2019). A la fecha, y después del cambio de poderes federales y estatales tanto en el ejecutivo como en el legislativo, nada se sabe de esta iniciativa. El nuevo gobierno ejecutivo anunció que seguirá el proceso de limpieza y regulación de los asentamientos irregulares del río Magdalena (Cruz-Flores, 2019), en tanto que la iniciativa en la Asamblea Legislativa seguirá esperando ser prioridad o retomar popularidad. Las consultas en las que los ciudadanos lograron incorporar el nuevo lenguaje ecocéntrico en el sistema legal son parte del proceso denominado “participación en la planeación democrática”, que ha ganado lugar en relación con la planeación y el diseño de leyes, y está regulado en la CPEUM como una obligación del Estado para conocer las aspiraciones y demandas de la sociedad, y un derecho de los ciudadanos para tener voz y participación en la planeación nacional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, arts. 26 y 71).

También en la reforma de la Constitución del Estado de Colima se incorporó el asunto de los derechos legales de los ríos. Esta reforma, realizada en el mes de junio de 2019, está vinculada al cumplimiento del derecho humano al medio ambiente al considerarla necesaria para alcanzar otros derechos humanos (Colima Noticias, 2019). A diferencia de los casos en estudio en Australia, Nueva Zelanda y Colombia, y su vínculo con los pueblos indígenas, ni la iniciativa para incorporar los derechos de la naturaleza en la constitución de la ciudad de México, ni la iniciativa para reconocer los derechos del río Magdalena ante la Asamblea Legislativa o en el Estado de Colima, fueron impulsadas por pueblos indígenas sino por ciudadanos, organizaciones ambientalistas y legisladores (Colima Noticias, 2019; Wilson y May Lee, 2019). La Constitución mexicana reconoce a los pueblos indígenas como integrantes de la nación pluricultural y su derecho a la libre determinación y autonomía para regular su territorio bajo las instituciones y sistemas normativo-culturales propios de los pueblos indígenas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 2.º). El 8,8% de la población que vive en la ciudad de México se autodenomina indígena, pero en su mayoría proceden de otros Estados (Excelsior, 2017) y no tienen un vínculo directo con el territorio de la ciudad de México.

El nuevo “lenguaje” corre el riesgo de quedar aislado y sin posibilidad de ser incorporado en el sistema legal mexicano. La falta de expedición de una ley secundaria que especifique el alcance, las personas, los medios y los procedimientos del ente colectivo sujeto de derechos crea una regulación rodeada de lagunas legales, confrontación con otros derechos y en las orillas del estado de indefensión. De acuerdo con O’Donnell (2018: 159-182), la paradoja consiste en que la naturaleza puede tener menos protección cuando ha pasado de objeto a sujeto legal y a ser considerado como un ente capaz de defenderse por sí mismo. Talbot-Jones y Bennet (2019) opinan que no solo basta otorgar derechos a la naturaleza, sino que es preciso definir los derechos y establecer las regulaciones necesarias para evitar resultados débiles, desacuerdos e implicaciones costosas y desalentadores.

La historia de las iniciativas para incorporar una visión ecocéntrica en el sistema jurídico norteamericano se remonta a los años 70, con los esfuerzos de Zygmunt Platter en los casos Tennessee Valley Authority vs. Hiram Hill et al., y Sierra Club vs . Morton. En las regulaciones, y a nivel municipal, el primer antecedente es la ordenanza municipal 9de descarga de lodo/barro del Borough Tamaqua de Pensilvania en 2006. Con ese documento las autoridades de Tamaqua Borough prohibieron que las corporaciones de la minería de carbón descargaran sus minerales dragados y el lodo residual a un pozo a cielo abierto, y al mismo tiempo consideraron como “personas” a los residentes del Borough, las comunidades naturales y los ecosistemas (Tamaqua Borough, 2006). En 2010 la ciudad de Pittsburgh reconoció la personalidad jurídica de las comunidades naturales y los ecosistemas en la ordenanza Marcellus Shale Natural Gas Drilling (Ordenanza de los Esquistos de Marcellus) 10. Además de reconocer en forma más amplia la protección de los ecosistemas, esta ordenanza eliminó la personalidad jurídica y los poderes de las corporaciones de la minería que intentaran perforar gas natural dentro de la ciudad 11. Otra ordenanza importante para los Estados Unidos es la de la ciudad de Santa Mónica que establece los derechos para la sustentabilidad del año 2013 [12]: “las comunidades naturales y los ecosistemas poseen derechos fundamentales e inalienables para existir y florecer”, y basa su expedición en la protección de los derechos fundamentales e inalienables de los residentes de Santa Mónica, tales como los derechos al agua limpia, al clima sustentable y una biodiversidad ambiental floreciente, entre otros 13. Santa Mónica ha avanzado en la planeación sustentable de la ciudad y ha expedido el Plan Sustentable de la ciudad de Santa Mónica y la Carta de Derechos Sustentables, documentos que abrieron el espacio para otorgar derechos a la naturaleza a través de esta ordenanza.

Afuera del contexto del gobierno municipal o local ha habido otros intentos importantes para proteger los derechos de la naturaleza y la personalidad jurídica de los recursos naturales, entre ellos los más emblemáticos han sido los casos del río Colorado y el lago Erie. Localizado en el sureste de EUA el río Colorado fluye con sus 2.330 km por siete estados de los EUA y dos estados de México hasta desembocar en el Golfo de California 14. La contribución económica del río y sus recursos a la economía de esa región en EUA es de $1.4 trillones de dólares (The Nature Conservancy, 2019) y además abastece de agua el servicio público municipal para lugares como Denver, Salt Lake City, Los Ángeles, San Diego, y de agua para la agricultura al Valle Imperial de California (U.S. Geological Survey, s.f.). Este río también ha sido el objeto de varios acuerdos entre Estados y países en los que se comprometen cantidades de agua, descargas de corporaciones mineras y uso en presas, de tal modo que al final de su trayecto la cantidad de agua que desemboca es mínima o nula (Amended Complaint, 2017).

En 2017 por primera vez en la historia de los Estados Unidos el ecosistema del río Colorado solicitó en la corte del Distrito de Colorado el reconocimiento de sus derechos, el reconocimiento de sus guardianes y la responsabilidad legal del estado de Colorado por la violación de los derechos del ecosistema del río 15. Los demandantes solicitaron a la corte que “declarara al ‘Ecosistema del Río Colorado’ como una ‘persona’ capaz de poseer derechos y asegurar […] derechos” 16. La petición señala la existencia de una estrecha relación simbiótica entre la salud del ecosistema y la de los humanos, así como la dependencia de los humanos de los ecosistemas 17. La queja y su enmienda remarcaron que la falla para enfrentar la degradación del ambiente natural también produce un menoscabo en la protección de las comunidades de los seres humanos 18, y que al no brindar la personalidad jurídica del ecosistema se violan las enmiendas 1.ª y 14.ª de la Constitución de EUA por no proteger del ejercicio arbitrario y del abuso de los poderes del gobierno 19. Al igual que en el caso del río Atrato, la queja del ecosistema del río Colorado se basó en el reconocimiento previo de la personalidad jurídica de la naturaleza de otros países y jurisdicciones 20.