Varios autores - Lecturas sobre derecho de tierras - Tomo IV

Es decir, la oposición a la prescripción se fundó en una hipótesis de ostentar la condición de baldío, y no en la convicción del análisis de la naturaleza del predio.

Lo anterior llevó a la Corte Constitucional a que en el seguimiento de cumplimiento de la sentencia dispusiera la suspensión de los procesos de prescripción y la remisión a la autoridad de tierras para que adelantara el respectivo proceso de clarificación de la propiedad.

La medida se justificó por cuanto, ante la falta de certeza de la naturaleza de los predios, las prescripciones debían ser suspendidas, pues con ello se exponían a la adquisición de bienes baldíos mediante procedimientos judiciales cuando eso está expresamente prohibido 15.

En términos generales las posturas expuestas en los numerales anteriores representan los acercamientos con los que se ha pretendido dar solución al debate de acreditación de la propiedad, y en ellas pueden señalarse inconsistencias al ser desarrolladas y aplicadas a los casos concretos de clarificación de la propiedad. En ese orden de ideas, en el presente acápite se propone una alternativa de interpretación del tema para resolver los problemas que pueden reprocharse de las posturas reconstruidas.

Para el efecto se parte de la construcción del concepto de baldío, señalando algunas de las consecuencias de este ejercicio, para finalmente analizar las fórmulas de acreditación de la propiedad.

Lo comentado hasta acá sería suficiente para señalar lo problemático que resulta tratar el asunto de los terrenos baldíos. En detalle, incluso podemos afirmar que el debate actual de acreditación de propiedad no difiere en algunos rasgos de los terrenos baldíos como la imprescriptibilidad, e incluso la inalienabilidad. En términos generales el debate sobre tales cuestiones reside en la determinación de lo que se debe entender como baldío.

En la Sentencia 1776 de 2016 la Corte Suprema de Justicia aceptó la existencia de la categoría de terrenos baldíos, y abogó por la protección de tal tipo de bienes como públicos y cruciales en la ejecución de las políticas públicas de reforma rural y ordenamiento social de la propiedad.

No obstante tales acuerdos, las posturas se distanciaron considerablemente al asumir lo que debe entenderse como terrenos baldíos pues, aun aceptando que se trata de una especie de bienes fiscales dirigidos a la adjudicación a particulares, no se hacen mayores precisiones respecto de lo que se debe identificar para asegurar que un bien reviste la condición de baldío.

La ambigüedad del término exige explicitar aquello que comprende el concepto, como una manera de superar las disputas verbales que involucran el uso de la palabra baldío.

Una manera de hacerlo consiste en consultar la definición (también lexicográfica) que trae el diccionario 16: un “baldío” es un bien inmueble sobre el que no se ejercen actividades de labranza o aprovechamiento económico. En dichos términos, la definición apela a una clasificación de los bienes inmuebles en función de si son o no cultivados.

El atributo o cualidad que se juzga determinante es convencional, aun cuando esté contenido en el diccionario. Con ello se quiere resaltar que en nuestro lenguaje el atributo “labrado” define el uso común del término “baldío”, pero no cierra la posibilidad de que mediante otras convenciones se fijen atributos distintos como rasgos característicos de los elementos que se pretenden agrupar bajo dicho concepto.

Construir una definición que tome distancia del significado etimológico del término baldío (bien de uso, según las reglas de la lengua española) exige la asignación de una acepción distinta, lo cual sucede en la legislación colombiana en la que se señalan como terrenos baldíos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional, respecto de los cuales no se acredita el dominio ajeno, o los que, haciéndolo, reviertan al dominio de la Nación. Con ello el legislador designó un conjunto de propiedades o atributos que en lo sucesivo resultarían suficientes para denotar inmuebles a los que se pudieran atribuir tales atributos 17. Por tanto, es indiferente que el diccionario y la legislación colombiana atribuyan significados distintos al término baldío.

Es importante precisar que las definiciones de baldíos se refieren a una categoría conceptual que adscribe ciertas propiedades o atributos según los términos definidos por el legislador. Las definiciones no versan sobre cosas sino sobre conceptos: cuando se define un concepto se presentan las características que determinados objetos deben reunir para ser abarcados por dicho concepto, pero en modo alguno con ello se define el objeto mismo 18.

Las características adscribibles al concepto baldío no son propiamente fenómenos naturales que se identifican como propios de ciertos terrenos: los bienes inmuebles ubicados en áreas rurales que no hacen parte del patrimonio de un determinado individuo también ostentan la condición de ser convencionales.

Si se supusiera que los terrenos baldíos solo pueden ser cosechados con tomates y los predios de propiedad privada con papas, la definición de los bienes que ostentan la condición de baldíos o de propiedad privada se limitaría a constatar el tipo de cosecha que se produce en cada uno 19.

Por el contrario, es preciso señalar que la condición de baldío de un terreno es una convención a la que se le adscriben características que no pueden ser identificadas con el mero examen de los objetos que se pretende imputar. Los bienes baldíos no revisten condiciones sensibles distintas a otros objetos que son también categorizados bajo el signo de bienes inmuebles.

De este modo, la relación entre el uso del lenguaje y la realidad que se pretende describir no es la de un realismo verbal en la que el signo refleja de modo necesario algún rasgo esencial del objeto descrito. En derecho, por el contrario, los símbolos se relacionan de manera convencional con otros símbolos que son asignados de manera independiente a razones lógicas o de la experiencia.

La estipulación del término baldío como bien inmueble que no ostenta la condición de pertenencia particular plantea una clasificación de orden más general que distingue dos subconjuntos, valorados en función de un atributo que es el dominio ajeno: los bienes que acreditan dominio y los que no lo demuestran; este último grupo se denomina bienes baldíos (arts. 44 del Código Fiscal y 675 del Código Civil).

Es decir, al concebir que el conjunto de bienes inmuebles del territorio nacional está compuesto por la totalidad de los bienes cuyos únicos atributos son ser inmuebles y estar ubicados dentro del territorio nacional, es posible distinguir que son de dos tipos: los que le pertenecen a alguien, es decir, que acreditan dominio ajeno a la Nación, y los que por no tener dicha propiedad se reputan como baldíos, y por tanto, de propiedad de la Nación.

A estos últimos se agregan aquellos bienes que habiendo pertenecido a alguien revierten al dominio de la Nación por el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la ley; en ese sentido, la declaración administrativa de extinción de dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad prevista en el capítulo XI de la Ley 160 de 1994 dispone qué predios revierten al dominio de la Nación en calidad de terrenos baldíos. Lo mismo ocurre con la mayoría de revocatorias de adjudicación de baldíos, entre otras, en la declaratoria de la condición resolutoria de trasferencias de baldíos 20.