Fernando Peñaranda Correa - Educación en el campo de la salud pública

Como consecuencia de la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud en Alma-Ata de 1978, se promovió la ampliación de la cobertura de servicios de la salud basados en la Atención Primaria en Salud (aps), con lo cual, la educación adquirió mayor relevancia en las políticas de salud del Ministerio de Salud en Colombia. Esta influencia se materializó en diferentes programas y acciones de orden nacional y local, entre los cuales vale la pena mencionar dos: “Supervivir” (en el ámbito nacional) y “Salud Integral para la Infancia” (en el ámbito local).12

El Plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil (Supervivir), liderado por el Ministerio de Salud, con la participación del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y con la cooperación técnica de la Unicef y la ops, se desarrolló entre 1985 y 1992 para evitar la morbilidad y mortalidad infantil como consecuencia del embarazo, parto y postparto, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, la desnutrición y las enfermedades transmisibles prevenibles con vacunas. La educación y la participación comunitaria fueron planteadas como unas de sus principales estrategias. Se organizó un programa educativo de cubrimiento nacional que incluyó la participación de estudiantes de secundaria, miembros de la comunidad, la Cruz Roja, la Iglesia católica, los Hogares de Bienestar Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, entre otros, formados como vigías de la salud, para hacer visitas domiciliarias educativas a las familias con niños menores de cinco años o mujeres embarazadas.

Por su parte, la propuesta de Salud Integral para la Infancia (sipi) desarrollada en 1991 por el grupo interinstitucional para los programas de salud del niño en Antioquia, orientada desde una perspectiva de promoción de la salud, mediante acompañamiento y estimulación del niño en su proceso de crecimiento y desarrollo, promovió como metas la salud, la autonomía, la creatividad, la solidaridad, la autoestima y la felicidad. Con este objeto, se llevó a cabo un importante proceso de formación del talento humano encargado de los programas de crecimiento y desarrollo en Medellín y los municipios de Antioquia, mediante el cual se buscaba mejorar la calidad del programa y, en particular, las prácticas pedagógicas. Bajo una perspectiva de diálogo de saberes, se impulsó una educación fundada en relaciones más horizontales y en el reconocimiento de los conocimientos sobre la crianza de las madres y otros cuidadores (Peñaranda et al., 2010).

Con la reforma del sistema de salud colombiano, por medio de la Ley 100 de 1993, se implementó un sistema de salud de corte neoliberal, que promovió la privatización de los servicios de salud, bajo una perspectiva de aseguramiento individual y de competencia, al ser asumida la salud como un bien transable en el marco de una dinámica del mercado. “Los objetivos centrales de la reforma de 1993 hicieron énfasis [...] en expandir la protección financiera de las familias ante los gastos catastróficos derivados de los costos asociados a los servicios de salud y [... en] mejorar el acceso mediante la extensión del aseguramiento” (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 7). La carga de la enfermedad13 se planteó como indicador clave del estado de salud (p. 9), razón por la cual la reforma tuvo un marcado acento asistencialista que terminó por debilitar las otras dimensiones de la salud pública. Se generó una “obsolescencia tecnológica en el primer nivel, reducción de la capacidad instalada en el segundo nivel y crecimiento en la capacidad instalada de alta complejidad con ampliación de la participación de la oferta privada sobre la oferta pública” (p. 13). Así, se debilitaron o se acabaron programas de salud pública que habían logrado un importante avance y reconocimiento (incluso internacional), muchos de ellos con valiosos desarrollos en el campo de la educación, como los de inmunización, control de la malaria y la lepra, crecimiento y desarrollo,14 entre otros. Por aquella época, la Constitución Nacional de Colombia y las jurisprudencias posteriores de la Corte Constitucional contemplaron la salud como servicio que debe brindar el Estado, y solo como derecho, en conexidad con el derecho a la vida (Jiménez et al., 2016, p. 82).

Como resultado de esta perspectiva asistencialista, la pérdida de otras dimensiones de la salud pública y el auge de los discursos de la promoción de la salud y de atención primaria de salud,15 la educación en el campo de la salud pública se fue debilitando, lo que en principio aparece como paradójico.16 En este orden de ideas, bajo una visión dicotómica de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, promovida por agencias internacionales como la ops, se desplazan fuera del “ámbito hospitalario” los esfuerzos educativos con la estrategia de los entornos saludables, entre estos, las escuelas y municipios promotores de la salud.17 En el caso de las Escuelas Promotores de la Salud en Colombia —estrategia propuesta en coordinación con el Ministerio de Educación—, se buscó que los proyectos institucionales educativos de las escuelas incluyeran contendidos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Gómez, 2013). En algunos de los proyectos llevados a cabo, las instituciones educativas definieron sustentos pedagógicos explícitos para sus propuestas educativas (ops, 2010).18

Con el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, el Ministerio de Salud pretendió fortalecer la salud pública que se había debilitado en los años anteriores, en razón a lo cual la educación para la salud aparece allí como una estrategia de promoción de la salud a cargo de la Nación y los entes territoriales, que debe fomentarse dentro y fuera del sector salud:

Los recursos disponibles en el sector salud financian estrategias de promoción de la salud tales como las de información, educación y movilización social para el desarrollo de habilidades favorables a la salud y la promoción de estilos de vida saludable, el fomento y evaluación de políticas públicas saludables, el fomento de la participación social y la reorientación de los servicios hacia las acciones de promoción y prevención. (Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, 2007, p. 31).

La educación aparece también ligada a la estrategia de Educación, Información y Comunicación (eic) para promover los derechos de la salud de la infancia, los estilos de vida saludables, la salud sexual y reproductiva; la prevención de la violencia, el abuso sexual, las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles; el uso racional de medicamentos, el desestímulo del hábito de fumar, los patrones alimentarios adecuados y el fomento de la lactancia materna, así como para el manejo alternativo del saneamiento ambiental (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2007). Constituye un avance la referencia explícita a la educación en el plan, aunque se haga desde una perspectiva educativa biomédica restrictiva centrada en la enfermedad (la propuesta de eic19). La educación en este plan mantiene su carácter instrumental y solo aparece dentro de las estrategias, sin un diagnóstico sobre la situación de la educación en el campo de la salud pública que abarque un análisis pedagógico; tampoco se aborda en el capítulo de conceptos (marco teórico, enfoques y principios). En esa medida, la educación continúa siendo marginal en este plan.

En la Ley 1438 de 2011 de reforma al sistema general de seguridad social en salud (Colombia. Congreso de la República, 2011) la educación tampoco constituye un aspecto relevante. Solo es mencionada en el capítulo 3, “Atención Primaria en Salud”, cuando se presentan las funciones de los equipos básicos de salud: “Facilitar la prestación de los servicios básicos de salud, educación, prevención, tratamiento y rehabilitación” (p. 8).