Las empresas agroindustriales del área pampeana lograron sortear la crisis. El aumento del consumo interno sostuvo la producción de harina, aceites y productos lácteos. Además, el Estado -que se había mantenido al margen de la comercialización del trigo y de la harina- introdujo por primera vez regulaciones al precio de estos dos productos y estableció cuotas en la entrega de trigo a los molinos. (Kofman et al., 2012). A partir de 1933 y por primera vez, las juntas reguladoras del comercio de granos, carnes, leche, vino, yerba mate, azúcar y algodón introdujeron mecanismos de regulación corporativa con participación estatal. Estas juntas se crearon para proteger la producción local y evitar que los intermediarios que comercializaban estos productos transfirieran, vía precios, los costos de la crisis a los productores (Persello, 2006).
El desplazamiento de las actividades de intermediación a favor de la transformación de materias primas favoreció la instalación de empresas químicas, papeleras y metalúrgicas. Esto se consolidó cuando la Segunda Guerra Mundial limitó el acceso a insumos y bienes de capital para la industria. En ese contexto se fortalecieron las filiales de multinacionales norteamericanas y alemanas en las ramas más dinámicas de la industria que se habían radicado inicialmente como importadoras de bienes de consumo, bienes de capital e insumos para el mercado interno (Lanciotti y Lluch, 2018).
De igual manera, se crearon nuevos grupos económicos de base industrial como Arcor, Di Tella y Techint, impulsados por empresarios de origen italiano. Di Tella y Techint concentraron sus inversiones en la industria metalmecánica y en la siderurgia para lo cual apelaron al financiamiento de redes ítalo-argentinas y establecieron vínculos estrechos con el Estado nacional que les garantizaban crédito flexible y contratos estables para la provisión de bienes públicos (Rougier y Schvarzer, 2006; Castro, 2008; Barbero, 2011).
1.2.2 ¿Qué políticas implementó el Estado para promover la industrialización argentina? ¿Qué nuevas empresas y grupos se expandieron bajo la industrialización liderada por el Estado?
En 1944, el gobierno nacional aprobó el primer régimen de promoción industrial dirigido a proteger las actividades que emplearan materias primas nacionales e insumos importados para producir manufacturas de consumo interno, artículos de primera necesidad y productos relevantes para la defensa del país, mediante la fijación de derechos aduaneros, cuotas de importación y subsidios. La promoción industrial se consolidó durante el gobierno peronista (1946-1955)10 que impulsó la diversificación productiva con el objetivo de modificar la estructura de las importaciones y atemperar los efectos de las fluctuaciones internacionales en la economía. Estas políticas inauguraron la fase de industrialización dirigida por el Estado, la cual se extendió hasta el golpe militar de 1976.
Los ejes del programa económico peronista se implementaron a través de dos planes quinquenales. El Primer Plan Quinquenal fijó la protección de las industrias que se habían expandido en los años previos como la algodonera y metalúrgica. El Segundo Plan Quinquenal de 1952 impulsó el desarrollo de la siderurgia, la metalúrgica y la química, para favorecer la integración de la industria argentina. La importación preferencial de insumos para estos sectores no significó el abandono de la promoción de exportaciones de otras manufacturas, textiles y artefactos domésticos a través de incentivos cambiarios. En esta coyuntura fueron frecuentes los acuerdos entre el gobierno y las empresas. En algunos sectores la cooperación entre gobierno y empresas se afianzó mediante convenios con las cámaras empresariales (Belini, 2009).
Durante el primer gobierno peronista el Estado adquirió las empresas británicas de servicios públicos y transportes, marcando el final del ciclo de inversión británica asociado a infraestructura primaria y recursos naturales y la consolidación de un nuevo ciclo de inversión externa liderado por firmas norteamericanas.11 La gestión estatal de la economía en actividades prioritarias se consolidó mediante una serie de medidas. El Estado nacional adquirió empresas extranjeras que realizaban actividades estratégicas para el desarrollo económico, creó nuevas empresas mineras, eléctricas y gasíferas, incorporó la petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) al Ministerio de la Industria y se hizo cargo de la administración de las grandes empresas industriales alemanas confiscadas luego de la declaración de guerra a Alemania en 1945. Durante el segundo gobierno peronista (1952-1955), la crisis de la balanza comercial impulsó la sanción de una ley de inversión extranjera (1953) para incentivar la radicación de firmas que produjeran bienes industriales para suplantar insumos importados y ahorrar divisas (Altimir et al., 1967). La participación de las empresas industriales extranjeras en la economía nacional se fortalecería en las décadas siguientes.
Nuevas empresas industriales se concentraron en las áreas metropolitanas de las ciudades portuarias sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe: firmas de capital nacional como Celulosa Argentina y Electroclor -del grupo Fabril Financiera- o Sulfacid -de Bunge y Born- y firmas extranjeras como Atanor, Merck y Hoeschst. La construcción de refinerías de petróleo de la empresa estatal YPF y la finalización del oleoducto Campo Durán (Salta) - San Lorenzo (Santa Fe) en 1959 atrajeron la localización de empresas petroquímicas extranjeras como Duperial, Dow, PASA o Ipako en los años siguientes.
Las empresas metalmecánicas y siderúrgicas, como la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), Acindar, Dálmine-Siderca (del grupo Techint), Cametal y Montenegro, se instalaron en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. A diferencia de las químicas y petroquímicas, esta actividad estuvo principalmente en manos de empresas de capital y gestión local (Katz, 1996). Por otra parte, las políticas de promoción industrial y de electrificación a escala nacional llevadas adelante por el gobierno peronista generaron nuevos distritos industriales en las provincias de Córdoba y Mendoza. A partir de la década de 1950 la instalación de plantas automotrices de multinacionales como ika-Renault, Citröen, Fiat, Peugeot, Ford, Chrysler y Mercedes Benz reforzó el crecimiento de dichos distritos. En términos de producto y de empleo, la industria automotriz se transformó en la más dinámica de la economía argentina.
El gobierno promovió además la inversión en la producción de maquinaria agrícola. Desde la década de 1920, las empresas locales habían experimentado fuertes trabas por la escasez de insumos (hierro, principalmente) y por las políticas arancelarias que favorecían la importación de maquinaria. De este modo, el mercado interno estaba controlado por las multinacionales norteamericanas J.L. Case e International Harvester. Durante la crisis de divisas, el primer gobierno peronista restringió la importación de maquinaria agrícola en favor de la producción local de empresas argentinas y extranjeras. La industria de maquinaria agrícola fue declarada de “interés nacional” y el gobierno fijó cuotas de importación bajas de aranceles para insumos no fabricados en el país y créditos flexibles. En este contexto empresas nacionales como Roque Vassalli y Grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos -GEMA- aumentaron su capacidad instalada, la producción y las ventas. Además, el gobierno firmó contratos de exclusividad con las empresas productoras de tractores nacionales y extranjeras. Como consecuencia, multinacionales como John Deere y Massey Ferguson aumentaron la inversión directa y construyeron nuevas plantas en el país. En los años 1960 la competencia en un mercado protegido pero limitado impulsó la exportación de maquinaria a los países limítrofes; una estrategia que pronto llegaría a su fin jaqueada por los altos costos de la producción local y la ampliación de la brecha tecnológica entre las empresas locales y las multinacionales extranjeras (Belini, 2009).
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