Francisco Valdés Ugalde - La regla ausente

El conflicto constitucional consiste en la creciente disposición estratégica de los actores políticos respecto de las normas que definen el llamado pacto constitucional. Si aceptamos que este constituye un arreglo estable bajo ciertas condiciones, la presencia de situaciones más o menos permanentes de conflicto en su seno supone una crisis de la estabilidad del arreglo, definida por la irrupción de fuerzas con poder para alterar las reglas y términos del pacto constitucional. Cuando ocurre algo semejante, estamos frente a una crisis de equilibrio en que las fuerzas activas en él buscan condiciones y estrategias para crear un nuevo punto de equilibrio.

La peculiaridad de la situación mexicana es su carácter sui géneris respecto a la norma anterior, pues el equilibrio precedente del pacto constitucional residió en lo que, sin temor, podría caracterizarse como un arreglo a la Hobbes: durante 71 años la estabilidad del pacto dotó de esta misma cualidad al presidencialismo autoritario y, como consecuencia lógica, las demás instituciones políticas padecieron de inestabilidad y precariedad.

Esta condición, anómala solamente en apariencia, puede esclarecerse con el lenguaje de la teoría de los juegos. El equilibrio del pacto político constitucional incluía, como solución hobbesiana, la «cesión voluntaria» de los derechos ciudadanos a la decisión sobre la orientación del Estado en un soberano que ejerció el poder elevando el carisma republicano de la presidencia a un ejercicio unipersonal de mando y transformación no pocas veces manipuladora de las instituciones. Entre 1917 y 2008 la Constitución fue modificada 456 veces, y 372 de estos cambios se produjeron únicamente en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. En total, cinco reformas o adiciones anuales de promedio durante 91 años.

Haciendo por ahora a un lado el problema del método de cambio constitucional, que abordaremos más adelante (véase infra, cap. 4), la necesidad de una constitución democrática es imperativa para México. La vigente en la actualidad combina reglas democráticas con otras autoritarias y, en particular, define un modelo de gobierno que no opera adecuadamente bajo las condiciones del pluralismo político. Dicho en el lenguaje que hemos utilizado en este capítulo, la regla de reconocimiento constitucional combina elementos que apuntan parcialmente a aspectos democráticos de la regla de reconocimiento y, por otra parte, a elementos autoritarios que subyacen al diseño institucional del sistema de gobierno, tanto por lo que se refiere al vínculo entre Estado y sociedad, como por lo que respecta a la relación entre las instituciones de gobierno.

Si volvemos a la diferencia entre el planteamiento clásico de la construcción del Estado de derecho según Hobbes y Kant, la cooperación política entre los miembros de un Estado puede estar basada en el temor (Hobbes) o en el reconocimiento mutuo de los derechos fundamentales (Kant). En el primer caso la realidad del ciudadano queda ocluida por la selección de un tipo de gobierno que, por acuerdo y cesión de la soberanía en una autoridad «absoluta», sea esta una asamblea (parlamento) o un dictador (el monarca, en los términos de Hobbes). En el segundo, la entidad de los ciudadanos es plenamente reconocida y la racionalidad de la conformación de la autoridad pública se basa en el reconocimiento de que la soberanía reside permanentemente en ellos. Es indudable que la «solución» kantiana a este dilema del prisionero superó históricamente a la ofrecida por Hobbes, si bien en ambos hay una identificación del problema básico que subyace a la institucionalización de la autoridad pública.

En el caso de México, el problema de fondo, puesto en términos característicos de la teoría clásica, es cómo pasar de una solución del estilo de Hobbes, encarnada en el autoritarismo propio del monopolio político de la representación, a otra basada en el reconocimiento mutuo y el diseño de sistemas de colaboración interconstruidos en las instituciones políticas, que tenga la capacidad de representar a la soberanía en forma plenamente democrática y de establecer nuevas reglas de concurrencia de los órganos de gobierno que eviten una prolongación de la pluralidad en forma de conflicto en el funcionamiento de las instituciones y en las relaciones entre Estado y sociedad.

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