Francisco Valdés Ugalde - La regla ausente

En este punto es importante advertir que cuando los juegos son finitos pueden ser desagregados en diferentes jugadas. Todos los jugadores tienen derecho a hacer una jugada y a responder a los movimientos del otro hasta un punto final. Lo destacable consiste en que, como el agente prevé que el juego concluirá, buscará desde el primer movimiento las estrategias que le permitan llegar a la última jugada obteniendo la mayor ganancia posible. En otras palabras, cuando los jugadores pueden prever que el juego terminará, buscarán desde el comienzo, por definición, que la estrategia dominante sea la obtención de la máxima ganancia posible incluso a costa de terceros. A ello se agrega una característica adicional de la última jugada, en que la previsión de obtener la máxima ganancia, dada la finitud del juego, se agudiza. De esta manera, podríamos decir que esta última jugada hace las veces de un intento de «estocada» o «golpe final». Esto genera, desde el punto de vista de ciertas situaciones políticas, soluciones subóptimas para la cooperación en el largo plazo; suelen ser problemas que «preocupan» a la opinión pública y, cuando persisten, erosionan la legitimidad de la política.

Por el contrario y también a modo de ejemplo, en un juego no finito como el que caracteriza las relaciones internacionales, las burocracias estatales tienden a ubicar a sus respectivos países en un contexto en el que lo más probable es que los otros Estados permanezcan en el escenario. Esto significa que parten del supuesto de que todo lo que se encuentra en dicho contexto subsistirá en el tiempo, ya que sería insensato suponer la súbita desaparición de un actor. En estas situaciones, al no poder preverse una última ronda de juego se genera un incentivo para la cooperación porque, al estar «obligados» a relacionarnos, aunque nuestra ganancia será probablemente menor que el beneficio total que podríamos obtener si desertáramos, resulta mayor si cooperamos que si continuamente estuviéramos desertando. Visto a distancia, este fue el juego en la Alemania nazi: su ganancia previsible total era mayor que invadir Checoslovaquia y Polonia bajo el erróneo supuesto de que no volverían a la mesa de juego sin tomar en consideración o minusvalorar la decisión de otras potencias de no permitir jugadas «ilegales» e intolerables.

Esta conclusión es también aplicable a las situaciones de oportunismo, en las que se juega a convertir un juego infinito en uno finito aplicando en la práctica una forma de desertar, alentada por diferentes incentivos (por ejemplo, ausencia o altos costes de monitorización). Pero si no se presentan esas facilidades, en una situación de estabilidad y permanencia el oportunismo solo será posible ocasionalmente, ya que implicaría en las siguientes rondas del juego una pérdida mayor a las ganancias de un golpe oportunista. De esta manera, se produce una situación en que el refuerzo de la tradición, la costumbre o el código de conducta de las formas de cooperación se vuelven la clave de buena parte de la convivencia social, y afectan a las reglas formales de convivencia coordinada —incluidas las constitucionales— y las informales.

De acuerdo con lo especificado en el apartado anterior, podemos inferir que, en juegos repetitivos, las bases elementales de la cooperación se presentan axiomáticamente sin recurso necesario a la coerción externa, si bien de una manera imperfecta que requiere adaptaciones adicionales, que en este caso sí son de naturaleza coercitiva.

Esto quiere decir que el Estado no impone en toda las ocasiones las reglas constitucionales externas porque en las conductas y las formas de coordinación «horizontal» existen valores y creencias acordes con ellas. Más aún, la posibilidad de que las normas «externas», típicamente especificadas en la Constitución y la ley, sean «honradas», es decir, cumplidas por la mayor parte del grupo sometido a ellas, depende en gran medida de su aceptación interna, del grado en que formen parte de las creencias y valores efectivos compartidos por el grupo.

Este es un tema significativo para el análisis de las constituciones —y en general de cualquier orden legal—, ya que está relacionado con el coste de hacer cumplir las leyes. La bibliografía sobre el coste de transacción trata en buena medida de los sistemas jurídicos, porque desde este punto de vista pueden caracterizarse por una eficacia que encarece o disminuye los costes, según la internalización de la norma, esto es, la creencia de la sociedad en que la norma sea digna de ser obedecida; si esto es así, por lo tanto, el coste de hacerla cumplir se considera socialmente absorbido.

En este sentido, el interés de la ciencia política en la aparición de modos de cooperación implícitos en dilemas del prisionero repetitivos, que puede rastrearse desde los autores clásicos,[32] radica en encontrar formas de cooperación que sustituyan el control autoritario del gobierno para resolver conflictos relativos a la producción de bienes públicos. Estas contribuciones pueden modificar a la postre nuestra visión de lo que los gobiernos deben hacer y nuestra perspectiva acerca de los dilemas mismos que aquellos inducen en la sociedad.

Pero ¿por qué, sin embargo, se hace necesario el Estado y qué relación tiene esta reflexión en torno a los juegos cooperativos voluntarios, en contraposición a los derivados de la coacción, con respecto a las constituciones? Para responder a esta pregunta resulta de utilidad recapitular brevemente los aportes que nos ofrece el modelo del dilema del prisionero. Este posee un gran potencial para explicar por qué bajo determinadas circunstancias dos o más personas pueden beneficiarse al colaborar, pero también para mostrar cómo pueden beneficiarse aún más del hecho de lograr ventaja de que los otros se apeguen a los términos de la colaboración, mientras el jugador que obtiene la mayor ventaja lo hace porque deserta del juego. En otras palabras, este modelo nos muestra que siempre puede ser atractivo lograr una ganancia mayor mediante trampas.

Por definición, la posibilidad de hacer trampas consiste en obtener una mayor ventaja a través de un comportamiento oportunista, dada la existencia de un nicho que se aprovecha para ello. Pero lo que queremos destacar es que, en los grupos grandes como las sociedades nacionales, este problema crece exponencialmente, pues precisamente en ellos la relación directa entre los individuos no es suficiente para resolver los problemas de coordinación y de organización social que evitan el oportunismo. De esta manera, se hace necesaria la formulación de normas generales y abstractas que gocen de vigencia y de sistemas que hagan cumplir esas normas, independientemente de las relaciones subjetivas. Como hemos dicho antes, la coordinación cooperativa puede ser espontánea, pero solamente a un nivel elemental. A partir de la espontaneidad, la idea de «bien público» constituye un constructo complejo de creación de instituciones que estimulan la cooperación mediante incentivos positivos o negativos, reducen los márgenes de oportunismo y establecen niveles de certeza y seguridad que hacen más ventajosa la cooperación que la deserción.

A lo expuesto anteriormente se puede agregar el tema de la medición de los costes de un esquema de cooperación y, consiguientemente, la valoración de su idoneidad. En todo grupo grande (N) la contribución individual de un miembro es marginal, esto es, si uno de los integrantes desaparece, el funcionamiento conjunto del grupo no se altera significativamente. La situación de N-1 significa que, en la medida en que el grupo es lo suficientemente grande para asegurar la cooperación, será siempre racional que un individuo deserte, dado que puede obtener beneficios sin pagar ningún coste y pasar desapercibido, pues considera que el tamaño del grupo es lo bastante grande.[33]