Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado

La oficialización de las justicias indígenas y las políticas de negociación

Un rasgo distintivo de las experiencias analizadas y subordinadas al Estado, en las que se pone en juego el modelo de justicias alternativas, es justamente el proceso de oficialización de la justicia indígena y su impacto en la construcción y el significado de la autoridad y el derecho indígena. Dichos procesos responden a la doble lógica del multiculturalismo neoliberal (Hale, 2002): por un lado está el reconocimiento acotado de derechos culturales, y, por el otro, se encuentra el impacto sobre las categorías étnicas y sus efectos diferenciadores en la autoridad indígena. Los casos del Juzgado Indígena de Cuetzalan, en Puebla, y del nuevo sistema de justicia indígena, en Quintana Roo, son paradigmáticos para revelar los sentidos diferenciados de dichos procesos en los actores locales y el acomodamiento que han provocado en el campo jurídico regional y comunitario. Si bien el cambio legal definido por el Estado tiene el efecto de construir desde arriba, desde el poder, la visión oficial de la justicia indígena, los impactos en el campo jurídico local están diferenciados. En él inciden de manera fundamental los procesos organizativos y la posibilidad que tienen los actores indígenas de apropiarse de dichos marcos legales para darles otros sentidos.

La experiencia del Juzgado Indígena de Cuetzalan, analizada por Claudia Chávez y Adriana Terven, revela el doble proceso que trajo consigo la instalación de esa nueva institución en la Sierra Norte de Puebla. La imposición de los juzgados indígenas en el nivel municipal desconoce y deslegitima la justicia indígena vigente en el nivel comunitario —la justicia de paz—, lo que propició la fragmentación de las autoridades tradicionales pero, al mismo tiempo, creó un espacio en el nivel municipal que ha generado expectativas y opciones para fortalecer lo que se está reconstruyendo como justicia indígena desde el derecho propio, que va más allá del modelo folclorizante y de justicia alternativa impuesto por el Estado. En ese proceso de reconstitución de la justicia indígena, las mujeres nahuas de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, han desempeñado un papel fundamental al promover lo que han llamado una “justicia intercultural con perspectiva de género” (Mejía, 2008; Terven, 2009). La incidencia de las mujeres organizadas en la Justicia Comunitaria se ha logrado, por un lado, mediante la participación de las integrantes de la organización de mujeres Maseualsiuamej Monsenyolchicauanij (Mujeres indígenas trabajando juntas) en el Consejo del Juzgado Indígena, buscando influir en la manera en que se replantea el derecho nahua y los procesos conciliatorios. Paralelamente han creado también, desde 2003, la Maseuasiuatkali (Casa de la Mujer Indígena) donde son atendidas las mujeres víctimas de violencia sexual y doméstica, y se trabaja de manera coordinada con el Juzgado Indígena.

Fue la larga historia de reflexión y movilización en torno a los derechos indígenas y derechos de las mujeres la que posibilitó que las mujeres y los hombres de Cuetzalan pudieran apropiarse e incidir en los espacios oficiales generados como parte de las reformas multiculturales neoliberales. La capacidad negociadora de las autoridades indígenas tiene, sin embargo, sus límites en el marco regulatorio impuesto por el Estado, porque está caracterizada por la ambigüedad legal y deja ilegibles las competencias y alcances de los jueces indígenas. Lo cierto es que se han abierto algunas opciones nada desdeñables para el Juzgado Indígena, que significan alternativas para fortalecer proyectos propios más allá del espacio judicial, como bien lo analizan Claudia Chávez y Adriana Terven en este volumen. [18]

En el otro extremo, el caso de los nuevos jueces tradicionales de Quintana Roo, como parte de un nuevo sistema de “justicia maya”, institución creada también por el Poder Judicial, que revela la capacidad regulatoria y vigilante del Estado, al construir nuevos sujetos étnicos con el respaldo oficial para atender asuntos menores, sin mayor resistencia. En este caso, la falta de procesos organizativos en la región parece haber significado la aceptación pasiva de los nuevos modelos de la justicia indígena que se han impuesto en espacios comunitarios debilitados. A diferencia de lo que sucede en Cuetzalan, no se observa la incidencia de reivindicaciones de género en la justicia maya, aunque el discurso de los derechos, legitimado por el Estado, ha introducido los derechos de las mujeres acotando el ejercicio de la autoridad étnica. No obstante, aun en esa experiencia de marcada oficialización de la justicia maya, es posible observar la agencia social y las apropiaciones que los actores hacen de esos espacios que, a pesar de sus límites, generan opciones que propician la revaloración de las identidades étnicas (véase el capítulo de Manuel Buenrostro).

En ambas experiencias, la oficialización y la construcción de la justicia indígena da cuenta de las lógicas de gobernanza multicultural del Estado con las cuales pretende responder a los reclamos de inclusión de los pueblos indígenas. En esos contextos se ve al Estado como el respaldo institucional que garantiza la legitimidad de las autoridades y como la instancia que otorga los recursos, aunque limitados, que sustentan a la autoridad indígena. Las acciones contestatarias de las organizaciones, cuando mucho, negocian dichos marcos, pero no los desconocen ni los confrontan.

A diferencia de esas experiencias, el modelo oaxaqueño de reconocimiento implicó una respuesta diferente, que partió de reconocer la justicia indígena vigente y sus instituciones y, por un buen tiempo, representó un referente de la puesta en práctica de la autonomía comunitaria a nivel nacional, permitida por la ley (Anaya, 2004, 2005; Martínez, 2004, 2011; Recondo, 2007). El análisis de Juan Carlos Martínez en este libro sobre el campo jurídico mixe y su adecuación a las nuevas reformas estructurales neoliberales muestra que se están cerrando los espacios a la autonomía indígena ante las presiones del capital transnacional. Aquí es de esperar que la fuerza identitaria de las comunidades mixes seguramente incida en el rumbo que sigan los cambios legales y las posibilidades de confrontarlos o resignificarlos.

Respuestas contrahegemónicas de la justicia en los márgenes del Estado

La otra cara de la oficialización de la justicia indígena es la experiencia de organizaciones indígenas que, en contextos de fuertes tensiones y arraigados procesos organizativos, están disputando al Estado la definición oficial de la justicia indígena y develando los límites del reconocimiento para la práctica de la justicia propia. Experiencias como la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (véase el capítulo de María Teresa Sierra), las de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas (véase el capítulo de Mariana Mora) y de las alcaldías indígenas en Guatemala (véase el capítulo de Rachel Sieder) permiten analizar el papel productivo y contrahegemónico del derecho, y también revelan el potencial creativo e innovador de esas experiencias para promover, desde lo colectivo, modelos alternativos de justicia, basados en la reconstitución del derecho propio —en mutua relación con el derecho estatal e internacional— y en el ejercicio de la autonomía comunitaria.

En varias de las experiencias, las nuevas normatividades, que en algunos sentidos se contraponen a las jerarquías tradicionales de género, en mayor o menor medida impactan las relaciones entre hombres y mujeres. El derecho indígena se reformula en muchas comunidades de Chiapas, en diálogo con las nuevas leyes zapatistas, como la Ley Revolucionaria de Mujeres y con el derecho nacional e internacional. En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, las mujeres indígenas dan una lucha, aunque incipiente, para influir en los espacios de impartición de justicia. Se trata de procesos difíciles y llenos de contradicciones, pero que nos hablan de la flexibilidad e historicidad de la justicia comunitaria y confrontan cualquier perspectiva esencialista del derecho indígena.