Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado

La lucha contra el narcotráfico y la inseguridad generalizada también se refleja en las políticas de seguridad en Guatemala, las que evidencian un endurecimiento y una creciente militarización de la seguridad pública. En diciembre de 2010, el gobierno decretó un “Estado de sitio focalizado” en el departamento de Alta Verapaz, supuestamente para combatir el narcotráfico. La suspensión temporal de las garantías constitucionales ha consternado a los defensores de los derechos humanos, quienes temen que ese tipo de medidas puedan usarse para reprimir los movimientos indígenas y campesinos con la cobertura de la ley.

En México, en el nivel local, muchas de las reformas multiculturales que se iniciaron durante la década de los noventa han sufrido retrocesos y, en otros casos, se han impulsado espacios autonómicos en los márgenes del Estado. Los costos de su defensa han sido muy altos para las organizaciones indígenas (véanse Sierra y Cerda, en este libro). Juan Carlos Martínez, en su capítulo, nos habla de una regresión en los derechos autonómicos de los pueblos indígenas en Oaxaca, y vincula ese proceso con los cambios estructurales de la región, ya que el Estado pluralista que resultaba aceptable a la economía política del estado hasta finales del siglo XX, se ha convertido en un obstáculo para la apertura de los recursos naturales al capital transnacional, como es el caso de los proyectos de energía eólica en el istmo de Tehuantepec y también en Oaxaca (véase Elisa Cruz, en este libro).

En varias regiones, como en la Sierra Norte de Puebla (Chávez y Terven), la zona maya de Quintana Roo (Buenrostro), las regiones indígenas de Chiapas (Mora y Cerda), o Guerrero (Sierra), las políticas públicas multiculturales, incluido el reconocimiento del derecho indígena, continúan de manera paralela a las nuevas formas de control y vigilancia del Estado, desarrollando lo que Michel Foucault (1975) ha definido como “efectos regulatorios” que se articulan con las prácticas y los discursos de actos de represión y de vigilancia estatal

Podríamos decir que, durante el desarrollo de nuestra investigación, pudimos evidenciar cambios en el Estado como sistema, es decir, en las instituciones y en las prácticas que se materializan en las dependencias gubernamentales (véase Abrams, 1988), que una de las autoras caracteriza como una transición del Estado multicultural neoliberal a un Estado penal (véase el capítulo de Hernández): un Estado que expande su influencia a través de códigos civiles y penales que limitan las libertades y controlan a los individuos, pero que, a la vez, reduce su presencia en lo que respecta a sus responsabilidades sociales. El desarrollo de las políticas neoliberales en México no sólo requiere limitar los ya de por sí reducidos espacios autonómicos ganados en algunas regiones indígenas para permitir la entrada del gran capital, sino que, al mismo tiempo, requiere un aparato de control punitivo para la protesta social, fortaleciendo de ese modo el rostro penal del Estado.

Paralelamente, en el Estado como efecto, la construcción discursiva, los imaginarios y las representaciones (Mitchell, 1999) varían mucho en las distintas regiones donde se trabajó, variaciones que dependen de los encuentros y desencuentros que los pueblos indígenas han tenido con sus prácticas materiales y discursivas. Para las mujeres indígenas presas y para los y las zapatistas víctimas de la guerra de baja intensidad o de los estados de excepción, el Estado como efecto se vincula estrechamente con la violencia, aunque las mujeres y los zapatistas participen en esa construcción desde su panóptico (el sistema penitenciario), o desde sus márgenes (las regiones autónomas). Los imaginarios del Estado están marcados por la represión y la violencia que se han vivido a través de sus instituciones militares y policiacas, como sucede también en la Montaña de Guerrero (Sierra). Para los jueces indígenas de Cuetzalan (Chávez y Terven) y de Quintana Roo (Buenrostro), para los alcaldes mayas de Guatemala (Sieder y Macleod) y aun para los integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero (Sierra), el imaginario del Estado incluye, asimismo, los limitados espacios de reconocimiento o diálogo, participando en su construcción social negociando o desafiando los límites de su soberanía.

La disputa por la justicia y su significación política desde las prácticas. Redefiniendo la soberanía y los márgenes del Estado

El campo jurídico, como espacio institucional y de poder (Bourdieu, 1987), y la justicia, como apuesta ético-política, constituyen referentes analíticos privilegiados para el análisis de las dinámicas cambiantes de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y para documentar el impacto de la politización de las identidades y la construcción de nuevas subjetividades étnicas. Como hemos señalado, las reformas multiculturales se han traducido en leyes que reconocen ciertos niveles del pluralismo jurídico en las configuraciones estatales, y eso ha propiciado que los actores indígenas tengan respuestas diferenciadas para negociar, disputar y apropiarse de los cambios legales. Los cambios legales impactan las instituciones mismas de la justicia indígena, así como sus ámbitos de competencia y el ejercicio de la autoridad, al mismo tiempo que redefinen la tensión entre la legalidad y la ilegalidad en la que operan los campos jurídicos subalternos. Se configuran, así, nuevos espacios de pluralidades normativas complejas, conectadas y constituidas mutuamente, en las que la regulación nacional y transnacional impacta la regulación local.

En este apartado, destacamos la dimensión práctica de la justicia, como espacio institucional de resolución de conflictos y de entramados normativos, en términos de su capacidad regulatoria y disciplinaria, y en lo que revela en torno a la disputa por su significación. Las apuestas para construir y fortalecer la justicia propia, con base en el ejercicio de la autoridad indígena y comunitaria, constituyen una de las principales exigencias gestadas en las comunidades y pueblos indígenas en México y en Guatemala, como sucede también en el resto del continente americano. Los alcances del reconocimiento en materia de jurisdicciones indígenas y la posibilidad de las comunidades de poner en práctica sus sistemas jurídicos dependen de cada contexto y de las historias que han marcado la relación con los poderes regionales y estatales.

En el caso de México, observamos la heterogeneidad de respuestas y manifestaciones de las justicias indígenas y comunitarias en los distintos estados ante los cambios legales. La comparación con Guatemala revela que la construcción de espacios alternativos, paralegales de justicia indígena y comunitaria no necesariamente responden a las lógicas de regulación definidas por el Estado, sino que se construyen, muchas veces, en oposición con los actores gubernamentales. Los espacios de la justicia, por su papel productivo en la vigilancia y en la regulación social, y por los efectos en el imaginario político, revelan nuevamente dimensiones fundamentales sobre el Estado como sistema y sobre el Estado como representación (véase el capítulo de Sieder, en este libro).

En todas las regiones que se investigaron es posible destacar la reconfiguración del campo jurídico regional y estatal como impacto de las reformas legales nacionales o internacionales, las tensiones que se generan en las dinámicas de poder local y con el Estado, y especialmente la apropiación que hacen los actores locales de los nuevos espacios de justicia que acompañan a esos procesos. Por eso la comparación de tales experiencias nos revela dimensiones importantes del poder regulatorio del Estado, del significado diverso de la justicia y del sentido en que se construyen las respuestas desde abajo; posibilita también constatar la generación de modelos alternativos de derecho y justicia sustentados en otros referentes éticos y políticos. La comparación de las distintas experiencias que se investigaron permite destacar dos grandes tendencias en las respuestas que gestan los actores indígenas para responder a los nuevos contextos de pluralidades normativas generadas mediante las reformas legales: (a) respuestas de acomodamiento a las disposiciones del Estado que llevan a la oficialización de la justicia indígena; (b) y respuestas contrahegemónicas de una etnicidad subversiva que desnuda el poder regulatorio y represivo del Estado, impugnando sus márgenes y disputando la soberanía.