Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado

Como hemos sugerido aquí, tales apuestas contribuyen a construir Estado desde los márgenes, polemizando los significados mismos de la justicia, de la seguridad comunitaria y la capacidad de decidir sobre el buen orden y la buena distribución, es decir, la capacidad de los indígenas, hombres y mujeres, de decir su derecho (Bourdieu, 1987). En este sentido, aun las autoridades zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas están más interesadas en resolver los problemas inmediatos que en la confrontación frontal con el orden jurídico estatal, tal como lo revela Mariana Mora en su capítulo. Es la fuerza de lo colectivo la que sustenta la legitimidad de dichas experiencias, confrontando, mediante la práctica, el lenguaje mismo de la hegemonía impuesto por el Estado (Roseberry, 1994). Al mismo tiempo ofrecen apuestas contrahegemónicas, en la medida que subvierten la legalidad instituida, a través de la creación de nuevos modelos, aunque incipientes, de derecho y sociedad (Santos, 2005; Santos y Rodríguez-Garavito, 2005). En ese proceso, el recurso a lo legal y a lo ilegal, y la vernacularización de los derechos humanos dan cuenta de la fuerza y creatividad de esas experiencias y sus implicaciones para gestar alternativas legitimadas, disputando finalmente los imaginarios de la justicia y la soberanía del Estado.

Las circunstancias anteriormente descritas, con mayor o menos fuerza, revelan que la interlegalidad y la mutua constitución de legalidades e ilegalidades diferenciadas son el rasgo común del derecho indígena y comunitario (Santos, 2002). Las dinámicas mismas de la justicia obligan a ir más allá de las visiones esencialistas del derecho indígena y los derechos humanos, y a desarrollar propuestas creativas sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Asimismo, en el proceso se resignifican los modelos de la justicia basados en las apuestas por la paz y el “buen vivir”, como parte de las perspectivas integrales de vida colectiva, rebasando las visiones liberales individualistas y la impunidad que suelen prevalecer en el sistema de justicia oficial. Las formas concretas en que se actualizan las normas y los alcances de la justicia indígena son, sin embargo, diferenciados y dependen de los contextos que históricamente han definido la relación de los poderes locales y estatales con las organizaciones y autoridades indígenas.

En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) (véase el capítulo de María Teresa Sierra), una instancia regional e interétnica de justicia comunitaria e indígena revela dos aspectos principales, entre otros: (1) la construcción de una justicia propia, y (2) una jurisdicción indígena territorial, que rebasan en mucho las definiciones oficiales de las justicias indígenas y los marcos normativos constitucionales. Por lo mismo, las autoridades estatales la califican de ilegal y desde esa posición negocian y presionan continuamente a la CRAC, pasando de la amenaza al hostigamiento y finalmente a la búsqueda de acuerdos. Por otra parte, el éxito de esa experiencia ha sido, en gran medida, su enorme flexibilidad para adecuarse a distintas exigencias y coyunturas, pero, sobre todo, la gran legitimidad de que gozan entre los hombres y mujeres integrantes de la Comunitaria, quienes defienden ampliamente su institución. Tal fuerza y legitimidad sustentadas en lo colectivo han sido claves en el respeto que han conseguido de parte de los mismos funcionarios del Estado, quienes finalmente toleran a la CRAC. Al mismo tiempo se distinguen porque impulsan un discurso incluyente, no esencialista, de las identidades y de los derechos, y apelan también a la legalidad que les da el derecho nacional e internacional, con lo cual descalifican el discurso oficial de la ilegalidad. Desde las prácticas, la CRAC, órgano principal de la Comunitaria, cuestiona y negocia los márgenes del Estado, obligando a su continua redefinición.

Por su parte, la experiencia más reciente de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, en el ámbito de la justicia regional, evidencia procesos sumamente novedosos que van más allá de las posiciones aislacionistas que han marcado la relación de las comunidades zapatistas con las instituciones oficiales en los diferentes campos (salud, educativo y político). Pareciera ser que el éxito que han tenido las Comisiones de Honor y Justicia zapatistas, al abrirse a dirimir asuntos para todo tipo de actores, sean o no de filiación zapatista, les ha generado un importante reconocimiento y legitimidad para mostrar un aspecto clave de su política pública: que ellos apuestan a poner en práctica una ética política de la justicia que no se base en la impunidad ni en la corrupción, apelando a un lenguaje incluyente de derechos y de respeto a la legalidad zapatista. Como bien documenta Mariana Mora en su capítulo, la experiencia zapatista muestra, con especial fuerza, el peso de los márgenes donde se gesta la relación con el Estado y la posibilidad de disputarlos como actores colectivos.

En el caso de las autoridades mayas en el Quiché guatemalteco, que analiza Rachel Sieder, se observan procesos similares, en lo que respecta a la fuerza de la justicia indígena renovada, legítima e interlegal, y su capacidad para cuestionar la soberanía del Estado. La historia de violencia, exclusión y racismo que ha marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas, junto con la impunidad generalizada, implican que el Estado no tiene legitimidad ni voluntad para regular los conflictivos y violentados tejidos sociales comunitarios. Eso mismo ha propiciado la emergencia de distintas modalidades de justicias comunitarias, legales, ilegales y paralegales fuera del control del Estado pero sin buscar confrontarlo. Un aspecto distintivo del caso guatemalteco es el proceso de politización de la identidad étnica que se inició después del conflicto armado, implicando que hoy los actores indígenas están produciendo nuevas categorías que valoran la cosmovisión y la identidad maya, como parte de un movimiento político por ganar autonomía y derechos en general (sobre el tema, véase también el capítulo de Morna Macleod).

Junto con los procesos que dan cuenta de las dos tendencias que impactan el campo de la justicia, es notorio que las nuevas regulaciones que llevan al endurecimiento del Estado —como en el caso de la reforma penal— están afectando negativamente las condiciones de acceso a la justicia del Estado, especialmente para las mujeres indígenas sujetas a un proceso judicial. El capítulo de Rosalva Aída Hernández documenta la huella que han dejado las nuevas reformas penales en la vida de las mujeres presas, las cuales ponen en evidencia la otra cara del reconocimiento y la falta de garantías constitucionales, desnudando la faceta autoritaria y racista del Estado penal. En estos casos, la capacidad de agencia social se reduce al mínimo, ante el peso impune del poder judicial. Y aun en ámbitos en que la fuerza organizativa de los pueblos es mayor, el uso de los nuevos dispositivos penales para reprimir las luchas de las comunidades indígenas en defensa de los recursos naturales es una marcada tendencia regional (véanse el capítulo de Alejandro Cerda y el de Elisa Cruz).

La politización del derecho indígena y la construcción de identidades

Además de analizar los actos cotidianos del Estado y la manera en que se negocia o se desafía su soberanía, sobre todo en el ámbito de la justicia, en este libro ahondamos en la indagación sobre la capacidad productiva del Estado y en la manera en que sus discursos y prácticas han construido nuevas identidades indígenas, que reproducen o contestan su hegemonía.

Las reformas multiculturales son parte de procesos más amplios que han transformado el concepto “indígenas”, llevándolo de lo analítico y legal a la idea de autoadscripción, creando un nuevo imaginario colectivo y un espacio transnacional que, en algunas ocasiones, ha permitido compartir experiencias, pensar estrategias conjuntas, y establecer vínculos entre grupos tan diferentes como los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y los mayas-k’iche’ de Guatemala.