Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado

Otro ejemplo que da evidencia clara de lo anterior es la institución del Consejo, ya que no sólo vincula a los integrantes de tres organizaciones civiles y sus distintas demandas, sino que también forma parte de una instancia oficial, en la que se generan estrategias para crear una jurisdicción indígena y, a la vez sirve para implementar aspectos de las agendas de esas organizaciones.

El Consejo puede verse como el generador de nuevas nociones de organización comunitaria, ya que tiene entre sus objetivos llevar a la cabecera municipal mestiza las prácticas comunitarias que legitimen al nuevo juez indígena. Para lograrlo, sus miembros han retomado prácticas que representan un ideal compartido sobre lo que se cree que debe ser la organización comunitaria. En reconocimiento de la legitimidad de los jueces de paz como autoridades tradicionales de las comunidades, el Consejo ha buscado acordar el trabajo en coordinación con ellos, aun cuando el Poder Judicial no ha reconocido su calidad de autoridades indígenas; incluso el Consejo se ha propuesto conformar una jurisdicción indígena (no prevista en la reforma local en materia indígena) que incorporaría a los jueces de paz de las comunidades (no reconocidos como jueces indígenas) a la práctica de la justicia indígena que sí fue reconocida por el Estado. De este modo se permitiría que los casos se resolvieran en la jurisdicción indígena sin necesidad de que las partes acudieran a otras instancias de justicia mestiza.

Tomando en cuenta lo anterior, hemos querido argumentar que la ambigüedad y la falta de certeza jurídica que caracterizan la reforma en materia indígena en Puebla ha dado pie a dos situaciones: por un lado, se encuentra cierta posibilidad de reproducir las prácticas de organización comunitaria y de actualizar las prácticas de justicia; por otro, están la creación de nuevas subjetividades indígenas, y la nueva definición de lo que significa en la actualidad ser autoridad indígena ante el reconocimiento del Estado. La nueva forma de ser autoridad indígena-oficial no ha causado sorpresa en una población habituada a la constante introducción y desaparición de cargos e instituciones estatales. En ese contexto de gran dinamismo e inestabilidad institucional, el Juzgado Indígena, en lugar de convertirse en una institución que impulse el fortalecimiento de la jurisdicción indígena, corre el riesgo de convertirse en una institución de justicia más, utilizada estratégicamente por la población local, indígena y mestiza, según convenga a sus intereses y objetivos litigiosos. Es decir, en tanto que las autoridades mestizas no reconozcan la validez de las resoluciones del Juzgado Indígena ni respeten su jurisdicción, la población seguirá recurriendo a diversas instancias de justicia, indígenas y mestizas, para resolver un mismo asunto que, posiblemente, haya sido previamente resuelto por alguno de los jueces de paz del campo judicial.

A través de estos procesos cotidianos, en los que se experimenta la incertidumbre jurídica que reina en el campo judicial de Cuetzalan, es posible observar cómo el Estado no es una institución claramente delimitada, unitaria, distinta de la sociedad, o poseedora de una autoridad suprema y aplastante que regule y normalice a la población; sino que se encuentra imbuido en los procesos culturales mediante los cuales sus propios agentes interpretan e implementan las disposiciones oficiales, dando distintos significados a las prácticas de autoridad. En este sentido, Roseberry propone usar el concepto “hegemonía” no para entender el consenso, sino para entender la lucha: “Lo que la hegemonía construye, no es una ideología compartida, sino un marco material y significativo común para vivir, hablar y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por la dominación” (Roseberry, 1994: 361). Se trata de un marco discursivo común alrededor del cual se formula la respuesta y la lucha. El proceso de construcción de un marco, en este caso el de la oficialización de la justicia indígena en Puebla, permite examinar su poder y su fragilidad.

Mientras que el Estado no deja de nombrar, normar y definir, Roseberry habla sobre una audiencia que escucha cosas diferentes, que cambia las palabras, los tonos y los significados, lo cual, en el caso en concreto, ha permitido la revitalización y actualización de prácticas de la justicia indígena en el Consejo y en el Juzgado Indígena mismo. También ha dado la posibilidad de cuestionar la relación entre las dinámicas de género y las nociones de justicia existentes en las comunidades.

Si bien la inclusión de la perspectiva de género ha sido uno de los principales componentes del proyecto colectivo en torno al Juzgado Indígena, ha sido muy problemático que el Juez Indígena y los consejeros hombres lleven a la práctica el marco de referencia sobre la equidad de género. Las mujeres del Consejo siguen inmersas en el complejo proceso de construir la defensa legal con equidad de género en el Juzgado Indígena. Tal situación refleja la dificultad de transformar las normatividades que oprimen a las mujeres, así como la paradoja de que en ese esfuerzo se hayan reproducido las relaciones de subordinación en el Juzgado Indígena. Por eso mismo, los logros que las mujeres han obtenido no deben soslayarse ni deben considerarse el producto de las reformas multiculturales. El hecho de que ellas hayan conseguido un lugar en el Consejo del Juzgado Indígena, y de que hayan convencido a los consejeros hombres de la necesidad de que ellas apoyen las mediaciones que se practican en el Juzgado, debe entenderse como el producto de una larga lucha, originada en los procesos organizativos de la región. Al mismo tiempo es de hacer notar que la CAMI, en su propio espacio, ha representado un mayor avance en la atención de asuntos que involucran violencia de género. Las mujeres que la coordinan han podido diseñar e implementar estrategias de atención y defensa que responden a las necesidades de las mujeres indígenas que, como muchas de ellas, han sido también víctimas de violencia.

El Juzgado Indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad institucional, ya que mantener su continuidad depende de la buena voluntad del presidente del TSJ y de cada nuevo Ayuntamiento municipal. Esa situación ha frenado en gran medida el proyecto colectivo del Consejo, puesto que la limitación de recursos económicos y la falta de certeza de que una nueva administración municipal respete la autoridad del juez y del Consejo, ha impedido realizar proyectos a largo plazo. En este sentido, es posible decir que la conformación del Consejo del Juzgado Indígena implicó el primer paso para que sus integrantes logren apropiarse de ese espacio creado por el Estado dentro de sus marcos. En su seno, los integrantes han buscado el balance entre las presiones legales y presupuestarias impuestas por el Estado, con las prácticas de justicia que activan los jueces de paz en las comunidades, así como con diversas nociones de derechos humanos que ellos mismos han contribuido a difundir mediante el trabajo de sus organizaciones. El objetivo es lograr que el Juzgado Indígena tenga una razón de ser en un campo judicial en el que las competencias y las formas de administrar justicia de las diferentes autoridades y proyectos organizativos se traslapan. En el intento de dar al Juzgado el carácter indígena, los consejeros se han involucrado en un proceso de autentificación y de revitalización de la costumbre indígena. De esta forma, han tenido la oportunidad —y el riesgoso privilegio— de definir casuísticamente qué constituye una costumbre en las comunidades y qué no. También han tenido la oportunidad de discutir en qué casos una costumbre ya no es útil para los tiempos actuales y es necesario cambiarla.

Un problema relevante que enfrenta el Juzgado Indígena, a diferencia de una autoridad comunitaria, es que se encuentra desvinculado de una comunidad; no sólo porque se ubica en la cabecera municipal, sino porque las autoridades del Juzgado no han sido electas popularmente. Esta configuración ha impulsado al Juzgado Indígena a buscar diversas formas de legitimación, y la más destacada de ellas ha sido el intento de que aquella justicia oficial, reconocida y regulada por el Estado, tenga en la práctica un sustento cultural cuando se active en el espacio oficial. Al tener la opción legalmente reconocida de dictar sentencias, los jueces del Juzgado Indígena y los consejeros han preferido continuar con la práctica tradicional de llevar a cabo mediaciones, en las que las partes buscan, junto con el juez, la mejor solución a los conflictos. Eso ha implicado la renuncia al ejercicio de su capacidad jurisdiccional, como se entiende en términos legales. No les ha importado que sus actas de acuerdo no tengan, de manera legal, el carácter de cosa juzgada, como sí sucedería en el caso de que decidieran dictar sentencias. Esa decisión, así como la de montar un altar dentro del Juzgado, y la de buscar el vínculo con los jueces de paz de las comunidades nos hablan de un interés en llenar las lagunas que los legisladores han dejado al momento de reconocer y regular la justicia indígena.