Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado

En los casos suelen participar miembros de las familias en disputa, y se les da el tiempo necesario para que cada uno exponga sus puntos de vista, y se vaya generando la conciliación guiada por el juez y el suplente. Este último apunta en una libreta los argumentos y los acuerdos que se plasmarán en un acta de acuerdo realizada por triplicado. En ella firman o estampan su huella los principales involucrados y el juez, quien además pone un sello con la leyenda “Poder Judicial-Juzgado Indígena”, junto con la imagen del escudo nacional. Un acta se queda en el Juzgado y cada parte se lleva un original.

Para conocer en qué sentido han impactado los talleres sobre la equidad de género en la práctica del juez indígena y del suplente, nos referimos a dos casos que se presentaron en el Juzgado Indígena. El primero es un caso de reconocimiento de la paternidad que fue interpuesto por una mujer adolescente que buscaba que el padre de su hijo se hiciera responsable de los gastos de parto y de manutención. [22]El joven fue acompañado de sus padres, quienes buscaban liberar a su hijo de esa responsabilidad, argumentando que la mujer anda todo el día en la calle y que sale mucho de su casa. El comentario busca desprestigiar a la mujer, ya que sugiere que mantiene relaciones sexuales con muchos hombres, por lo tanto, no se puede asegurar quién es el padre. [23]En este caso, los jueces hicieron caso omiso de este argumento y, por el contrario, mencionaron los derechos que tienen las mujeres de trabajar, estudiar y pasear, lo cual no significa que anden en la calle en un sentido peyorativo.

El segundo caso se trata de una mujer golpeada por su padre y su esposo, lo cual justificaron ambos al señalar su mal comportamiento porque sale a vender artesanías fuera de su comunidad, lo que transgrede los valores femeninos, al no permanecer en casa. [24]A diferencia del caso anterior, en éste participaron las consejeras integrantes de la CAMI, la agredida, su esposo, sus hijos y sus padres. Durante la conciliación, el juez indígena, contemporáneo del padre y originario de la misma comunidad, desempeñó el papel clave al explicar la diferencia entre la “costumbre de antes” y cómo es ahora. El juez habló sobre la situación económica de la región y las dificultades que actualmente enfrenta el hombre para mantener la casa; el juez hizo ver que antes, con la cosecha de café, sí alcanzaba para cubrir todos los gastos, pero ahora, con la caída del precio, ya no era igual. También habló sobre el derecho que tienen las mujeres de trabajar, que no deben ser golpeadas, y sobre la importancia de las aportaciones de la mujer para el apoyo económico de la casa.

Una comparación entre los dos casos permite mostrar que la presencia de las consejeras en el segundo comprometió al juez a retomar los marcos referenciales sobre la equidad de género y los derechos de las mujeres; mientras que, en el primer juicio, si bien no estuvieron presentes las consejeras, también se hicieron valer los derechos de las mujeres, lo cual podría indicar que los jueces están apelando a estos referentes como parte de su práctica. La transformación de los roles e ideologías de género que oprimen y excluyen a las mujeres supone un proceso lento, y en esto han incidido también las políticas públicas que difunden un discurso en favor de los derechos de las mujeres. No obstante, en Cuetzalan, han sido sobre todo las mujeres de Maseualsiuamej y del CADEM, participando desde la CAMI, quienes se han encargado de hacer valer sus derechos. La posibilidad de incidir en el Juzgado Indígena y de tener un espacio propio como la CAMI representa para esas organizaciones parte de sus estrategias para combatir la violencia hacia las mujeres. Lo interesante, en particular, es que las mujeres encontraron un área de oportunidad en las dinámicas mismas de resolución de conflictos al discutir las normas y roles sexo-genéricos dominantes, cuando los involucrados apelan a ellas, posibilitando, en algunos casos, acuerdos equitativos.

Consideraciones finales

En este capítulo, hemos querido mostrar cómo las experiencias del Juzgado Indígena y de la CAMI han tenido el poder de alterar la capacidad significativa del Estado en la regulación y práctica de la justicia indígena, y en la prestación de servicios de salud para las mujeres indígenas. De acuerdo con Das y Poole (2004: 22), los sistemas estatales llegan a ser reconfigurados para dar cabida a nociones alternativas de justicia cuando existe una presión social generada “desde las preocupaciones cotidianas de aquellos que viven un modo distinto de socialización de aquella que fue imaginada por el aparato burocrático del Estado”. [25]En esta dirección, el Consejo del Juzgado Indígena ha desempeñado un papel central al integrar y capitalizar las demandas de las tres organizaciones locales que participan en él, buscando así apropiarse del Juzgado Indígena y redireccionar sus objetivos hacia otras concepciones de justicia.

Por su parte, las mujeres que integran la CAMI, no sólo cambiaron la denominación del proyecto (de “casas de salud” a “Casa de la Mujer Indígena”), sino que también rediseñaron las áreas de apoyo que la SSA había previamente definido para el mismo fin. Tomaron conciencia de la necesidad de redefinir las prioridades de atención de la CAMI y destacaron el área de apoyo legal, incluso al punto de llegar a convertirla en una instancia extralegal de impartición de justicia. Al no pertenecer a la estructura judicial del Estado, la CAMI ha logrado mayor autonomía en sus dinámicas de trabajo y en sus prácticas de justicia, combinando, en distintas medidas, la práctica tradicional de la mediación con los recursos legales ante las diferentes instituciones estatales con representación en Cuetzalan o en la cabecera del distrito judicial de Zacapoaxtla. La autonomía conseguida se ha visto a su vez afianzada desde que la CAMI se ha constituido en una Asociación Civil. Así ha tenido acceso a otros financiamientos, dejando de depender exclusivamente del proveído por la SSA y la CDI.

La batalla por las definiciones de justicia y por la apropiación de los espacios estatales en Cuetzalan, retomando a Roseberry (1994) y a Das y Poole (2004), muestra cómo la relación entre grupos dominantes y subordinados se da en un campo de fuerza multidimensional y dinámico, en el que la ruptura discursiva se convierte en una oportunidad para analizar los procesos de construcción del Estado desde sus márgenes. Las experiencias del Juzgado Indígena y de la CAMI representan un acercamiento al estudio de esos procesos, ya que dejan ver cómo las instituciones del Estado —Poder Judicial, la CDI y la SSA— se construyen también desde la diferencia cultural.

La oficialización de la justicia indígena en Cuetzalan nos ha permitido analizar cómo las tecnologías de poder operan y se reproducen en los márgenes, a través del reconocimiento y la consiguiente constitución de subjetividades que están sujetas a nuevas formas de regulación. La indefinición sobre si nos encontramos frente a la apertura de formas alternativas de justicia reales o ante la reiteración de las formas previamente existentes, aunque reformuladas con tendencias multiculturalistas, producen la deliberada ilegibilidad con la que se gobierna en zonas marginales. No obstante, a través de nuestro análisis también hemos querido argumentar cómo se supera la ilegibilidad en la cotidianeidad, lo que muestra que el Estado se construye constantemente, de forma dinámica y desde múltiples sitios. De esta forma, el TSJ ha permitido situaciones en las que el Consejo designa al juez indígena conforme a los “usos y costumbres”, o que la CAMI siga recibiendo financiamiento para su propuesta de trabajo, sin la condición de apegarse a los lineamientos del proyecto original de la SSA.