Leandro A. Gamallo - Violencias colectivas

Así pues, a pesar de tener un objetivo principal de carácter descriptivo, trataremos en el desarrollo del texto de encontrar correspondencias que nos ayuden a relacionar la presencia de ciertos tipos de linchamiento con otras variables. Dentro de los objetivos secundarios, entonces, intentaremos hallar correlaciones significativas entre las formas que adquieren los linchamientos y algunas variables consideradas relevantes, como los agravios precipitantes, los emplazamientos donde se producen los linchamientos, el tipo de sujetos que las protagonizan y su evolución histórica, entre otras.

En nuestro primer capítulo efectuaremos un repaso lo más exhaustivo posible de los cada vez mayores estudios sobre linchamientos en América Latina, haciendo hincapié, sobre todo, en los marcos conceptuales preponderantes para el análisis de este fenómeno en nuestros países y resaltando algunas de las dimensiones que serán retomadas en el análisis posterior.

A partir de allí, en el segundo capítulo plantearemos el marco teórico que guiará nuestro análisis, adoptando un enfoque sobre la violencia colectiva de corte relacional. Dicho corpus teórico nos brindará herramientas para analizar los linchamientos a partir de las interacciones sociales puestas en juego en su concreción, partiendo del hecho de que los linchamientos son, antes que nada, un hecho social que implica la acción colectiva de un conjunto de sujetos. Con base en dicho enfoque trataremos de pensar también la estrecha relación entre las dinámicas de la acción colectiva y el régimen político.

En el último capítulo presentamos nuestros resultados empíricos, los cuales provienen de la construcción de una base de datos cuantitativa, elaborada mediante el registro sistemático de la prensa periódica nacional y local del periodo y su posterior procesamiento analítico. Esperamos identificar tipos de linchamientos definidos empíricamente en el lapso estudiado y, a partir de su reconocimiento, obtener relaciones entre nuestra tipología y algunas variables consideradas relevantes. Luego de estos hallazgos el capítulo culminará con una breve reflexión sobre la aparición de numerosas acciones de “amenazas de linchamiento” en los últimos años y su relación con las estrategias comunitarias de seguridad, en el marco de la crisis estatal para hacer frente al problema social de la inseguridad.

III

Nos ocuparemos, entonces, de abordar el problema de los linchamientos en México en el periodo 2000-2011. Si bien existen registros de estos episodios desde mediados de los ochenta (y, más atrás, se recuerda el caso de San Miguel Canoa en 1968), la presencia de linchamientos en los últimos años se ha intensificado, al punto que los medios de comunicación, las autoridades y la población en general han tomado nota de la extensión de estas acciones, y la preocupación por entender sus causas ha llegado a los órganos estatales. Por ejemplo, en 2010, en el contexto de una verdadera “ola de linchamientos” (Godínez Pérez, s/f), el entonces procurador general de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó: “creo que la respuesta [a por qué ocurren los linchamientos], más que en el derecho está en una perspectiva sociológica, en la cual no quisiera ahorita pronunciarme al respecto”.[8]

Si bien los trabajos académicos sobre la cuestión aún no cuentan con datos agregados para la década que nos proponemos analizar, todos reflejan un proceso de crecimiento desde mediados de los noventa. Según Carlos Vilas (2006), entre 1987 y mediados de 1998, ocurrieron 103 linchamientos (un promedio de nueve por año); mientras que entre 1991 (sic) y 2003 se produjeron 222 casos (un promedio de 18 por año). Rodríguez y Mora (2006) muestran que en el sexenio 1988-1994 sucedieron 28 linchamientos, mientras que en el de 1994-2000 se dieron 103 casos. Antonio Fuentes Díaz (2006b), por su parte, ha registrado 294 linchamientos para el periodo 1984-2001: 68 para el lapso 1984-1994 y 226 casos para los años 1995-2001.

Este incremento de linchamientos en México se produjo en paralelo a un crecimiento importante de estas acciones en el ámbito regional. Países como Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros, registran un aumento relativamente importante de linchamientos a partir de mediados de los noventa, en un contexto de crecimiento exponencial de la violencia y de la inseguridad ciudadana en prácticamente todos los centros urbanos en Latinoamérica.

Precisamente en este sentido es necesario remarcar que el problema de los linchamientos se ha intensificado en un contexto de transformación de la violencia social en toda la región. Más allá de reconocer un crecimiento cuantitativo (que en muchos países se verifica y en otros no tanto), la violencia latinoamericana ha sufrido un cambio cualitativo: allí donde había estado protagonizada alrededor de conflictos políticos, ahora se ha relacionado con la exclusión social, las condiciones de vida de la población urbana y la extrema debilidad de los estados para conservar su monopolio en la totalidad de los territorios.

Así, hasta finales de los ochenta, la violencia de nuestras sociedades se identificaba con complejos y dilatados conflictos políticos en los que, por un lado, agrupaciones de la sociedad civil (como guerrillas urbanas o rurales) disputaban el control del Estado y, por otro, éste utilizaba todo su aparato para reprimir cruelmente dichas experiencias (incluso, las más de las veces, la violencia se ejercía solamente desde el Estado hacia organizaciones pacíficas de la sociedad civil, como los partidos políticos o los sindicatos). Hasta los noventa, “el análisis de la violencia, en otras palabras, podía limitarse al estudio de dos actores: las fuerzas militares y paramilitares y los (supuestos) enemigos del Estado” (Alba y Kruijt, 2007: 486).

A partir de las transiciones democráticas, el contexto de inestabilidad de los regímenes políticos fue cambiando y la democracia formal se fue afianzando (con diversos grados de consolidación y amenazas aún vigentes). En los últimos años, los países latinoamericanos parecen haber olvidado (excepto lamentables excepciones) la amenaza militar, en un contexto internacional marcado por el fin de la Guerra Fría y un cambio en la estrategia de seguridad nacional en la mayoría de los estados nacionales (Alba y Kruijt, 2007). Sin embargo, la consolidación democrática vino acompañada de procesos políticos, sociales y económicos que han tenido graves consecuencias sobre la cartografía social latinoamericana. Las políticas neoliberales desarrolladas con distintos grados de variación en toda la región han provocado un deterioro considerable en las condiciones de vida de la población. Como consecuencia, las transiciones que consolidaron la democracia en los ochenta y noventa vinieron de la mano de “pobreza masiva, informalización de la economía y de la sociedad, y la exclusión social de considerables contingentes de la población” (Alba y Kruijt, 2007: 490).

A partir de este nuevo escenario social, la violencia social se ha reconfigurado. El terror de la “Seguridad Nacional”, impuesto a fuerza de represión, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas estatales que “mantenían con mano férrea al monopolio del uso de la violencia y excluían a cualquier otro actor” (Alba y Kruijt, 2007: 489), dejó paso a nuevos actores violentos que comenzaron a disputar exitosamente dicho monopolio. De este modo, “el teatro de la violencia se fragmentó” (Alba y Kruijt, 2007: 490).

Esta importante transformación se vislumbró a partir de dos procesos simultáneos. En primer lugar, la “nueva violencia” ha sido el resultado de una creciente exclusión y marginación social. La presencia de “nuevos pobres”, como consecuencia inevitable de las políticas de ajuste, reformas estructurales y apertura comercial, ha generado el estallido de numerosos conflictos sociales y la presencia inédita de disturbios urbanos violentos y estallidos sociales de sectores populares nucleados en organizaciones no tradicionales.[9] Así pues, si bien no es lícito asociar mecánicamente pobreza a violencia, la literatura sobre la cuestión parece haber registrado que la desigualdad social y la segregación urbana favorecen la aparición de violencias sociales: “Hay una conexión entre la exclusión social y la ocurrencia de la violencia” (Alba y Kruijt, 2007: 490). Esas capas poblacionales marginadas, a su vez, comenzaron a desconfiar de que las instituciones democráticas resolvieran sus crecientes y aciagos problemas. “En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de la exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político y público” (Alba y Kruijt, 2007: 491).