Cristóbal Bywaters C. - Nuevas voces de política exterior

Gráfico vii. Puntos ideales y reformas constitucionales, 1947-2019

Fuente: Michael Bailey, Anton Strezhnev y Erik Voeten, “Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data”, Journal of Conflict Resolution, 61(2), 2017, 430-456.

Una forma de pensar hacia delante la relación entre una democracia renovada y la política exterior es a partir de las tres dimensiones arriba señaladas que plantea Sajuria: (1) la polarización de las élites; (2) el aislamiento de las masas; y (3) la politización de la ciudadanía. En primer lugar, la evidencia empírica hasta ahora sugiere que las élites polarizadas encuentran difícil establecer un equilibrio entre pluralidad democrática y consistencia temporal en política exterior. El incremento de la polarización en las democracias occidentales está haciendo más visible los límites para encontrar este equilibrio. Lo estamos viendo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo hemos visto en Brasil y en Bolivia, entre otros ejemplos. La evidencia empírica señala que la polarización política en Chile está en aumento desde hace ya varios años, tanto a nivel del electorado como a nivel de las élites.152 Esta polarización podría explicar, en parte, el giro de Sebastián Piñera en temas como ambiente, migraciones y derechos humanos. De continuar esta tendencia, no solo será difícil pensar en una Constitución que garantice una ampliación de derechos sociales y económicos, sino que también será difícil esperar que la consistencia temporal de la política exterior chilena perdure en el tiempo.

En segundo lugar, el aislamiento de la élite con respecto a la sociedad es algo poco explorado aún en la relación entre democracia y política exterior. La experiencia chilena muestra, como dijimos más arriba, que la política exterior ha sido una política relativamente aislada de la conversación pública. En este sentido, la trayectoria chilena es similar a la experiencia brasileña, al menos hasta el ascenso del pt al poder. En ambos casos, la política exterior estuvo en manos de una élite que definió el interés nacional de manera relativamente aislada de la sociedad, adjudicándose el monopolio en la definición del interés nacional. Esta forma de pensar y actuar en el mundo refleja de algún modo la composición de sociedades históricamente jerárquicas y desiguales. Decir esto, claro, no invalida los resultados que puedan haber alcanzado estos dos países, pero sí plantea el desafío hacia delante de cómo incorporar nuevas voces en la política exterior. Y plantea, en todo caso, un asunto fundamental que consiste en plantear la pregunta acerca de cuál es la política exterior que más puede hacer por disminuir las desigualdades.

En tercer lugar, la politización de la sociedad no parece ser un fenómeno exclusivamente chileno. Las protestas y las movilizaciones se han hecho sentir en todo el mundo. El Global Protest Tracker lleva contabilizadas más de 100 protestas en el mundo en contra de los gobiernos. Estima, también, que 30 gobiernos o líderes han caído como consecuencia de estas protestas. En América del Sur, ocho de doce gobiernos han visto aparecer importantes movilizaciones en sus respectivas sociedades. En Occidente, el factor dominante detrás de las protestas ha sido la frustración de los ciudadanos por el fracaso de las democracias en representar sus intereses y canalizar sus demandas, un fracaso que ciertamente alimenta una frustración mayor hacia las élites y los partidos políticos. En este sentido, la politización de la sociedad chilena trae un renovado proceso político a un país acostumbrado a la desmovilización y la despolitización de lo público. Aún es temprano para ver qué efectos podrá tener esta politización. Lo cierto es que cabe esperar un incremento de las demandas de la sociedad civil en asuntos internacionales. Esto ya se pudo vislumbrar, por ejemplo, en la activa movilización de diferentes organizaciones sociales, cooperativas y agrupaciones políticas contrarias al tpp-11. También se hace presente en una renovada discusión por la relación entre una nueva Constitución y una política exterior progresista que “adopte una visión expansiva de los intereses de la comunidad política”, que contemple más seriamente cuestiones como género, ambiente o migraciones y que contribuya al desarrollo de bienes públicos regionales o globales.153

Conclusión:

la política exterior de Chile en transición

Los años 2021 y 2022 serán años de enorme importancia para la sociedad chilena. El debate por una nueva Constitución implicará un debate por la ampliación de derechos y por la eliminación de reglas contra-mayoritarias. Será un debate fundamental para salir de la sombra del régimen de Augusto Pinochet. Y probablemente sea una oportunidad, también, para una renovada discusión de cuáles son los principios que deberían orientar la política exterior de Chile. Las constituciones nuevas buscan transformar. Pero las constituciones, al menos en sociedades democráticas, no se escriben sobre un papel en blanco. Son siempre herederas de tradiciones políticas, principios y normas que hacen a las reglas fundamentales de un país. La política exterior difícilmente escape de esta herencia.

Chile tiene una oportunidad. Esta consiste en ofrecer una versión renovada de su política exterior que coloque al desarrollo en el centro de la discusión. Pero no hay oportunidad sin desafíos. El primero de ellos, consiste en hacer de la política exterior un espacio de acción que sirva para reducir la brecha entre élites y sociedad. Involucrar a las distintas expresiones de sociedad civil (fundaciones, cooperativas, colectivos, entre otras), las universidades y los centros de ideas es una tarea central. Ir más allá de Santiago también.

El segundo desafío consiste en evitar que la polarización política capture las decisiones de política exterior. La reputación internacional de Chile debería ser preservada y para esto es fundamental continuar ofreciendo garantías de consistencia temporal. El tercer desafío consiste en incorporar más de lleno nuevos asuntos en la política exterior que lleven la agenda diplomática chilena más allá del comercio, la seguridad y la democracia y propongan una discusión renovada en materia ambiental, género, educación o trabajo, entre otros.

El cuarto desafío, finalmente, consiste en la necesidad de actualizar el rumbo de navegación en el orden liberal internacional. El fin de la Guerra Fría dio comienzo a dos procesos globales: un cambio en la distribución de poder económico y una mayor difusión de la democracia. Los cambios en la política exterior de Chile en 1990 se alinearon con estas transformaciones globales. Hoy, sin embargo, el cuadro es otro. El orden liberal internacional está bajo cuestión; la interdependencia coexiste con la rivalidad y la revolución tecnológica probablemente redefina la relación centro-periferia. El libreto de los 90 de apertura, estabilidad y desregulación probablemente resulte ineficiente para hacer frente a estos desafíos. Una nueva constitución probablemente sirva para repensarlo.

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