Félix Rozanski - Colección de Propiedad Industrial e Intelectual (Vol. 3)

Brasil

En los últimos 15 años, el Sistema Nacional de Innovación (SIN) tuvo significativos avances. En 2004 la Ley de Innovación permitió crear un ambiente propicio para proyectos estratégicos entre universidades, instituciones científicas, tecnológicas y empresas privadas. En 2005, se dio un gran paso con la ley 11196/05, conocida como “la Ley Buena” que estableció incentivos fiscales para las inversiones en I+D.

También pueden destacarse los programas de apoyo financiero (P, D&I) de la Fundación (Faps), de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Y más recientemente (Diciembre 2015) un nuevo proyecto de marco legal (Proyecto Ley de Cámara del Senado Federal PLC 77/2015. Entre sus novedades la posibilidad de contrataciones directas de la administración pública para productos innovadores de empresas pequeñas y medianas y un tratamiento prioritario y simplificado para la importación de equipos e insumos para las investigaciones.

Entre otros beneficios, la Ley Buena (11.196-05) concede incentivos fiscales para las empresas que invierten en investigación y desarrollo tecnológico, entre los que merecen destacarse una deducción de 20,4% a 30,4 % en el impuesto a las ganancias y el impuesto a la contribución Social sobre las Utilidades Netas de los gastos en I + D, además de una reducción de IPI (Impuesto sobre Industrializados Productos ) en la compra de máquinas y equipos destinados a la I + D, así como la depreciación y la amortización acelerada de estos bienes. Se afirma que los incentivos de la Ley Buena constituyeron el principal factor económico que resultó en la instalación de 15 nuevos centros para proyectos de I+D+i en los últimos cuatro años, además de contribuir a la producción de al menos 20.000 nuevos productos o mejoras de procesos tecnológicos.

Sin embargo, un grave retroceso tuvo lugar el 30 de setiembre de 2015 cuando el Poder Ejecutivo dictó la medida provisoria (MP694) que suspende en 2016 los beneficios fiscales de la Ley Buena para las inversiones en I+D, como parte de las medidas anunciadas para reducir el déficit fiscal. Ello afecta la estabilidad jurídica y la previsibilidad imprescindibles en proyectos de investigación que insumen muchos años.

La cámara empresarial estima que esta suspensión afectará a 1158 empresas innovadoras en 22 estados brasileños. El 46% de las empresas innovadoras habilitadas están radicadas en San Pablo y el 18% en Río Grande del Sur. Otros estados tienen el 7% de las empresas innovadoras y varios ninguna. Por cada unidad de recaudación impositiva adicional que se logre por la suspensión de los beneficios fiscales de la Ley Buena, el país perderá 5 unidades de inversiones privadas en I+D.[50]

Chile

La Agencia CORFO, Corporación de Fomento de la Producción del gobierno de Chile, lleva adelante un ambicioso programa de fomento a la innovación. Chile considera crucial la conexión con los principales mercados de tecnología del mundo.

Si bien en países desarrollados la inversión en I+D alcanza 2,5% del PIB en promedio (OCDE), en Chile esta cifra alcanza sólo un 0,3%, revelando los grandes desafíos a abordar. Con la nueva Ley de Investigación y Desarrollo (I+D) las empresas chilenas podrán utilizar un incentivo tributario para la inversión en I+D que beneficiará, vía impuestos de primera categoría, el 35% de los recursos que destinen a actividades de investigación y desarrollo, ya sea realizada con sus propias capacidades como subcontratando a terceros (centros especializados).[51]

El Programa “Start-Up Chile”[52] es hoy un importante núcleo que comprende a más de 3000 empresarios que han recibido apoyo de CORFO y han logrado aportes por más de 200 millones de dólares. Los emprendedores participantes han creado más de 1500 empleos

El Programa de CORFO incluye el establecimiento de Centros de Excelencia en I+D Internacionales. Está destinado a personas jurídicas extranjeras con o sin fines de lucro, siempre que realicen actividades de investigación y desarrollo de excelencia, que cuenten con un significativo reconocimiento a nivel internacional, y que acrediten alguna de las características especificadas detalladas en las bases. Este programa entrega apoyo para la instalación y operación del Centro de Excelencia Internacional en Chile, además del apoyo para actividades directamente asociadas a líneas de I+D.

El cofinanciamiento para Centros de Excelencia Institucionales tiene un máximo de US 12,8 millones a ser utilizados en 8 años, y para los Centros de Excelencia Empresariales US$ 8 millones a ser utilizado en 4 años, para realizar actividades de I+ D. Estos Centros constituyen una avanzada en la región. En la convocatoria de 2013 se recibieron seis solicitudes de empresas multinacionales: Pfizer, Synopsis, Telefónica, Gdf Suez, Emerson y Atlas Copco para invertir en estos Centros. Actualmente no hay convocatoria abierta.[53]

Unicornios son startups con valoración superior a un billón de dólares; centauros son startups con valoración entre 100 millones de dólares y mil millones de dólares; y “little-ponies” son las pequeñas y medianas con una valoración entre 10 y 100 millones de dólares. Como resultado de la estrategia seguida por Chile, el país cuenta con un unicornio, cuatro centauros, y 31 “little-ponies”; en comparación con Singapur, por ejemplo, que cuenta con 2 unicornios, 12 centauros y 27 “little ponies” (datos CORFO, Noviembre 2015).

México

México es el único país de la región latinoamericana que tiene un acuerdo con la Unión Europea para acelerar el trámite del examen de patentes de invención mediante la utilización de la plataforma acelerada conocida como Patent Prosecution Highway. El Director del IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) resalta la relevancia de la vinculación academia-industria, como una oportunidad única para comercializar la investigación que realiza el país. “Cerca del 52% de las solicitudes de patente de mexicanos (que representan el 8% del total de patentes) provienen de centros de investigación y universidades, de ahí la importancia de fortalecer a las oficinas de transferencia y a los centros de patentamiento, mejorar la vinculación con la industria y sus necesidades para fortalecer la inserción de México en la economía del conocimiento”.[54]

México acelera el apoyo a los nuevos proyectos tecnológicos introduciendo nuevos instrumentos de apoyo. Incrementa el financiamiento especialmente en las etapas tempranas. Entre otros mecanismos se señalan: Fondo de Coinversión de Capital Semilla; Fondo México 2; Capital de Riesgo: Mexico Ventures; “Programa piloto de ángeles inversionistas” para financiamiento colectivo (crowdfunding); “Masschallenge” integra una red de aceleradoras basada en principios de mentoría, capacitación empresarial, colaboración y formación de redes; la competencia “The Pitch” para emprendedores en etapas tempranas que son presentados al concurso por incubadoras, fondos de capital, apoyo de mentores y presentación del proyecto a inversionistas. Se buscan alianzas internacionales con Latinoamérica y con los Estados Unidos: “MUSEIC” (Consejo México-Estados Unidos que aborda entre otros agrupamientos de innovación, comercialización de tecnología, infraestructura para pymes. Se hace notar que no obstante el esfuerzo que realiza, México no tiene aún incentivos tributarios.[55]

Perú

En cambio, Perú sí ha establecido incentivos fiscales. Conforme el art 1 de Ley peruana 30309 –cuyo objetivo es promover la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica–, los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, podrán acceder a una deducción de hasta el 175% de los mismos siempre que el referido proyecto sea realizado mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el Perú y además cumplan con los siguientes requisitos establecidos en su artículo 3: