En este sentido, con la exploración de ese entorno de posibilidad, se recurre a un actor central en la reproducción de la racionalidad económica: los Estados y, en concreto, los Gobiernos, que generan instituciones, legislaciones y entornos de posibilidad, teniendo en cuenta que deben facilitar ecosistemas que hagan más fluido el quehacer de la ess. Esto quiere decir: transitar de programas de gobierno a verdaderas políticas de Estado que articulen políticas públicas que enmarquen y fomenten el crecimiento de la ess como modelo económico, a partir de realidades heterogéneas concretas.
En palabras de Coraggio (2020), hay una necesidad de debatir el sentido del Estado, es decir, continuar con un Estado que reproduzca la racionalidad del capital o bien un Estado con representación de lo nacional popular que contribuya en la construcción de la racionalidad económica, la cual reproduzca un modelo en favor de la vida concreta.
De acuerdo con lo anterior, en el caso de México y Colombia, se encuentra la necesidad de crear un andamiaje legislativo que fomente y accione ecosistemas de economía social y solidaria. Derivado de esto, también es necesaria la creación de un marco jurídico diferenciado que respalde y fortalezca la expansión de la economía social y solidaria; para ello, es necesaria la creación de una Agenda Pública de las instituciones de Gobierno, en donde se destaquen, por lo menos, los siguientes ejes de acción:
Legislar para hacer efectiva la Ley de Economía Social y Solidaria a través de la creación de fomento a la creación política de gobierno y políticas públicas integrales de fomento a la economía social y solidaria, por ejemplo, que contemple la creación de una política fiscal diferenciada con el objeto de eliminar la paridad con las empresas tradicionales o sociedades anónimas, debido a que buscan objetivos distintos. Este es el caso, por ejemplo, de las economías populares, que sostienen formas solidarias no formales.
Así mismo, resultaría necesario que las cajas de ahorro y préstamo dejen de estar reguladas por las comisiones bancarias y de valores, para volverse verdaderos brazos financieros del sector social de la economía.
Poner en marcha centros de producción y distribución cooperativa y, también, poner en marcha plataformas digitales, pero especializadas para el sector de la economía social y solidaria.
Consideramos que poner en marcha estos aspectos desde las instituciones estatales permitiría reflejar con mayor claridad los impactos de las economías transformadoras, en favor de la reproducción social, en el bienestar de los territorios y no solo en los emprendimientos cooperativos y solidarios que se observan hasta ahora en las experiencias vigentes como las estudiadas en este trabajo. Es decir, las distintas y diversas experiencias que se identifican y agrupan alrededor de estas economías transformadoras no son una suma de microemprendimientos, sino una construcción compleja, y su sostenibilidad es política, multidimensional y multifactorial, lejos de reducirse al balance contable de entradas y salidas que indica la economía de capital, sino la construcción de un sistema económico que pone en el centro el trabajo en lugar del capital.
Por tal motivo, consideramos que las experiencias de economía social y solidaria (ess) expuestas en este trabajo son espacios de dignidad y resistencia microeconómica que, continuamente, ensayan nuevas formas de hacer economía, en un espacio que privilegie el trabajo y la sostenibilidad de la vida, para construir continuamente, y de manera colectiva, escenarios en donde el trabajo reproductivo encuentre un valor nodal en las relaciones sociales, teniendo su principal desafío en que esta construcción se hace en un entorno objetivo y subjetivo de reproducción del capital a costa de la vida.
Por otra parte, la categoría de economía popular plantea un nuevo marco de referencia para el análisis de las realidades heterogéneas invisibilizadas por la economía dominante. Estas contienen ricas expresiones solidarias que se dan en la unidad doméstica y el fondo de trabajo, sin olvidar los procesos históricos de acceso a derechos colectivos. Estos elementos pueden ser la base para el diseño de políticas e instituciones públicas que respondan a las realidades sociales y económicas de los sectores marginales, subalternos y populares de las grandes ciudades latinoamericanas. En este sentido, este marco de referencia y las experiencias que suceden en muchos lugares pueden ser una alternativa viable para recuperar el sentido social en los territorios y orientar la acción política hacia horizontes que tienen como base la subjetividad individual y colectiva. Más allá de tecnicismos, fórmulas y salidas formales a los problemas de fondo de estos sectores, que limitan el desarrollo económico y social, este marco referencial y las experiencias que se llevan a cabo pueden ser un primer paso para la constitución de un subsistema a nivel de la mesoeconomía que dispute sentido, a modelos basados en la apropiación del trabajo ajeno y la riqueza social producida, que expulsa de las condiciones de vida a miles de hombres y mujeres en los territorios de vida.
El contexto de la covid-19 que vivimos a nivel global está exigiendo nuevos paradigmas y puntos de referencia, para constituir modelos de economías que se basan en la solidaridad social, la cooperación y la autogestión, poniendo en valor la economía local, no solo para mermar una crisis recurrente y profunda del capital, sino para superar una racionalidad económica que lleva a los límites la propia reproducción de la vida física y cultural de miles de personas a nivel global. Por lo tanto, esto requiere reflexionar sobre nuevas categorías y acciones concretas que no solo resuelvan los problemas de reproducción social, sino que aspiren a cambios paradigmáticos y sistémicos más profundos.
Los impactos potenciales que se pueden lograr en las economías locales, a partir del reconocimiento de las expresiones solidarias, por lo tanto, las implicaciones sobre el sistema político y las correspondientes acciones de las organizaciones comunitarias lleven a cabo, pueden ser claves para resolver la crisis económica producto de la pandemia de la covid-19, siendo una estrategia muy importante para resolver crisis económicas recurrentes que afectan la reproducción de la vida en lugares determinados e históricamente marginados. Las experiencias mexicanas pueden ser una alterativa importante para reconocer acciones que las organizaciones comunitarias pueden llevar a cabo con el fin de resolver aspectos vinculados con la producción, el intercambio y el consumo, con lo cual logran inspirar a comunidades que enfrentan situaciones económicas adversas en pandemia. Por otro lado, el análisis de las economías populares puede ayudar a comprender de manera más eficaz y pertinente el marco en el que se desarrollan estas alternativas, siendo una posibilidad para la constitución de un subsistema articulado de una economía orientada por la tasa de ganancia del capital hacia una economía orientada por la reproducción de la vida de los trabajadores y habitantes de estos sectores periféricos de las grandes ciudades latinoamericanas.
Finalmente, Coraggio (2020) señala que estos sujetos de la economía social, solidaria, popular, es decir, transformadora, pueden ser los movimientos sociales y los sectores marginados por el cooperativismo y sindicalismo corporativizado, en donde se construya una militancia por procesos democráticos en la vida cotidiana, vivenciando la máxima zapatista “mandar obedeciendo” en la construcción de una racionalidad económica solidaria y cooperativa en favor de la reproducción ampliada de la vida.
Referencias
Antunes, R. (2000). La centralidad del trabajo hoy. Papeles de Población, 6(25), 83-96.
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