Fernanda Caballero Parra - La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario

La economía popular, para Coraggio (2007), es el conjunto de relaciones existentes en que los poseedores de la capacidad de trabajo, los trabajadores, pueden ser los poseedores de los bienes y servicios producidos, logrando el objetivo de disponer de los medios que sustentan la vida en sociedad en las mejores condiciones posibles según su noción de calidad de vida. Con esto no se afirma que, dentro de la economía popular, no existan prácticas negativas de sujeción y explotación del trabajo o prácticas no éticas; la economía popular busca suplir la insuficiencia del mercado y del Estado, los cuales solo ven como única vía la generación de empleo asalariado formalizado.

Figura 1. Subsistemas de la economía

Fuente: adaptado de Coraggio (2013b).

La economía popular comprende una diversidad de expresiones económicas que integran diversos principios y valores, los cuales representan un conjunto inorgánico y desarticulado de actividades, donde coexisten formas solidarias y de competencia, de subordinación parcial o directa, a la economía del capital y al asistencialismo de Estado. Para Coraggio (2007), las estrategias de este subsistema se enmarcan dentro del habitus de sus actores, para quien las estrategias son diversificadas, reactivas y transitorias, permitiéndole desarrollar comportamientos que se adaptan cognitivamente a habitus, valores y tradiciones.

Sarria y Tiribia (2004) señalan cómo algunos autores denominan “economía popular de solidaridad” o “economía popular solidaria” a aquellas prácticas en el ámbito popular que comparten principios y actitudes solidarias. De tal manera, al analizar las actividades económicas que suceden en los sectores populares, se descubre que ellas se pueden convertir en un gran potencial contra la exclusión política, cultural y social del mundo popular y su precaria economía, permitiendo la articulación alternativa económica que relaciona la economía con la cultura, con organizaciones y movimientos sociales (Nyssens, 1998).

La heterogeneidad de las prácticas económicas presentes en los sectores populares expresan su fuerza en la unidad doméstica. Si la microempresa es la unidad básica del subsistema del capital privado, en contraste, la unidad doméstica es la unidad básica de la economía popular. La unidad doméstica orienta el conjunto de capacidades de trabajo que ejercen los miembros cercanos, con el fin de resolver solidariamente condiciones de reproducción ampliada (Coraggio, 2007). Es así que el uso del fondo de trabajo (producción o comercialización de bienes o servicios), realizado por miembros con relaciones de confianza, como familias cercanas y extendidas, miembros de comunidades o trabajadores contratados en pequeñas unidades productivas o asociados, despliega capacidades para hacer posible la reproducción y el mejoramiento de la calidad de vida; por otro lado, el fondo de trabajo como recurso disponible, el cual Coraggio (2010) clasifica analíticamente en el contexto de reproducción propiamente dicha, aquella producción para autoconsumo, para el consumo de las personas de una comunidad o el trabajo que se realiza para formación y capacitación.

Las economías en Danubio Azul, barrio periférico del sur de Bogotá

Las economías reales analizadas en este apartado comprenden distintas expresiones que demuestran la heterogeneidad de principios y motivaciones que estos tres subsistemas comparten en la economía plural y que se dan en todo contexto social urbano, como es el caso de los barrios populares, específicamente, en el barrio Danubio Azul de la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá. En este barrio, el sector privado, siendo el que domina, somete al sector público y su política al interés del capital “invertido” en el territorio, sea a través de programas puntuales de “seguridad ciudadana” o sea tolerando y manteniendo ambivalencias con el capital ilegal (ventas de droga, préstamos gota a gota, satélites, entre otros). Esta convivencia beneficia a la institucionalidad en cuanto que es una forma de control social a las reivindicaciones que pueden surgir espontáneamente ante una comunidad insatisfecha. En ese sentido, las instituciones garantes de “derechos” despliegan acciones puntuales que no generan mayores alcances, ni para las unidades productivas y comerciales familiares, ni para otras expresiones de la economía popular.

La relación entre los tres sectores o subsistemas, según el análisis de las economías empíricas realizado, señalan que la economía privada de capital, la pública y la popular mantienen un desequilibrio en que domina el sector privado, y las formas en que este actúa, que dista mucho de un modelo generador de bienestar y progreso. El sector público, si bien presente, no resuelve problemas de necesidades de los habitantes, sino que su rol como instancia de redistribución y garantías no cuenta con mecanismos suficientes y eficientes; las políticas que promocionan la producción económica local que impliquen mejorar la situación socioeconómica se ven solo en la intervención de política focalizada que no resuelve los problemas de fondo (Cediel, 2018).

La seguridad a la inversión, ya sea por las grandes superficies o por el comercio local, es el eje articulador entre el sector privado y el público. La acción institucional tiene como propósito la defensa de la inversión y la propiedad comercial y productiva; sin embargo, no es suficiente para garantizar los derechos sociales de sus trabajadores ni de sus habitantes. La relación entre el sector privado y las economías populares no expresan una clara posición de contraste, las acciones nacen de comprenderlas donde se ubican como emprendimientos mercantiles que no afectan necesariamente su actividad; sin embargo, lo que arroja esta investigación es que las pequeñas unidades comerciales y productivas familiares se benefician del fondo de trabajo y las relaciones de confianza de las unidades domésticas para su sostenibilidad. La importancia de estas radica en que el fondo de trabajo, los medios materiales y de producción básicos con que cuentan la propia unidad doméstica, como también las redes de confianza familiares y de relaciones comunitarias cercanas, ponen en valor las oportunidades y el desarrollo positivo de las actividades económicas. Se puede afirmar que si no fuera por el aporte de la fuerza de trabajo familiar y las condiciones de producción y confianza, no habría sostenibilidad socioeconómica para estas unidades en condiciones de libre mercado.

En términos de la relación entre el sector público y las economías de los sectores populares, hay una negación estructural histórica. La relación entre las economías populares y las instituciones públicas se basa en términos de medidas restrictivas y acciones puntuales como reubicación del lugar de ventas para la recuperación del espacio público y la formación para la formalidad empresarial en condiciones de competencia. La mirada de las unidades económicas y de las familias trabajadoras en las economías populares se basa en priorizar el sector empresarial privado y su visión que ordena el mundo de lo económico, el cual se entiende como la principal fuente de satisfacción del acceso a bienes y servicios y garantía de ocupación laboral.

En este sentido, en un contexto de destrucción de la economía local a causa de la recesión económica y la circunstancia de la pandemia de la covid-19, la economía social y solidaria pone en valor la unidad doméstica y el fondo de trabajo como recurso disponible fundamental presente en los territorios urbanos, para la reproducción de la vida material y social de las familias en los sectores populares, el cual puede convertirse en una estrategia que pone en valor relaciones de confianza y solidaridad mutua; sin embargo, existe un riesgo de ser instrumentalizados a la conveniencia del sector privado. La confianza y el trabajo puesto en común en las unidades domésticas son la garantía para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de muchos de los negocios mercantiles y productivos del capital privado.