Mario Vázquez Olivera - México ante el conflicto Centroamericano - Testimonio de una época

Los apoyos a la decisión de México fueron muchos. Los líderes de la oposición nicaragüense aplaudieron la medida y la vieron como una forma de demostrar que el mundo abría los ojos ante el genocidio perpetrado por Somoza.49 Además del presidente tico, diputados de todas las agrupaciones políticas de Costa Rica manifestaron su apoyo a la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicaragua por parte de México, por considerar que era una manifestación clara en contra de un régimen que había oprimido al pueblo nicaragüense a lo largo de su historia. Por su parte, el gobierno de Colombia declaró que la medida constituía un paso contundente hacia el derrocamiento del régimen de Anastasio Somoza y se mostró convencido de que otros países democráticos latinoamericanos podrían seguir el ejemplo de México.50

Sin embargo, a pesar del apoyo a esta medida, ello no implicó que otros países optaran por la ruptura de relaciones con Somoza. Tal fue el caso de Colombia y Panamá, quienes decidieron mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua argumentando que no deseaban tomar una decisión precipitada y que era mejor hacer una campaña entre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Somoza.51 Desde luego, hubo también quienes criticaron severamente la acción tomada por el gobierno mexicano, como el presidente de Guatemala, Romeo Lucas García, quien lamentó la ruptura de relaciones de México con Nicaragua por considerar que lesionaría la unidad de los países centroamericanos.52

Un mes después de la ruptura de relaciones, México encabezó al grupo de países que bloqueó una iniciativa de Estados Unidos en la OEA, encaminada a constituir una fuerza interamericana de paz para restablecer el orden y asegurar las elecciones en Nicaragua.53 Asimismo, a partir del triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979, México otorgó su reconocimiento al Gobierno de Reconstrucción Nacional54 y decidió colaborar con él con el objetivo de conservar el carácter pluralista de la revolución.55 Por ello, propuso un pacto de no agresión de Estados Unidos hacia Nicaragua, fungió como gestor permanente ante Washington para evitar la intervención armada y, junto con Venezuela, se convirtió en abastecedor de petróleo a los nicaragüenses.56

El 3 de agosto de 1980, los presidentes de México y Venezuela, José López Portillo y Luis Herrera Campins, firmaron el Acuerdo de San José en presencia del mandatario costarricense, Rodrigo Carazo Odio, por medio del cual se comprometían a abastecer de petróleo a nueve países centroamericanos y caribeños (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Barbados57 a crédito y con tasas preferenciales.58 El Acuerdo fue calificado como una muestra de la solidaridad hacia la región y de la unidad de los pueblos latinoamericanos59 y fue visto como un paso hacia el “Plan Mundial de Energéticos” propuesto por el presidente López Portillo, como una forma de resolver el problema energético a nivel regional y como una manera de salvar de la catástrofe financiera a países pobres no productores de petróleo.60 Por otra parte, entre 1979 y 1982 México suscribió más de doscientos acuerdos para impulsar programas de asistencia técnica y económica con Centroamérica y el Caribe. En el caso de Nicaragua, además de suministrarle ayuda económica y técnica, se llevaron a cabo diversos proyectos de inversión conjunta y se le otorgaron donativos y préstamos por más de 100 millones de dólares.61

Durante la Reunión de embajadores de México en Centroamérica y el Caribe con el secretario de Relaciones Exteriores y algunos funcionarios de la Cancillería que tuvo lugar en febrero de 1981, Castañeda recalcó la prioridad que las relaciones con Centroamérica ocupaban en el quehacer internacional de México en ese momento, derivada de la vecindad geográfica, la identidad de objetivos y aspiraciones populares, los antecedentes históricos semejantes y los intereses complementarios, todo lo cual hacía más fácil la cooperación en los ámbitos político, económico, social y cultural. Al mismo tiempo, el canciller destacó la situación tan compleja por la que pasaban los países del istmo, lo que hacía indispensable que el gobierno de México estuviera enterado en forma oportuna de los acontecimientos en estos países por medio de los informes de sus representantes en la región, con el fin de diseñar una política exterior sólida.62

En el caso de Nicaragua, ya no se trataba de un país en guerra, sino de un nuevo gobierno que se había dado a la tarea de realizar un proceso de recuperación económica, apoyado en gran medida en el financiamiento externo. La lucha por derrocar a Somoza había dejado un saldo de destrucción, tanto en términos de vidas humanas, como de una parte importante de la planta industrial y las cosechas; y la creciente presión por parte de Estados Unidos hacia que el gobierno sandinista debiera recurrir a sus aliados externos, principalmente Cuba y México. Por ello, el gobierno mexicano se había convertido en uno de los principales apoyos económicos para Nicaragua en cuestiones técnicas, crediticias, comerciales y de abasto petrolero.63

Negociaciones por la paz

A lo largo del siglo XX, México tuvo una historia de participación en procesos de negociación en pro de la paz en el istmo centroamericano y de defensa de los principios de política exterior en los foros internacionales frente a Estados Unidos. Tal fue el caso de su participación en las conferencias de paz de 1906 y 1907; el apoyo al presidente de Nicaragua José Santos Zelaya en 1909, a quien Porfirio Díaz ofreció asilo y transportó a México en un barco de guerra mexicano; la condena al golpe de Estado al presidente Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 y al desembarco de “marines” en la República Dominicana en 1965; así como su apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo beliceño. Sin embargo, a raíz de la crisis centroamericana de los años setenta, el interés de México en participar en los procesos de paz en la región creció de manera exponencial.

Con el ascenso de Ronald Reagan al poder en enero de 1981,64 se incrementaron las amenazas de intervención en Centroamérica y las posibilidades de regionalización del conflicto. Reagan impulsó una serie de acciones abiertamente intervencionistas, justificadas con el argumento de la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos, haciendo ver los conflictos en la región como producto de la confrontación Este-Oeste.65 La estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) hacia Centroamérica, desarrollada por la administración Reagan, buscó dar marcha atrás (roll back) al proceso revolucionario nicaragüense y, con el objetivo de que lo sucedido en Nicaragua no se repitiera, impulsó de manera paralela una estrategia de contrainsurgencia en El Salvador y en Guatemala, encaminada a combatir y derrotar a los movimientos revolucionarios en la región. Los recursos económicos utilizados fueron considerables y estuvieron destinados al apoyo económico para reforzar los ejércitos locales, al entrenamiento de los soldados guatemaltecos y salvadoreños, al financiamiento de la contra nicaragüense y a la construcción de bases militares, aeropuertos y depósitos de armamento en Honduras, medidas que produjeron un creciente proceso de militarización en la región que ponía en riesgo la estabilidad política del área.66

En palabras del canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, la nueva administración estadounidense buscaba impedir el avance de los movimientos calificados como subversivos, que representaban una opción de cambio en El Salvador y Guatemala y, al mismo tiempo, propiciar un cambio en Nicaragua para volver a formas de gobierno más tradicionales, que pudieran garantizar la defensa de los intereses estadounidenses tanto económicos como políticos.67 De aquí que, durante 1981, México impulsara una serie de esfuerzos diplomáticos para fomentar la distensión entre las partes en conflicto.