Mario Vázquez Olivera - México ante el conflicto Centroamericano - Testimonio de una época

Así, la política exterior de México hacia la región centroamericana adquirió un perfil activo sin precedente. México optó por el activismo en su relación con los países de Centroamérica y decidió otorgar su apoyo a los procesos de cambio social en el istmo, con lo que manifestó una clara vocación “centroamericanista”.30 Hasta entonces, México había sido activista ex post facto, es decir, su política exterior era más bien defensiva o reactiva. Sin embargo, a partir de 1979, el gobierno mexicano empezó a formular iniciativas, metas y estrategias. La nueva política exterior mexicana buscaba varios objetivos: crear una esfera de influencia en la región centroamericana, factible por la cercanía geográfica, histórica y cultural; establecer alianzas entre el gobierno de México y los grupos ubicados a la izquierda del espectro político centroamericano, en este caso los sandinistas; convertir a México en un interlocutor válido para Estados Unidos en asuntos de terceros; cumplir con la función de legitimar el sistema político mexicano por medio de una política nacionalista que diera cabida a ciertos sectores progresistas de la sociedad mexicana.

La crisis política centroamericana hizo evidente la importancia geopolítica de la región para México y la necesidad de jugar un papel activo en la solución de los conflictos. Además, dado que la relación histórica con Estados Unidos había sido tradicionalmente directa y estrictamente bilateral, se vio la necesidad de inyectar otros elementos a la relación para ampliar el marco de negociación y modificar la correlación de fuerzas.31 Por último, el cambio en la política exterior de Washington con el advenimiento al poder de Ronald Reagan en 1981, particularmente el apoyo que éste otorgó a la “contra” en Nicaragua, intensificó la situación de crisis en la región, por lo que para el gobierno mexicano resultó indispensable evitar la regionalización del conflicto, ya que éste podría poner en peligro su propia seguridad.

El objetivo estratégico del gobierno de López Portillo era garantizar la estabilidad política de la región y eliminar un foco de tensión en su frontera sur. Lo que estaba en juego eran los intereses mexicanos y Centroamérica se encontraba demasiado cerca como para permanecer indiferentes a lo que sucedía en el istmo. Por ello, la política exterior no podía limitarse a la defensa de los principios sino que debía asumir un carácter activo32 El nivel de prioridad política de Centroamérica se modificó y la región se convirtió en un tema fundamental en la agenda internacional de México por lo que, a partir de entonces, empezaron a tratarse asuntos como el tipo de gobierno en Nicaragua, la situación político-militar en El Salvador, las relaciones de Estados Unidos con el gobierno sandinista y la posibilidad de un tratado de paz para los países centroamericanos.33

La intención de favorecer el cambio político en Centroamérica condujo al gobierno mexicano a brindar respaldo diplomático y ayuda material34 al gobierno sandinista de Nicaragua, así como a entablar relaciones con los grupos revolucionarios de El Salvador y Guatemala, a los cuales apoyó de distintas maneras. Además, en vista de la agresividad de la política norteamericana, era necesario volver a defender los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos en los foros internacionales.35 Para el impulso de esta diplomacia, el presidente López Portillo convocó a un grupo de funcionarios que comprendían la trascendencia de esta coyuntura y estaban convencidos de la necesidad de respaldar la transformación de las sociedades centroamericanas.36

Tal fue el caso de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, diplomático de carrera reconocido por sus opiniones nacionalistas, quien en mayo de 1979 remplazó a Santiago Roel como titular de la Cancillería, así como de Porfirio Muñoz Ledo, quien fue nombrado representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Otro diplomático más joven, que simpatizaban abiertamente con la causa revolucionaria, fue Gustavo Iruegas, quien también desempeñó un papel destacado en la operación de la nueva política mexicana hacia Centroamérica.37

A principios de 1981, en una reunión con los embajadores mexicanos en Centroamérica y el Caribe, convocada por el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, éste explicó el sentido del viraje en la política exterior de México: se buscaba participar activamente en las cuestiones continentales y asumir la responsabilidad del gobierno mexicano frente a los países en desarrollo de la región.38 México se había propuesto adoptar una postura clara ante la coyuntura centroamericana, en el marco de la cual se definirían posiciones específicas con respecto a cada uno de los países del área. No se buscaba ejercer un liderazgo político, sino aplicar el principio de no intervención, hacer un manejo prudente de la cooperación económica y de la difusión cultural y, al mismo tiempo, manifestarse en los foros internacionales con la finalidad de influir para que esos países contaran con gobiernos con los que México pudiera desarrollar un diálogo constructivo.39 En función de este propósito, México estaba dispuesto a aceptar, e incluso a respaldar, cambios políticos y sociales en Centroamérica, en el entendido de que los procesos revolucionarios que se estaban desarrollando no tenían su origen en una conspiración del comunismo internacional, como afirmaba el gobierno estadounidense, sino en los graves rezagos sociales y la intransigencia política de los regímenes autoritarios de la región.40

Como se dijo antes, fueron dos las líneas de acción que se desprendieron de esta diplomacia activa: la ruptura de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza y la solidaridad con el gobierno sandinista. El 20 de mayo de 1979, México rompió relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, debido al ataque a los derechos humanos en Nicaragua.41 En este caso, se respetó el espíritu de la Doctrina Estrada, formulada en 1930, la cual postula que México no reconoce ni desconoce gobiernos, sino que mantiene o no relaciones con los países y los gobiernos que éstos tengan. México no estaba desconociendo al gobierno de Somoza, sino que ejerció su derecho soberano de mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, sin desconocer por ello al otro gobierno.42

Además de esta acción unilateral, López Portillo realizó una campaña de proselitismo para que el resto de los países latinoamericanos se sumaran al bloqueo diplomático en contra de Somoza y para que la OEA tomara cartas en el asunto.43 El canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa insistió en que la medida tenía el objetivo de aislar políticamente a Nicaragua y lograr que Estados Unidos dejara de apoyar a Somoza, y expresó su sorpresa porque la OEA no hubiera tomado medidas para salvaguardar los derechos humanos del pueblo nicaragüense.44 De inmediato, Somoza lamentó esta decisión, declaró que la Embajada de México en Managua se había convertido en “refugio de terroristas, asesinos y ponebombas” y afirmó que la ruptura se había decidido por influencia de Fidel Castro. Además de rechazar la acusación de genocidio, reiteró que en Nicaragua existía “una paz relativa”, por lo que él abandonaría el gobierno hasta el fin de su mandato presidencial, el primero de mayo de 1981.45

Castañeda se encargó de notificar a la Embajada de Nicaragua en México la decisión de romper relaciones diplomáticas debido a la violación masiva de los derechos humanos y a la represión indiscriminada de la Guardia Nacional en contra de la población civil de Nicaragua. Además, solicitó al gobierno de ese país que permitiera la salida del encargado de negocios, Gustavo Iruegas, del personal de la misión diplomática, así como de las personas asiladas en la Embajada de México en Managua, conforme a lo dispuesto en la Convención de Caracas; y ofreció al embajador nicaragüense, Ernesto Navarro Richardson, las facilidades para que abandonara el territorio mexicano con las garantías de seguridad correspondientes.46 Gustavo Iruegas regresó a México en el avión Quezalcóatl II, junto con el personal de la Embajada y 37 asilados a quienes se les había otorgado salvoconducto (13 hombres, 12 mujeres y 12 menores).47 En su opinión, técnicamente la Embajada hubiera podido continuar trabajando pero, políticamente, el rompimiento había sido necesario.48