AAVV - Desde la capital de la República

El pacto de julio entre la Generalitat y las organizaciones antifascistas fue deteriorándose, desbordado por la dispersión de iniciativas y los cambios que se iban produciendo. Ninguno de sus dos polos, ni el Gobierno de la Generalitat ni el Comité Central de Milicias Antifascistas, consiguieron imponerse y por ellos mismos dar respuesta firme a la evolución de la situación, y ni tan siquiera consolidarse en los propios ámbitos que se adjudicaban, sumando a la fragmentación del poder y la toma de decisiones una creciente interinidad por parte de quienes estaban, teóricamente, en la cúspide. El CCMA no consiguió imponer su autoridad en el mundo de los comités, aunque lo intentó, ni entre las columnas milicianas de las que tuvo que limitarse a ser un promotor en compañía de las organizaciones antifascistas. Y la Generalitat no pudo sacar adelante la iniciativa, promovida por Companys y el PSUC, de recuperar autoridad formando un nuevo gobierno de corte frentepopulista, con el apoyo o el acatamiento de los sindicatos, con Joan Casanovas como Conseller Primer ; no duró ni una semana en el tránsito del mes de julio al de agosto, derribado por la presión de una parte de la CNT (García Oliver) avivada por una maniobra política personal de Tarradellas. Desde comienzos de septiembre, la confirmación de que la guerra sería larga –tras el éxito del puente aéreo, servido y protegido por Hitler y Mussolini, que trasladó a la Península las tropas de África bajo el mando de Franco– dejó en evidencia que la interinidad no podría mantenerse y que era necesario un nuevo pacto político, que actualizara el improvisado en julio.

El segundo pacto tuvo dos componentes: la formación de un gobierno de la Generalitat de unidad, con Tarradellas como Conseller Primer en el que se integraban todas las organizaciones presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas, que se autodisolvía al propio tiempo; y el desarrollo por el nuevo ejecutivo de una política de recuperación de la autoridad institucional, tanto por lo que se refería al propio gobierno catalán –acatado por todas las formaciones que estaban representadas en él– como a los gobiernos municipales, con la disolución de los comités locales y la plena reposición de los ayuntamientos, con una nueva composición que ya no podía ser la surgida de las elecciones de 1934, y que fue, finalmente, la misma que existía en el Gobierno de la Generalitat. A ello se añadía la voluntad de acordar un programa de gobierno sobre las transformaciones en la estructura económica, la «nueva economía», el control del orden interno con el fin de la intensa violencia de retaguardia padecida en el verano, y la reorganización militar de las milicias y formación de un nuevo ejército, sumándole los contingentes producto de la movilización de las quintas más próximas. Esta última voluntad se concretó en el pacto previo entre la CNT, la FAI, el PSUC y la UGT, formalizado en el comité de enlace constituido por las cuatro organizaciones, asumido como programa propio por el Gobierno de la Generalitat y presentado públicamente por aquellas en el mitin de La Monumental, el 25 de octubre. Sus puntos principales eran: un compromiso sobre la política de colectivizaciones, que dejaba a salvo un segmento menor de pequeña propiedad sometida al control obrero e introducía una intervención supervisora de la Generalitat, cuyas formas y alcance habían de ser desarrolladas; la subordinación de las patrullas locales a los nuevos gobiernos municipales y del importante Cuerpo de Patrullas de Barcelona a una Junta de Seguridad Interior, integrada en la Consejería homónima; la recogida de armas largas y de guerra en la retaguardia para ser transferidas al frente; y el impulso de un Ejército Popular de Cataluña, que se coordinaría con el de la República.

El pacto de octubre fue el arranque para conseguir un punto de encuentro entre los diversos proyectos revolucionarios y una política de guerra unitaria; no obstante, su ejecución se enfrentó desde el primer momento a obstáculos múltiples: el rechazo de una parte de las bases anarquistas al compromiso sobre la colectivización; la falta de concreción sobre la reorganización económica y social del campo, donde se producían importantes enfrentamientos entre colectivistas y partidarios de la explotación familiar; la resistencia de las patrullas a someterse a la autoridad del Conseller y el mantenimiento de un contingente importante de hombres armados y organizados en comités de defensa o en organismo patrulleros; y la resistencia general a la incorporación a filas abonada por la CNT y el POUM, que seguían defendiendo un modelo miliciano y temían que fuera desbordado por una masiva incorporación de levas. En la segunda mitad de noviembre, el gobierno de unidad entró en lo que uno de sus componentes, Vidiella, del PSUC, calificó de «crisis de ejecución» y este último partido empezó a tomar la iniciativa, reclamando un cambio de gobierno que garantizara el cumplimiento del pacto de octubre.

DE DICIEMBRE DE 1936 A MAYO DE 1937. EROSIÓN IRREVERSIBLE DEL PACTO, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y ENFRENTAMIENTO ARMADO

La crisis de ejecución no consiguió resolverse. El extraño episodio de finales de noviembre que involucró a Joan Casanovas y al Director General de Seguridad, Rebertés, en una hipotética conspiración contra Companys, el gobierno de unidad y la CNT, prolongó la supervivencia del ejecutivo en crisis y facilitó a Tarradellas recuperar la iniciativa frente al PSUC, con el apoyo de la CNT. El problema de ejecución residía fundamentalmente en los comportamientos de una parte importante de esta última organización, en la que avanzaban las posiciones contrarias a la participación gubernamental y al cumplimiento del programa de octubre. No obstante, Tarradellas aprovechó que el propio PSUC estaba entonces en plena campaña contra el POUM –por sus críticas a la URSS, a los procesos de Moscú, pero también por las que hacía al pacto de octubre, en el que no había participado al haber sido excluido, contra su deseo, del comité de enlace de las organizaciones obreras– para focalizar en la exclusión del POUM del gobierno, reclamada por el PSUC, la resolución de la crisis. El PSUC cayó en la maniobra y aceptó un cambio de gobierno, en diciembre, en el que no se asumía por parte de la CNT ninguna garantía sobre la ejecución de los acuerdos por sus bases y en el que la CNT incrementaba su peso específico al asumir la Conselleria de Defensa, que pasó a manos de uno de los más fervientes defensores del modelo miliciano, Francisco Isgleas, al tiempo que mantenía el control de la de Economía, clave para interpretar el desarrollo del decreto de colectivizaciones.

El POUM podía haber sido una voz discrepante con el pacto de octubre, dentro y fuera del gobierno, y una de las «crisis de ejecución» notable había sido la tardanza por parte de Nin en la elaboración de un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, que los anarquistas habían puesto como condición para aceptar el nuevo Ejército Popular de Cataluña; a pesar de todo, no era el principal ni el más trascendente responsable de los incumplimientos. Fue el chivo expiatorio que impidió que se abordaran sus causas mayores. La división sobre la aplicación del programa de octubre se mantuvo en el seno del nuevo Gobierno de la Generalitat y aumentó fuera de él, en la calle, en las fábricas y sobre todo en el campo.

En la CNT, las federaciones locales de Barcelona, L’Hospitalet, Girona, Figueres y Sant Feliu de Guíxols y determinados sindicatos como los del transporte, la distribución, la alimentación y el de la madera, impulsaron abiertamente la colectivización integral de los sectores económicos, en nombre de una «socialización» que seguía considerándose en términos sindicales y en perjuicio de la pequeña propiedad o de los sindicatos rivales de la UGT. En el campo, el enfrentamiento a cuenta de la colectivización forzada desembocó en diversos enfrentamientos en las comarcas del Ebro, que culminó en el cruento episodio de La Fatarella a finales de enero de 1937, en el que se vio directamente involucrado –en una actuación irregular y fuera de su ámbito– el Cuerpo de Patrullas de Barcelona. Todo ello fue configurando una fronda de rebelión en medios anarquistas, cuyos diversos objetivos fueron sintetizados por una de sus figuras intelectuales, el doctor Félix Martí Ibáñez: era indispensable «dar gas a la revolución»; en Solidaridad Obrera , su director, Toryho, editorializó el 20 de enero con el inquietante título «Podríamos ganar la guerra y perder la revolución», respondiendo a las advertencias, justificadas, de Peiró sobre la precipitación anarquista en querer controlar ya toda la economía. El POUM, marginado del gobierno, se sumó a ella, por más que nunca consiguió ser acogido como un aliado por las bases de la CNT, más allá de la formación de un Frente de la Juventud Revolucionaria, integrado por las Juventudes Libertarias y la Juventud Comunista Ibérica.