AAVV - Desde la capital de la República

La confrontación se focalizó a partir de febrero de 1937 en dos cuestiones particularmente sensibles en el ejercicio del poder: la reorganización de los servicios de Seguridad Interior y la constitución del Ejército Popular de Cataluña. En ambas se llegaron a acuerdos de principio en el seno del Gobierno; y sobre los servicios de Seguridad Interior llegaron a aprobarse y publicarse, a comienzos de marzo, la serie de decretos que establecían la unificación de todos los cuerpos policiales en un Cuerpo Único de Seguridad Interior, bajo la plena autoridad y control del Conseller correspondiente, en el cual se integrarían los patrulleros cuyos colectivos quedarían disueltos, sin más. A pesar de ello, un segmento creciente de la militancia anarquista rechazó ambos acuerdos y siguió bloqueando la movilización de las levas y la plena militarización de las milicias y su subordinación al mando militar único republicano. Isgleas, finalmente, precipitó la crisis del Gobierno de la Generalitat , presentando su dimisión como Conseller de Defensa a finales de marzo; una crisis que la CNT aceptó con el objetivo de rectificar a su favor la correlación de fuerzas en el seno del ejecutivo.

Las organizaciones que integraban el gobierno de unidad desde diciembre –ERC, PSUC, UGT, CNT, FAI y Unió de Rabassaires– no fueron capaces de conseguir un nuevo compromiso sobre el desarrollo efectivo del pacto de octubre, del que todas dijeron seguir partiendo como base, y sobre todo sobre la composición del nuevo ejecutivo y el reparto en él de las consejerías. La situación se bloqueó, con Cataluña sin gobierno efectivo entre marzo y abril y la incapacidad de encontrar una salida política a la confrontación, que puso sobre el escenario la eventualidad de una salida armada. La cuestión del control de la central de la red telefónica en Cataluña –en manos de un comité absolutamente dominado por los anarquistas–, intentado por fuerzas de la Conselleria de Seguridad Interior en los primeros días de mayo desencadenó una rebelión anarquista, no propiamente de la CNT, sino de diversos sectores de ella: comités de defensa de barriada y localidad, determinadas federaciones locales contrarias a la participación gubernamental, o a los términos en que se había concretado hasta entonces, las juventudes libertarias, etc. A ella se sumaron el POUM y sus juventudes con su propuesta de asunción del poder en exclusiva por los sindicatos, la FAI y el POUM.

La rebelión, rechazada por el Comité Nacional de la CNT y los sectores de la CNT catalana más implicados en la política de colaboración gubernamental, empezando por los ministros anarquistas en el seno del Gobierno de la República, no prosperó; sin embargo, las fuerzas de seguridad del Gobierno de la Generalitat y los grupos armados de los partidos que las apoyaron enfrentándose a la rebelión, el PSUC en primer término, así como Estat Català y ERC, tampoco consiguieron sofocarla, lo que finalmente propició la intervención, a petición del propio Companys, de fuerzas enviadas desde Valencia por el Gobierno de la Republica.

DE MAYO DE 1937 A MARZO DE 1938. RECOMPOSICIÓN POLÍTICA Y ARRIBADA PLENA DE LA GUERRA A CATALUÑA

El desenlace de los enfrentamientos de mayo significó un importante retroceso político de la CNT, que ella misma agravó al negarse a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalitat, constituido al acabar el mes de junio y en el que ERC y el PSUC quedaron frente a frente. Como sucediera en diciembre, aunque existía por parte del PSUC, de los republicanos y de la dirección nacional de la CNT la convicción de la responsabilidad anarquista en la rebelión de mayo, ésta no fue reconocida oficialmente para no agravar la quiebra que se había producido en el campo antifascista; y, entonces se encontró en el POUM el chivo expiatorio sobre el que atribuir esa responsabilidad, lo que dicho partido facilitó con su imprudente comportamiento político durante los enfrentamientos de mayo, instando a apoyarse en los alzados en armas para promover un cambio de gobierno. La ilegalización del POUM no fue la consecuencia fundamental de los sucesos de mayo, sino una derivada, que culminó en el secuestro y asesinato de Nin por agentes soviéticos, actuando por propia cuenta y, a pesar de la complicidad obtenida por parte de determinados policías republicanos, sin el conocimiento del Gobierno de la República, que ya era el encabezado por Negrín. El asesinato de Nin no ilumina las consecuencias de la rebelión de mayo, de la misma manera que esta no se explica por la actuación del POUM.

La consecuencia fundamental fue la derrota de lo que había impulsado la rebelión, la heterogénea fronda anarquista, y la definitiva reafirmación de la autoridad institucional, inicialmente pactada en septiembre/octubre de 1936, que aquella fronda había impugnado y puesto en peligro. Que no se exigieran responsabilidades generales a la CNT por los sucedido evitó que esta organización sufriera un quebranto importante; solo algunos de los que en el pasado se habían destacado por sus comportamientos de violencia en la represión de la retaguardia, o en la rebelión de mayo, o los que se empeñaron –sobre todo entre las juventudes libertarias– en mantener su oposición armada, ahora forzosamente pasiva a la espera de una nueva oportunidad insurreccional, fueron objeto de represión gubernamental, que se tradujo más adelante en un trato judicial notablemente indulgente. No obstante, esos sectores que seguían contemplando el levantamiento y los que, simplemente, rechazaban la colaboración gubernamental presionaron sobre el conjunto de la CNT catalana, consiguiendo lo que no había producido su exoneración de hecho: que tras poner dificultades al mantenimiento de la CNT en el Gobierno de la Generalitat, acabaran rechazando seguir en él, con el pretexto de que Companys se había extralimitado al incluir en el nuevo ejecutivo a una persona independiente, de su confianza personal –Bosch Gimpera– en contra del criterio anarquista. Esta vez la presión anarquista no fue capaz de seguir bloqueando la situación ni desestabilizando la solución institucional y solo tuvo un efecto boomerang, dejando fuera a la CNT del ejecutivo que había de perdurar hasta el fin de la guerra. De esa decisión, abiertamente criticada por el Comité Nacional de la CNT, se arrepintió muy pronto el Comité Regional de Cataluña, que a la vuelta del verano pasó a reclamar su reincorporación al Gobierno de la Generalitat, en vano ante la oposición a ello del PSUC y de una parte de los republicanos que desconfiaban de ese retorno, entre ellos el propio Companys.

La nueva situación política quedó determinada por la relación entre ERC y el PSUC, que después de mayo pasaron a confrontar, en el debate político y en la gestión gubernamental, sus propias posiciones. El PSUC mantuvo su propuesta de revolución popular y ahora pasó a estar en condiciones de desarrollarla de manera concreta en el ámbito de las transformaciones sociales, al pasar a ocupar Comorera la Consejería de Economía que desde septiembre de 1936 habían ocupado los anarquistas; a su frente, el PSUC se dedicó a desarrollar el espíritu y la letra del pacto del decreto de colectivizaciones, impulsando la parte de intervención institucional contemplado en él, que la CNT había obviado. Por otra parte, el PSUC propuso completar el panorama de transformaciones sociales mediante la municipalización general de la vivienda y una ley reguladora de la explotación campesina que defendía la explotación familiar, aunque con límites, para evitar el surgimiento de una nueva burguesía agraria, un nuevo sistema de explotación cooperativa entre propietarios y asalariados, el carácter voluntario de las colectivizaciones, y una redistribución de la posesión de las tierras para mejorar la situación del campesinado más pobre.