AAVV - Pensar el poder

«Los afrancesados son los hijos espirituales de la Aufklärung», afirma Artola; con rara unanimidad, prosigue el mismo autor, los ilustrados de Carlos III se enrolaron bajo la bandera de José I, constituyendo el núcleo del partido que se llamaría afrancesado. 25 Participaban, pues, de ese ideario ilustrado. Algunos de ellos, políticos de máximo relieve, poseyeron una clara vocación de historiadores. Cabarrús, en sus Cartas… escritas… al señor don Gaspar de Jovellanos , publicadas en 1808, expone su moderna concepción de la historia, 26 y Juan Antonio Llorente, consejero de Estado, autor de Noticias históricas de las tres provincias vascongadas , fue nombrado por el Gobierno josefino colector general de archivos, bibliotecas, pinturas y bienes nacionales. 27 En este contexto se explica el proyecto de un archivo general.

Evidentemente tampoco era esta la primera propuesta del Gobierno josefino relativa a los archivos. Tras la segunda entrada en Madrid de José Bonaparte (enero de 1809) el rey de inmediato se ocupa en la reforma de la administración central creando los nuevos ministerios previstos en la Constitución de Bayona. Entre sus competencias y entre las personas para ellas nombradas se halla un archivero, a veces figura de especial relieve, como son los casos de Jesús Sanz de Barutell y José Marchena, adscritos a los archivos de los ministerios de Marina e Interior respectivamente. 28

No se dejó de lado la documentación de los antiguos consejos tras el decreto de supresión de 18 de agosto de 1809. Unos meses antes (6 de febrero) se habían creado las Juntas Contenciosas, encargadas de entender en los asuntos pendientes de resolución del también fenecido Consejo de Castilla. 29 Por un informe de 31 de agosto de Gaspar de Lerín Bracamonte, decano de dichas juntas, en el que expresaba las distintas opiniones entre las Juntas y los secretarios de los consejos suprimidos, conocemos que se mandó «formar un inventario raciocinado de las materias y asuntos pendientes y mantener la documentación en sus respectivos emplazamientos». 30 La misma preocupación se mostró en la recogida de los papeles de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Castilla a la muerte de su decano, Arias Mon, según decreto de 14 de febrero de 1809. 31

Reproduciendo la clasificación elaborada por Daunou, director de los Archivos Nacionales, una de cuyas secciones se dedicaba a la topografía, el 30 de noviembre de 1809 José Bonaparte decretó el establecimiento «de un depósito general de cartas geográficas, nacionales y extranjeras, que también comprenderá los planos y diseños topográficos», remitidos por los ministros de sus correspondientes departamentos. 32

No obstante este, en principio, lógico reagrupamiento de una clase de documentos choca con el artículo tercero del propio decreto, que dispone que «los planos, cartas, libros e instrumentos existentes en los actuales depósitos topográficos continuarán custodiados en los mismos parajes donde se hallan». ¿Se explicaría tan aparente disposición por la negativa de los mariscales franceses a entregar unos documentos de los que tanto dependían sus acciones militares? El artículo segundo, que ordena que los gastos de tal depósito se cargaran al presupuesto de la guerra, induce a pensar su dependencia de este ministerio. Sería una manifestación más de la doble composición y doble poder del Gobierno josefino: los afrancesados y los imperiales, apoyados por los mariscales. 33

La iniciativa del proyecto parte de José Martínez de Hervás, marqués de Almenara, ministro de Interior, 34 organismo que, entre sus múltiples competencias, derivadas del disuelto Consejo de Castilla, contaba con las relativas a los archivos. 35 El informe de Almenara, 36 una auténtica exposición de motivos, refleja palpablemente el espíritu ilustrado y la influencia francesa. Comienza afirmando el interés de los hombres por conservar su memoria y transmitirla a la posteridad. Almenara limita esta memoria a los asuntos generales: alianzas de unos pueblos contra otros, tratados de paz, convenciones y leyes de los estados, añadiendo «y todos los negocios de mayor importancia». En España, prosigue el informe, no se preservó adecuadamente esta memoria por tres causas: la diversidad de reinos, la multiplicidad de fueros y privilegios, y la ausencia de una corte fija. Sucinta pero certera explicación histórica. Influenciado sin duda por el informe de Riol, 37 pone a la misma altura las concentraciones documentales en el castillo de la Mota y el alcázar de Segovia con los grandes depósitos de Simancas, Indias, Aragón y Navarra.

Presentada la motivación histórica de pérdida y dispersión de papeles y, por tanto, la necesidad de su cuidado y reagrupación, Almenara expone el fundamento político en una frase lapidaria: «Tiempo es ya de que todas las cosas del estado conspiren a la unidad y tengan la debida relación al centro del gobierno, para que de él reciban su movimiento y energía». Difícilmente se podrá expresar con mayor claridad y contundencia («tiempo es ya») uno de los principales objetivos y dificultades de los afrancesados: la independencia y unidad de acción del Gobierno josefino. Se intuyen aquí las circunstancias políticas por las que en las fechas del proyecto atravesaba la administración de José I. El decreto se inscribe en el periodo que Artola denomina «segundo reinado de José I», 38 que comienza en febrero de 1810, después de la conquista de Andalucía, en unos momentos teóricamente favorables a José Bonaparte, pero anulados por los decretos de Napoleón de anexión de las provincias de allende el Ebro. Se rompía la unidad territorial y se minaba la independencia del Gobierno josefino. «El contexto de 1810… no hacía más que exacerbar las contradicciones entre el proyecto josefino y el napoleónico». 39 En la serie de decretos (división administrativa, reorganización departamental…) con los que el Gobierno bonapartista intentó contrarrestar la política disgregadora napoleónica encaja un proyecto de archivo con intención indudablemente nacional y unificadora.

Según señala Artola en una nota sobre las fuentes manuscritas de este periodo, 40 una de las causas de la pérdida o ausencia de documentación se debió al gobierno de las prefecturas por los mariscales, que consideraron como propios los papeles de las circunscripciones por ellos regidas. La impronta marcadamente militar que el proyecto napoleónico imponía favorecía los abusos de poder por parte de los mariscales. En esta línea la creación de un archivo central, que ejerciera el control de toda la documentación generada por los órganos gubernativos, tanto centrales como prefecturales, constituía un intento más del Gobierno josefino por liberarse de la agobiante intromisión de los mariscales.

Expuestas las motivaciones de la necesidad de un archivo general, el tercer apartado del informe de Almenara (que comienza con las palabras cuasi sacras del ideario ilustrado: «La razón y la economía persuaden…») se refiere al contenido de dicho archivo. Después de proponer que se ubicará «en la capital, en lugar capaz y aislado, libre del riesgo de incendios», va señalando los diferentes depósitos que habrá de albergar. Se limita a los archivos de los organismos administrativos, tanto de la capital 41 como de las prefecturas, estableciendo una perfecta jerarquización entre ambos: los provinciales se comportarán «como secciones o depósitos del Archivo general». De igual modo, siguiendo la tradicional organización archivística española, establece un auténtico sistema de control documental administrativo al señalar que «en los archivos de Ministerios y Tribunales quedarán sólo aquellos papeles necesarios para la expedición de los negocios». Se advierte también la herencia revolucionaria francesa de la ley de 1796 que subordinaba los archivos departamentales a los Archivos Nacionales.