Lorenzo Antonio Bonilla Ballesteros - Protección de los animales en Colombia

Por demás, el uso de vehículos de tracción animal con fines turísticos fue excepcionado en la anterior regla y su regulación históricamente dependió de las autoridades locales. Recientemente y relacionado con el contexto propio de la ciudad de Cartagena, el Consejo de Estado confirmó un plazo de seis meses para que el Ministerio de Transporte expidiese una reglamentación integral en materia de vehículos de tracción animal con fines turísticos133. Por su parte, el uso de animales para tracción en el plano rural tampoco ha sido regulado en el país.

Animales usados con fines securitarios

Este es un tema que, aun cuando Colombia es un país con serios problemas de control de orden público y de masivo uso de animales con fines securitarios, hasta ahora no había sido objeto de franca discusión pública. Y es que tanto la fuerza pública (fuerzas militares y de policía) como las empresas privadas —e incluso los grupos organizados al margen de la ley— se valen, en distintas modalidades, de miles de animales —en su mayoría caninos— para adelantar tareas relacionadas con la detección de narcóticos, explosivos u otras sustancias, o con actividades de vigilancia, intimidación o “defensa controlada”.

El único marco regulatorio de privados es el establecido por la Superintendencia de Vigilancia en 2017 para caninos134, el cual regula las certificaciones de adiestramiento, el registro de caninos, enlista las razas con “temperamento acorde” con la especialidad requerida, edades óptimas en las que el canino “presta servicio”, horas de “jornada de trabajo” (entre seis y ocho diarias), atención veterinaria y disposiciones para su retiro; se dispone que han de pasar a ser animales de compañía y requisitos para la infraestructura de las unidades caninas. Esta resolución invoca en su preámbulo a la Ley 1774 y los cinco principios de bienestar animal que esta enlista, además de disponer un artículo específico abogando por una adecuada nutrición e hidratación de los caninos (art. 28).

En el ámbito público, existen escuelas de guías y adiestramiento canino de la Policía Nacional (Esgac) y escuelas caninas de las Fuerzas Militares. Estas también certifican la especialidad de cada canino que será utilizado por los privados de acuerdo con el registro que a su vez reciben del Ministerio de Educación Nacional; y además, deben mantener una base de datos actualizada y enviarla mensualmente a la Superintendencia de Vigilancia.

Con todo, no existe una normativa que regule que la fuerza pública se valga de animales con fines securitarios o, por lo menos, no es de público acceso. Este es un problema que, en general, retrata la constante dificultad para hacer veeduría a la fuerza pública en Colombia135. A lo sumo, se ha podido encontrar un manual de adiestramiento del Ejército de 2007136, el cual, como es apenas natural por su fecha, no recoge ninguno de los principios de bienestar animal contenidos en la Ley 1774.

Pero a la ya de por sí preocupante falta de veeduría y control de empresas privadas y de la fuerza pública para el empleo de animales con fines securitarios ha de sumarse la aberrante práctica de utilización de animales con fines bélicos por parte de los grupos armados al margen de la ley en el contexto de conflicto armado en Colombia. El cargar animales con artefactos explosivos para posteriormente detonarles y generar graves daños de manera indiscriminada es muestra de algunas de las prácticas que, además de constituir infracciones al derecho internacional humanitario, representan graves casos de maltrato animal137.

El uso de animales con fines securitarios recién empieza a abrirse espacio en la agenda pública del país138. El grave riesgo al que son sometidos los animales en operaciones militares, las condiciones de vida diarias sin importar la especialidad, los métodos de entrenamiento, lugares y condiciones para su retiro, además de un efectivo y transparente control, configuran una problemática que demuestra que una efectiva regulación derivada del debate público y la observancia de estándares de bienestar animal aún quedan pendientes.

Conclusiones

En el informe de 2020 de World Animal Protection y su particular índice de protección animal (api), Colombia obtuvo el nivel “D” en una escala de la “A” a la “G”. Siendo que, de los nueve criterios, en dos alcanza estándares altos: reconocimiento como seres sintientes (A) y leyes en contra del sufrimiento animal (B). En contraste, Colombia fue evaluada desfavorablemente en los restantes ámbitos de protección de los animales: producción (E), cautiverio (F), animales de compañía (D), uso recreativo y de tiro (F), investigación científica (C) y animales silvestres (E)139. Ya que este fue editado por última vez en diciembre de 2019 y publicado en marzo de 2020, bien puede esperarse que para 2021 la clasificación encuentre a Colombia en un mejor lugar, sobre todo porque se han pasado por alto disposiciones normativas en algunos de los ámbitos de su evaluación y que aquí han sido someramente tratados.

Sin embargo, ha de aceptarse que hace falta una autoridad que concentre la tarea por la protección animal en el país, de manera que pueda articular una política y normativa unificada. Lo contrario, como se vio a lo largo de este texto, ha derivado en una serie de inconexas disposiciones normativas, decisiones jurisprudenciales encontradas y en sí, el generalizado problema de falta de aplicación de disposiciones existentes por su mero desconocimiento. En este sentido, cursa en el Congreso una iniciativa para crear un código nacional de protección y bienestar animal.

También, es importante que se armonice de una mejor manera el enfoque que se quiere dar a la protección animal en Colombia. Parece que en los últimos proyectos y disposiciones normativas se sigue una línea bienestarista que en el caso de animales de compañía es no especista, pero que en el caso de animales silvestres o involucrados en el consumo humano es fuertemente antropocéntrica. Sin embargo, la jurisprudencia parece anquilosada en una difícil línea ecologista y de fuerte bienestarismo antropocéntrico (cuando no compasivo) que explica en buena parte sus insólitas contradicciones y bochornosas autocorrecciones.

La Ley 1774 implicó un cambio de paradigma normativo para la protección jurídica de los animales en el país. Gracias a esta ley, se ha iniciado una reedición de distintas disposiciones normativas y la creación de nuevas instituciones especializadas en ámbitos como el de los delitos o las contravenciones, pero está aún lejos de haber penetrado efectivamente en el sistema jurídico y en la conciencia jurídica de los diferentes agentes institucionales y civiles del país.

Así, el tipo de maltrato animal aún carece de efectiva aplicación; los delitos relativos a la caza, la pesca o la experimentación ilegal con especies presentan deficiencias de redacción y han tenido una prácticamente nula aplicación; y el delito de tráfico de animales silvestres, pese a haber sido recientemente modificado por el Congreso ampliando su rango de protección como para desligarse de la mera protección del medio ambiente, fue nuevamente limitado por una debatible decisión de la Corte Suprema de Justicia. Las contravenciones policivas, por su parte, incluyeron un novedoso capítulo relativo a la relación con los animales y constituyen un importante avance, pero aún tienen mucho margen de mejora como, por ejemplo, en asuntos de técnica legislativa y de razas de caninos consideradas potencialmente peligrosas.

Por su parte, presentan un grave déficit de regulación los ámbitos de la pesca, la caza (no delictuales), la experimentación y el uso de animales con fines securitarios. En la mayoría, persisten regulaciones previas a la Ley 1774 que, notoriamente, no concibieron el bienestar animal dentro de sus parámetros y que dada su masividad (sobre todo en la pesca y asuntos securitarios) han de ser prioridad en las entrantes agendas legislativas.