Ricard Pérez Casado - La Unión Europea

Los efectos del llamado Brexit se desconocen en sus dimensiones exactas, tanto en lo que se refiere al propio Reino Unido como en lo que concierne a sus repercusiones en el resto de los estados miembros, en cada uno de los socios y en el conjunto de ellos.

Los resultados del referéndum de 2016 dibujan un mapa complejo en el propio seno del Estado que abandona, que se desconecta. Las llamadas devolved nations : Escocia, Gales e Irlanda del Norte, no coinciden con los objetivos del Gobierno británico, comprometido a invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión y emprender el largo camino de la negociación de las condiciones para la desconexión con la Unión Europea. Subyacen las propuestas de estos tres elementos que conforman el actual Reino Unido y que por razones diversas prefieren su permanencia en las estructuras institucionales europeas; en primer lugar por su relación con el mercado único, en segundo lugar por el crecimiento de sus aspiraciones nacionalistas, con la aspiración final de Escocia de tener un Estado propio, lo que obtuvo un significativo resultado en el referéndum pactado con Londres en 2015; de la misma manera que la singularidad de Irlanda del Norte, en pleno proceso de paz, encuentra lógica su pertenencia a la Unión Europea a la vista de los resultados obtenidos por sus compatriotas de la República de Irlanda. Y finalmente Gales, sometida a la desindustrialización y el sostenimiento de una economía agraria que comprueba los efectos beneficiosos de las transferencias de los Fondos Estructurales europeos sobre su bienestar.

De confirmarse la propuesta del libro blanco del Gobierno de May, podría renovarse el conflicto del Úlster, una consecuencia nada inverosímil, lo que significaría la trascendencia de los efectos de la decisión británica en el propio Reino Unido y, por supuesto, en el conjunto de la UE.

Otro tanto ocurre con las grandes ciudades, Londres en particular, y las actividades económicas que se desarrollan en ella, por ejemplo, y no es el único, respecto a las transacciones financieras internacionales y, en especial, a las plazas económicas continentales.

El inesperado resultado del Brexit puede conducir al Reino Unido a una crisis institucional sin precedentes, o lo que es lo mismo, al establecimiento como mínimo de nuevas relaciones entre sus componentes históricos. La «doctrina» de las instituciones de la Unión Europea hasta ahora ha sido inflexible: se trata de asuntos internos, incluso constitucionales básicos, de los estados miembros, al menos en lo que se refiere al Consejo Europeo, a la Comisión y a sus órganos dependientes. No así en lo que concierne al Parlamento o a los órganos consultivos, como el Comité de las Regiones, ya que existe cierta inquietud por parte de los estados que tienen en su seno problemas derivados del reconocimiento de las naciones sin estado o amplias reivindicaciones autonomistas que llegan incluso a proponer la secesión, sin cuestionar por ello la necesidad de su integración en el espacio institucional de la Unión Europea.

La evolución futura de estas reivindicaciones es, sin duda alguna, uno de los retos que deberá afrontar la UE en los próximos años. Además de las devolved nations británicas, están planteadas, en diversos grados, las reivindicaciones de Catalunya y la dificultad experimentada en Bélgica ante su larga interinidad gubernamental y las consecuencias del establecimiento de un estado federal complejo en el propio corazón de la sede de las instituciones europeas. Hay antecedentes que el realismo de los gestores de la UE logró encajar: la reunificación alemana de 1991, con la inclusión de un nuevo estado, la República Democrática de Alemania, o la pacífica secesión entre Chequia y Eslovaquia; en ambos casos, con la ruptura de la doctrina de la continuidad de los estados. Esto seguramente se extenderá a elementos como el reconocimiento de Kosovo, o el pleito griego con Macedonia.

Sin embargo, y antes de pasar a otros retos, el que acaso recorra el conjunto europeo con mayor incidencia es el de la desafección de la ciudadanía. Toda la arquitectura institucional, política y económica, es percibida como algo lejano y ajeno a la ciudadanía. Ni siquiera el enorme paso de la elección directa, por sufragio universal y secreto, del Parlamento Europeo ha animado a la ciudadanía a interesarse con detalle y profundidad por las instituciones de la UE.

A lo sumo se perciben algunas ventajas, en especial en aquellos ámbitos territoriales en los que el flujo de recursos mediante los Fondos Estructurales se traduce en elementos tangibles para sectores de la población o territorios.

La desafección ha tenido, entre otras causas, una creciente reestatalización de las políticas europeas, y un deseo nada oculto de establecer el balance positivo en la cuenta de la gestión de los representantes estatales en las instituciones de la UE. Resulta anecdótico y a la vez significativo que en los carteles que anuncian tal o cual obra, infraestructura o programa, figure de modo discreto el anagrama del Fondo Europeo correspondiente sobre el azul de la bandera de las estrellas, y que el elemento destacable sea siempre el del Gobierno o región del Estado miembro.

La pedagogía democrática está ausente respecto a los valores estatales que se vienen a considerar inmutables, pues en la práctica, como veremos más adelante, su papel es decreciente, y todavía lo será más. Los valores de paz, seguridad, libertad y prosperidad compartida, junto con los de respeto y protección de las minorías, de los refugiados, de los inmigrantes, no forman parte del acervo común, propiedad de la ciudadanía.

De este modo, la percepción ciudadana de las instituciones de la UE en el mejor de los casos se circunscribe a la recepción de subvenciones, a la mejora de las infraestructuras, o a la libertad más o menos restringida de circulación de las personas, así como al pago liberador del euro, y no en todos los estados miembros.

Desde luego la desafección ciudadana no concierne tan solo a las instituciones de la UE. Debido a las crisis, de la política como instrumento para la solución de los conflictos humanos, y de la democracia como elemento constitutivo de la organización política, estas han sufrido y sufren, con mayor intensidad, ataques directos a sus valores y principios básicos. La presencia de la historia y el olvido de las consecuencias devastadoras de las crisis económicas y políticas, a las que aludiremos más adelante, conforman un horizonte poco esperanzador. La amenaza de involución, con medios de comunicación más eficaces que en el pasado, es más cierta que nunca no solo en los estados miembros de la UE, sino acaso y por primera vez a escala global.

La paciente reconstrucción de las relaciones entre los enemigos de ayer mismo en España, consecuencias de la Guerra Civil, o en toda Europa, con el choque entre las democracias y el fascismo y, más tarde, con el totalitarismo estalinista, fue obra tanto de los intereses como de las convicciones, en ambos casos extensamente compartidos por la ciudadanía. El horror del pasado inmediato, la necesidad de cubrir la brecha abierta por la desigualdad y la aspiración a la prosperidad en libertad actuaron de modo conjunto para obtener resultados plasmados en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, primero, y a partir del salto adelante de Maastricht en 1992, para sentar las bases constitucionales e institucionales de lo que hoy conocemos como UE.

Si la primera fase de la recuperación continental fue tildada por la izquierda no socialdemócrata de «Europa de los mercaderes», con la extrema derecha acallada por los efectos del fascismo, la última, sobre todo a partir del fracaso constitucional de 2004 (Tratado para una Constitución europea, no se olvide), podría ser calificada de la resurrección de los intereses estatales, de las minorías económicas y sociales que ejercen su poder por encima de los propios gobiernos representativos. En especial cuando la crisis sistémica de 2008 dejó sentir sus efectos letales sobre los pilares fundamentales de la propia UE: el bienestar compartido, la seguridad del empleo y los servicios sociales, la solidaridad interterritorial, la aplicación efectiva de los valores ampliamente compartidos respecto a los flujos de refugiados e inmigrantes, o el desarrollo y la aplicación de las políticas efectivas de igualdad de género en todos sus aspectos, personales, como el matrimonio y la reproducción, o salariales.