Andrés Sánchez Padilla - Enemigos íntimos

Con una guerra en Cuba que no tenía un final a la vista, una comisión de arbitraje apartaba las molestas reclamaciones norteamericanas de la agenda inmediata del gobierno español y retrasaba el abono de las mismas en un momento en que la hacienda pública sufría la pérdida de los sobrantes de Ultramar. Asimismo, el acuerdo de febrero de 1871 removió temporalmente los problemas de interpretación del artículo séptimo del Tratado de San Lorenzo.

Sin embargo, los problemas resurgieron durante la Primera República. Ante la ausencia de avances en la cuestión de la abolición de la esclavitud, Sickles decidió priorizar la cuestión de los embargos de propiedades de ciudadanos norteamericanos en Cuba 91. Si bien los casos de los ciudadanos estadounidenses cuya nacionalidad disputaba el gobierno español seguían siendo remitidos rutinariamente a la Comisión de Washington, el gobierno estadounidense denunciaba ahora que las autoridades coloniales, a través del Consejo Administrativo de Bienes Embargados, habían utilizado la persecución de posibles infidentes 92en la Isla para expropiar valiosas propiedades de particulares norteamericanos, y que dichas propiedades habían sido adquiridas posteriormente por funcionarios españoles después de procesos irregulares de subasta 93.

En respuesta a las demandas estadounidenses, el gobierno Pi y Margall (9-VI-1873/18-VII-1873) promulgó una medida sin precedentes: el Decreto de 12 de julio de 1873 94. Originalmente, el decreto no afectaba a las propiedades extranjeras, pero gracias a la presión de Sickles los efectos de la medida se extendieron a todos los residentes foráneos 95. Aunque la República ya había aceptado oficialmente la vigencia en Cuba del artículo séptimo del Tratado de 1795, con este decreto el gobierno español iba más lejos que ninguno de sus antecesores al ordenar la devolución de todas las propiedades embargadas a súbditos extranjeros en la isla de Cuba 96. Se desconocen las razones de la decisión, aunque no es descartable que los gobernantes republicanos estuviesen tratando de probar sus buenas intenciones en Cuba 97.

Sin embargo, la oposición de la administración colonial impidió la publicación inmediata del decreto en La Habana y, por tanto, su ejecución. El gobierno Pi y Margall cayó seis días después de aprobar la medida, y el nuevo ejecutivo presidido por Nicolás Salmerón (18-VII-1873/7-IX-1873) fue desbordado por la insurrección cantonal 98. En ese momento, las dimensiones del conflicto interno en España amenazaban con provocar una intervención europea para restaurar el orden en la Península 99.

La satisfacción inicial de Sickles dio paso a una profunda decepción con la República 100:

A Congress, with full powers, has been sitting for nearly four months, especially charged with the duty of dealing with the causes of no less than three civil wars that now afflict the Spanish dominions. The Carlist war is sustained by the priest-hood, and while the separation of Church and State has always been a dogma of the Republican party in Spain, the Church establishment still remains a dependency of the Commonwealth. The war of the Cantons is made by certain ultra partizans of a federal form of government; and although the Córtes declared, on the first day that body was organized, early in June last, that the form of the Republic was federal, all the public powers, without exception, are in the hands of the Executive at Madrid, as much so as in the time of Ferdinand the Seventh. The war in Cuba is a protest against the unqualified despotism which has for centuries oppressed that Island. The Republican party of Spain stood pledged to the abolition of slavery and the right of the people to a legitimate voice in their own self-government. No reform has been seriously begun in Cuba. To-day, the same as heretofore, the Captain General disposes as he pleases of the property, lives and rights of the inhabitants, and is not restrained in his authority by any order, decree or law of the Government at Madrid.

In a dispatch dated May 17th last, Nº 600, I expressed the fear that the republican movement in Spain, like other similar attempts at revolution which had preceded it, would be merely a superficial disturbance and end in giving new names to old abuses. And so it is […]. If this policy does not provoke a new and real revolution, it may end in a restoration of the monarchy 101.

Sin embargo, bajo el gobierno presidido por Emilio Castelar (7-IX-1873/3-I-1874) se produjeron avances espectaculares en la protección de los intereses estadounidenses, si bien no sobrevivirían a la caída del régimen. El último gobierno republicano gozó de mayor estabilidad que sus antecesores gracias a la concesión de poderes extraordinarios por parte de las Cortes, pero inicialmente no prestó mucha atención a las demandas de los Estados Unidos 102. Sólo cuando el jefe de misión estadounidense pudo desembarazarse del ministro de Estado, José Carvajal –poco favorable a acceder a las peticiones norteamericanas–, y tratar directamente con el presidente de la República, se obtuvieron resultados 103. Gracias a la cercanía entre Castelar y Sickles, no sólo se publicó en noviembre en La Habana el Decreto del 12 de julio, sino que también se abolieron los poderes extraordinarios del capitán general de Cuba 104.

En ese momento estalló la crisis del Virginius . Este litigio es el episodio más conocido de la relación bilateral antes de 1898, en parte debido a que se convirtió en el mayor ataque español a los intereses norteamericanos en Cuba. Por estas razones, los historiadores de ambos países le han dedicado una enorme atención, hasta el punto de ensombrecer el resto de la agenda bilateral. Pero en un primer momento ni las autoridades norteamericanas ni las españolas le dieron más importancia que a otros incidentes habituales en torno a las aguas de Cuba.

El Virginius era una embarcación de los insurgentes cubanos que utilizaba la bandera estadounidense para transportar tropas y pertrechos entre la Isla y los Estados Unidos desde 1870. El 30 de octubre de 1873, las fuerzas españolas la capturaron y enviaron a los prisioneros a Santiago de Cuba. Toda la tripulación — compuesta de cubanos, norteamericanos y británicos— fue rápidamente condenada a muerte. Las autoridades coloniales, plenamente conscientes de la nacionalidad de los prisioneros y deseosas de castigar ejemplarmente la supuesta ayuda encubierta de los Estados Unidos a los rebeldes cubanos, empezaron a ejecutar las sentencias inmediatamente. No se detuvieron hasta que fuerzas de la Royal Navy se situaron delante del puerto de Santiago el 8 de noviembre y amenazaron con bombardear la ciudad si no terminaba la carnicería. Para entonces, 53 prisioneros habían sido ejecutados, la gran mayoría de ellos norteamericanos.

Sólo cuando en Washington tuvieron información detallada del número de ciudadanos norteamericanos fusilados en Santiago de Cuba, se hizo evidente la gravedad de la crisis. El gobierno norteamericano exigió una satisfacción económica para los familiares de las víctimas y, sobre todo, la devolución de la embarcación capturada. Pero el gobierno de Madrid se encontró con muchos problemas para obligar a las autoridades coloniales a entregar el buque debido a la oposición abierta del partido español , dispuesto a ir a la guerra.

Las conversaciones tampoco avanzaron en Madrid debido a la posición agresiva de Sickles, igualmente partidario de una resolución bélica. Finalmente, el secretario de Estado estadounidense y el ministro español en Washington llegaron a un compromiso en diciembre por el cual España se comprometía a desembolsar una indemnización y a entregar temporalmente el Virginius a los Estados Unidos mientras se resolvía la cuestión de su bandera. Los problemas de España para desembolsar esa indemnización durante los años siguientes se sumaron a los demás litigios pendientes de resolución 105.