Andrés Sánchez Padilla - Enemigos íntimos

Motivado en parte por la necesidad de probar la sinceridad de sus intenciones para asegurar la mediación de Washington, en diciembre de 1872 el gobierno Ruiz Zorrilla presentó a las Cortes un proyecto de abolición inmediata de la esclavitud en Puerto Rico 75. Aunque la influencia de los abolicionistas españoles en pro de la legislación fuese decisiva, parece que la presión diplomática de Sickles tampoco fue desdeñable. De hecho, el diplomático norteamericano no dudó en interpretar la medida como el primer paso para la emancipación de los esclavos cubanos 76.

Sin embargo, la colaboración entre Sickles y el gobierno radical no llegó muy lejos. Como es sabido, la abdicación del rey Amadeo I el 11 de febrero de 1873 llevó a la proclamación inmediata de la República por parte de las Cortes, reunidas en Asamblea Nacional. Washington reconoció inmediatamente a la República, un movimiento que sólo sería imitado en Europa por la Confederación Helvética 77. Entre otras exhibiciones públicas de apoyo, en Barcelona el Escuadrón de los Estados Unidos saludó públicamente al primer presidente republicano, Estanislao Figueras 78. Por su parte, Sickles, que se había mostrado partidario del establecimiento de la República desde el principio de su misión 79, propuso elevar la Legación estadounidense en España al rango de Embajada 80. Aunque el nuevo régimen no reanudó las conversaciones acerca de la posible mediación de Washington, el ministro de los Estados Unidos estaba convencido de que los republicanos acabarían con la esclavitud en Cuba sin necesidad de nuevas presiones. Asimismo, confiaba en que los nuevos gobernantes otorgarían la independencia, o al menos la autonomía política, a la Isla 81.

Las nuevas autoridades agradecieron el apoyo a la República y procuraron fomentar las buenas relaciones con los Estados Unidos 82. Incluso llegaron a solicitar los buenos oficios del presidente Grant para negociar un tratado de paz definitivo con Chile y las repúblicas aliadas del Pacífico 83. Sin embargo, ni se abolió la esclavitud en Cuba, ni se reformó el gobierno colonial.

Los gobiernos republicanos nunca consideraron que la abolición de la esclavitud en Cuba fuera una prioridad. Ciertamente, las nuevas autoridades no tuvieron más control sobre la Gran Antilla del que disfrutaron los gobiernos de Amadeo I: tanto las autoridades coloniales como el partido español eran hostiles al nuevo régimen republicano precisamente por sus propuestas abolicionistas 84. Pero la principal razón del desinterés republicano en Cuba estuvo en la turbulencia política reinante en la Península.

La Primera República se enfrentó a un formidable doble conflicto interior que ocupó toda su atención: a la insurrección carlista que había estallado en el norte de la Península en 1872 se unió una rebelión cantonal en Andalucía y Levante a partir del verano de 1873. El desacuerdo sobre cómo sofocar ambos conflictos provocó la fragmentación progresiva del propio Partido Republicano Democrático Federal. En ese contexto, la abolición de la esclavitud en Cuba simplemente no encontró espacio entre las preocupaciones de los gobernantes republicanos. La caída de la República en enero de 1874, y el final de la misión de Sickles pocas semanas después, hicieron desaparecer definitivamente la abolición de la agenda bilateral 85.

La protección de los intereses norteamericanos

Desde mediados de 1870, el principal interés del Departamento de Estado consistió en reducir los abusos españoles sobre los intereses estadounidenses en la Isla. Los Estados Unidos interpretaron desde el primer momento que la vigencia del artículo séptimo del Tratado de Amistad, Límites y Navegación (o Tratado de San Lorenzo) de 27 de octubre de 1795 –que otorgaba todas las garantías judiciales ordinarias a los súbditos norteamericanos en territorio español– se extendía a las colonias españolas de Ultramar 86. España rechazó inicialmente esa interpretación, pero pronto se vio obligada a aceptarla en la práctica.

El principal obstáculo para que los gobiernos revolucionarios satisficiesen las demandas estadounidenses era la fragilidad de su control sobre las autoridades de la Isla de Cuba. Desde el comienzo de la insurrección la lealtad de las instituciones coloniales a los gobiernos revolucionarios de la Península había sido muy endeble. Esta insubordinación de baja intensidad fue posible debido a las dificultades de comunicación y transporte entre la Península y las Antillas.

En la práctica, las autoridades coloniales actuaban por su cuenta. Los gobiernos de Madrid se veían obligados a refrendar sus acciones a posteriori y tolerar que se incumpliesen sus órdenes en la Isla. La debilidad del Estado español en Ultramar se manifestaba con toda su crudeza en medio de una insurrección colonial que había estallado mientras se desarrollaba un dramático cambio de régimen en la Península.

La administración colonial funcionaba al servicio de la elite peninsular en las Antillas. Esta coalición de diferentes grupos sociales, conocida en la época como el partido español , estaba dirigida políticamente desde el Casino Español de La Habana. Extremadamente conservador, el partido español temía que el cambio de régimen pudiera poner en peligro el statu quo colonial del que se beneficiaba. El instrumento a través del que ejercía su control sobre las autoridades coloniales era la Real Orden de 28 de mayo de 1825 que otorgaba poderes extraordinarios al capitán general de Cuba. Como descubrían los referidos capitanes generales al llegar a la Isla, esos poderes extraordinarios sólo podían ejercerse con la anuencia de la elite peninsular. Llegado el caso, los Cuerpos de Voluntarios, milicia armada que no respondía ante nadie, eran capaces de deponer violentamente a cualquier autoridad nombrada por Madrid que actuase en contra de los intereses del partido español en Cuba 87.

Por estas razones, no es sorprendente que los Estados Unidos tardaran más de dos años en obtener una respuesta de las autoridades españolas sobre las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses afectados por la represión militar 88. El principal punto de discusión entre ambos gobiernos era la ciudadanía de los reclamantes: la mayoría de ellos eran cubanos naturalizados como estadounidenses, en algunos casos de manera notoriamente irregular. España argumentaba que esos casos no podían discutirse por la vía diplomática porque los reclamantes no eran realmente súbditos norteamericanos, sino cubanos desleales que habían “comprado” su nacionalidad para blindar sus bienes y personas de la justicia española. Los Estados Unidos, por su parte, consideraban irrelevante si los norteamericanos que pedían la protección de su gobierno eran naturalizados o nativos porque se negaban a distinguir a sus ciudadanos en el exterior en función de su origen.

Ante la resistencia española, Washington terminó por ceder. En noviembre de 1870, Sickles propuso apartar todas las reclamaciones estadounidenses de la discusión diplomática mediante la creación de una comisión bilateral de arbitraje que resolviese todos los casos pendientes. Los ministros de Estado Práxedes Mateo-Sagasta (9-I-1870/27-XII-1870) y Cristino Martos (4-I-1871/24-VII-1871) aceptaron la proposición norteamericana y negociaron los términos con Sickles 89.

A diferencia de otras comisiones internacionales, el principal obstáculo de la Comisión de Washington no residió en el carácter –final o no– de las resoluciones, sino en la cuantía de los gastos generados por la misma. Finalmente, el segundo gobierno de Francisco Serrano, duque de la Torre (4-I-1871/24-VII-1871), acabó aceptando las demandas de los Estados Unidos. Mediante el acuerdo bilateral del 11 de febrero de 1871, el gobierno español se comprometió a sostener todos los gastos que generase la comisión, así como a abonar las reclamaciones favorables que fallasen los árbitros una vez terminase su labor 90.