Adrián Acosta Silva - Educación - estrategias para la recuperación

Si bien no dependieron por completo del Modelo educativo para la educación obligatoria: educar para la libertad y la creatividad, impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), retomaron varias de sus premisas para promover nuevos planes de estudio y tramas curriculares (sep, 2017). El discurso de los dirigentes privilegió una visión laica y científica para el desarrollo del currículo con un rechazo claro a la perspectiva metafísica que impulsó el gobierno de amlo; desechó los libros de texto elaborados en el gobierno anterior, cargados de cánones morales y culto a la personalidad de los héroes como resonancia de la personalidad del entonces presidente. En una alocución en 2025, el secretario de Educación Pública expresó que La cartilla moral de Alfonso Reyes era una pieza de la literatura nacional de gran trascendencia, mas no debería constituirse en una orientación ética obligatoria. No mencionó la Guía ética para la transformación de México, pero con discreción la colocó en el cesto de documentos olvidables.

Se apoyaron en la inmensa cantidad de conocimiento que investigadores de la educación y de otros campos construyeron durante la pandemia e incorporaron uno más intenso de las tecnologías de la información y la comunicación e innovaciones de educación virtual. También retomaron acuerdos con la ocde; México regresó a las pruebas pisa y otras más del repertorio de esa organización. Postularon que evaluar es proporcionar información fiable de los resultados de la educación, lo cual mostraba congruencia con los principios de rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno.

Si bien provocaban rechazo y hasta oposición militante, la sep retomó “ideas viajeras” planteadas por los organismos multilaterales conforme a premisas del Movimiento de Reforma Educativa Global (germ, por sus siglas en inglés; Hargreaves 2015; Sahlberg 2015), como una descentralización administrativa y de gobierno. Al mismo tiempo, se mantenían centralizados el diseño del currículo, la elaboración de libros de texto, el sistema nacional de evaluación y el sistema de información y gestión educativa. La oposición se contrajo al final del sexenio porque el gobierno canalizó recursos financieros crecientes al sector educativo y porque, a la par, el presidente y su funcionariado alababan al magisterio, mejoraron sus ingresos y el apoyo a las escuelas normales fue patente.

Además, en el Congreso, el nuevo grupo dirigente —aunque no era hegemónico— pudo abrogar las dos ordenanzas del sector educativo emblemáticas de la Cuarta Transformación: la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación. Si bien hubo controversias agudas y oposición constante de los grupos sindicales y de muchos docentes de base, al final del sexenio 2024-2030 se había minado buena parte de la resistencia a la modernización del sector educativo gracias a que la alianza gobernante utilizó herramientas políticas e institucionales para contender con las diferentes corrientes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Un equipo de políticos experimentados y tecnócratas competentes, liderado por el secretario de Educación Pública, desplegó negociaciones con las facciones del sindicato. En la parte laboral accedió a ciertas demandas del magisterio, como modificar por completo el estatuto de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), incluso cambió de nombre y se unió con lo que se denominó el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero no concedió a los líderes sindicales su demanda principal: cogobernar en los sistemas de incentivos o pago por méritos. Al contrario, conforme al espíritu neoliberal —con el que se identificaba el alto funcionariado, pero mantenía discreto en la retórica— el equipo de la sep instituyó mecanismos precisos de transparencia y rendición de cuentas.

Aunque pareció extraño a los observadores, según encuestas levantadas entre los maestros, la mayoría aprobaba las medidas que impulsaba el gobierno. La claridad en la exposición de motivos, instrumentos más sencillos —o menos complicados— con apoyo de tecnologías que la mayoría de los docentes ya manejaba y, sobre todo, la transparencia en la publicación de los resultados de las pruebas, le proporcionaban credibilidad. Por ejemplo, cada solicitante de estímulo horizontal o concursante para promoción a puestos de dirección o supervisión conocía su puntaje y estimación de su desempeño segundos después de concluir con el ejercicio. El nuevo inee no tenía autonomía constitucional porque no se reformó el artículo 3º, mas su junta directiva disfrutaba de grados de potestad técnica e independencia política.

Donde hubo más debates teóricos y controversias políticas fue en la definición de las pautas curriculares. Mientras la sep naturalizaba algunos de los propósitos del germ o modelo internacional de reforma educativa, como lo denominó Jason Beech (2008), muchos maestros y dirigentes sindicales se oponían. En cierta forma, atentaba contra tradiciones y prácticas pedagógicas bien arraigadas. Incluso, los antagonistas más radicales acusaban que querían resucitar el modelo educativo que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dados los avances en reglas claras, limpieza en la comunicación de los resultados de desempeño de docentes y alumnos y, sobre todo, por la mejoría en ingresos y apoyo tangible al normalismo, las propuestas modernizadoras de la sep también tenían defensores entre el magisterio. Tal política se consolidó a mediados del sexenio 2030-2036, cuando —a partir de 2027— la coalición gobernante repitió triunfos en congresos y gubernaturas y luego en la presidencia de la república.

La puesta en práctica de las plantillas curriculares exigía un esfuerzo considerable para los docentes. Si bien en teoría parecían adecuadas las consignas de que los docentes mejoraran sus habilidades de comunicación, fueran más creativos y flexibles, experimentaran con métodos de solución de problemas y adquirieran destrezas para trabajar en grupos —que elevaba la importancia de los consejos técnicos escolares—, ponerlas en ejercicio significaba una mudanza radical en la práctica docente. La vieja consigna modernista de aprender a aprender motivó más arengas que aplicaciones metódicas.

Con todo, tras lustros de brega y continuidad en la política de modernización y con el debilitamiento de las corrientes del snte a partir de 2031, el nuevo presidente emprendió una cruzada para cumplir una promesa de campaña: dignificar la profesión docente. Con base en el discurso de transparencia, rendición de cuentas y en la legislación laboral asociada al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el T-mec, el presidente argumentó que cada docente debería conducir su trayectoria profesional, que no necesitaba que otros —en referencia a los cabecillas de las facciones del snte— determinaran su derrotero. Abogó por un sindicalismo libre, no corporativo y mediante una tecnología del poder que utilizaba lo mismo pertrechos políticos que normas burocráticas, decretó que, a partir de febrero de 2031, el gobierno dejaría de retener el 1% del salario de los maestros para entregarlo al sindicato. Fue la puntilla a la afiliación obligatoria.

Esa maniobra causó malestar en los liderazgos y también en segmentos veteranos del magisterio, los cuales, sin los recursos abundantes que estaban acostumbrados a manejar los cabecillas, no pudieron maquinar una oposición vigorosa. Perdieron sus cuotas de poder. Para comienzos de 2035 proliferaban asociaciones, federaciones, sindicatos y otras organizaciones magisteriales sin apoyo gubernamental. Empero, la mayoría del magisterio optó por no pertenecer a ninguno. El espíritu individualista de la profesión comenzó a florecer.